Deslegitimar al Estado y legitimar a las FARC

El diseño del proceso de La Habana se sostiene en un presupuesto que el gobierno Santos no acepta públicamente pero que los hechos demuestran: la firma del llamado “Acuerdo de terminación del conflicto” requiere legitimar a las FARC como organización política y deslegitimar al Estado. Es  consecuencia de un proceso que parte de reconocer justas causas para la existencia de la guerrilla y el empleo de la violencia. No gratuitamente el camarada Iván Márquez insiste en que en últimas la responsabilidad de las “víctimas del conflicto” está en el Estado.

La cuestión es muy sencilla. Un acuerdo que permita la transformación de las FARC en un partido político necesita del cambio de la percepción ciudadana respecto al grupo, además de la reivindicación individual y colectiva ante la historia. No es lo mismo matar con el fin de vivir mejor, que matar por cualquier otra motivación, pensarían entusiastas legitimadores del crimen.

Legitimar 60 años de atrocidades es más importante a los ojos de Timochenko y Catatumbo que no cumplir penas de cárcel. Pero eso no se puede hacer si no se transfiere la responsabilidad al enemigo. Otro tiene que llevar la carga de la violencia, al fin y al cabo, según la narrativa fariana la guerrilla existe no por la decisión de hacer la revolución sino por la existencia de un Estado opresor, lo que es igual a decir que atacan a la población, secuestran y asesinan por imposición del enemigo de clase.

En ese propósito se explica que las FARC no se reconozcan como victimarios y asignen las víctimas al “conflicto armado”. ¡Que lo pretendan es obvio, pero que lo avale el gobierno es absurdo!  

En esa misma línea está la alusión permanente de los delegados de la guerrilla en La Habana a la doctrina militar, la organización de las Fuerzas Militares, las AUC, los partidos tradicionales, los ganaderos, los empresarios del campo, las multinacionales y el gobierno estadounidense. Todos, piensan en las FARC, son los verdaderos responsables de la violencia desplegada por Marulanda, Cano y Timochenko.

Pero deslegitimar a las instituciones estatales no solo tiene lugar a los largo del proceso de negociación, también se extenderá a la aplicación de los acuerdos a los que se llegue. Si no se actúa con prudencia, varios mecanismos se articularan en ese propósito. El primero de ellos, la propuesta impuesta por las FARC a Santos, es la comisión de revisión histórica sobre las causas del conflicto. Se dedicará a reescribir y reinterpretar los acontecimientos y a ser la piedra angular de la justificación de la violencia.

La segunda es la comisión de la verdad. Un mecanismo extrajudicial con el cual se busca conocer la verdad general del “conflicto”, pero que será donde se construya la narrativa de la violencia. A las FARC es indispensable no la verdad, sino su verdad, la que los muestre vestidos de víctimas y no de victimarios; la que ratifique el mitológico relato que dibuja a 42 campesinos obligados a tomar las armas y que según Jacobo Arenas eran “labriegos que querían vivir en paz con sus mujeres e hijos. Pero ante la agresión tuvieron que levantarse para defenderse y entonces se convirtieron, ahí sí, en guerrilla al mando de Manuel Marulanda Vélez”.

El tercer mecanismo se desprende del marco jurídico para la paz. La posibilidad de que “menos responsables” no paguen cárcel y les baste contribuir con la “verdad” y la reparación como pasaportes a ese beneficio, pondrá a los interesados a decir hasta misa. Las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos contra superiores en la jerarquía militar, los máximos responsables, pulularán en orden a conseguir impunidad a cambio de destruir la institución militar y deslegitimarla. Al final dirán que se demostró que el Estado era terrorista y que los miembros de las FARC las víctimas.

La verdad no puede ser la de los victimarios, es la de las víctimas. La historia no puede escribirse con la mano izquierda ni solo con la derecha, ni orientada a justificar a las FARC o quitar relevancia criminal a los paramilitares o asignarles toda la responsabilidad en el propósito de exculpar a las guerrillas. La verdad es una. El Estado tiene que asumir las barbaridades perpetrados por sus agentes, pero las FARC no pueden seguir escondiéndose en el “conflicto” o pretendiendo ser víctimas, cuando son los principales victimarios.

Esa “verdad oficial” que se pretende no es aceptable. Menos cuando de ella se desprenden consecuencias en el plano judicial, en los derechos de las víctimas y en la razón de tanta atrocidad. En una democracia no puede haber una “verdad oficial” resultado de un acuerdo entre un gobierno y un grupo terrorista. Lo “oficial”, que es sinónimo de único, existe pero en los regímenes totalitarios, no en un modelo liberal; se impone en las revoluciones comunistas, no en las democracias. 

Es claro que los camaradas necesitan presentarse a las urnas con el  argumento histórico de que estuvieron en la violencia porque no hubo alternativa, evadiendo lo que realmente fueron desde el primer momento, un aparato armado creado por el Partido Comunista de Colombia destinado a hacer la revolución a sangre y fuego. Exorcizar el crimen y justificar lo injustificable no puede ser el precio de la paz.