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Opinión

  • | 2014/09/27 00:00

    La transición posible

    Si bien muchos aspectos de los textos de los acuerdos en La Habana ya están contemplados en la Constitución, es interesante el espíritu que ronda todo el texto.

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Muy interesante el texto completo de los acuerdos (y desacuerdos) a los que se ha llegado hasta ahora en La Habana entre el gobierno y las FARC. No estoy de acuerdo con quienes dicen que allí no hay nada nuevo. Si bien conocíamos las líneas gruesas, el diablo de una negociación está en los detalles. Y los detalles en estas 64 páginas merecen una cuidadosa lectura. 

El documento habla de los tres puntos de la agenda abordados en estos dos años: el desarrollo rural integral, la participación política, y la solución al problema de las drogas. No es cierto que, como dice el uribismo, lo pactado nos convierta en un país castro-chavista, en el que los principios liberales estén en riesgo. Tampoco es cierto, como han dicho sectores afines a las FARC, que hay más temas en el congelador que pactados. El documento es rico en visiones compartidas y señala los puntos pendientes que son, en su mayoría, de procedimiento. Si bien muchos de los aspectos pactados ya están contemplados en la Constitución, es interesante el espíritu que ronda todo el texto. 

En el primer punto, el del desarrollo rural, la agenda es de modernización. Se busca en pocas palabras, que haya un verdadero capitalismo en el campo: derechos de propiedad, y un mercado donde haya garantías de bienes públicos y equidad. Lo novedoso es que el gobierno y las FARC comparten la visión de que las familias campesinas y las pequeñas parcelas pueden ser competitivas y modernas. Eso es un cambio respecto al pasado inmediato en el que los gobiernos se empeñaron en vendernos la idea de que el futuro del campo estaba en manos de los grandes inversionistas.  

Aquí se está tomando partido por un modelo que da valor, sino prioridad, a la economía campesina, como pasa en los países que realmente han hecho de la agricultura su fortaleza. Entre gobierno y FARC persiste el desacuerdo sobre como “desconcentrar la tierra”. Al gobierno parece bastarle con una actualización catastral, y confían en que alcaldías y concejos pongan a tributar a los terratenientes. La guerrilla, con buen tino, ha pedido que este punto tenga acompañamiento internacional. 

En el ítem de la lucha contra las drogas veo claramente un giro del gobierno frente a la política dictada desde Estados Unidos. Si la agenda anti-narcóticos ha marcado nuestra relación con el coloso del norte desde hace tres décadas, el acuerdo pone en el horizonte una política autónoma, más cercana a los problemas reales. El texto habla abiertamente de un cambio de visión. Y como dato curioso no aparece ni una vez la palabra fumigación. Otro giro radical es que según el acuerdo, los campesinos cocaleros empezarán a ser tratados como ciudadanos y no como delincuentes. Ah, por cierto, parte del acuerdo es que abre la posibilidad para el uso medicinal o alternativo de cultivos considerados de uso ilícito.

Lo más profundo del documento está en el capítulo político. Este punto nos hace soñar con un país pluralista y con una democracia participativa donde las políticas se construyen desde abajo hacia arriba. Si la inversión social se realiza de acuerdo con los mecanismos pactados, será posible superar el clientelismo, por lo menos en las zonas de posconflicto. Y existe un concepto nuevo de seguridad integral y la participación de las comunidades en todos los ámbitos es una intención rotunda. 

A lo largo del texto rondan cuatro conceptos claves: un enfoque de derechos donde la población, y no el grupo armado, es el centro del acuerdo. Segundo se insiste en el enfoque territorial para la aplicación de los acuerdos. Tercero se hace explícita la idea de que habrá un período de transición de 10 años para la implementación de esta agenda. Y cuarto, queda claro, aunque no dicho, que tendrá que construirse una institucionalidad de excepción para hacer realidad tanta belleza.

Si, porque en plata blanca a lo único que finalmente se comprometen las FARC es a dejar las armas, y todas sus arandelas, y convertirse en partido político. Y el resto del acuerdo son compromisos que tendrá que cumplir el Estado, o del gobierno. Y hay que ver como estamos para semejante tarea. Lamento decir que si le entregan al Incoder el reparto de tierra a los campesinos, este sería un fracaso. Que dudo mucho que los militares de hoy puedan hacer una política de seguridad para proteger el pluralismo, la protesta social, y que los alcaldes y concejos se den la pela de poner a pagar predial a los gamonales de pueblo, que son casi siempre, la misma clase política.  

Tal como lo ha dicho James Robinson, quien por fortuna le habla al oído al gobierno, la clave de un país está en sus instituciones, y por ese lado estamos grave. Por lo menos en lo que a las que atañen a la aplicación de los acuerdos que son las agrarias, las políticas, y las de seguridad.

Esa es la pregunta que el gobierno debe responder ahora. ¿Cómo se está preparando institucionalmente para que esta agenda se cumpla? Si logramos que se cumpla por lo menos la mitad de lo que está planteado en los textos, ya tendríamos un nuevo país.  

Creo que más que un canto a la bandera, en los acuerdos están las bases de una transición posible. La transición del conflicto armado a la construcción de la paz. De un Estado fallido en las regiones más alejadas, a un Estado de derecho, incluso para el mundo rural. No estamos frente a un sueño, sino frente a una verdadera posibilidad. 
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