Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2015/12/17 11:30

Los costos políticos de la paz

¿Será el acuerdo con la guerrilla, que es inminente, el comienzo de una era de paz?

Jorge H. Botero. Foto: Archivo Particular

El eventual acuerdo de La Habana y su refrendación plebiscitaria en la forma recién establecida por el Congreso, alteraría, de manera profunda y carente de antecedentes, la Constitución de Colombia, incluido el Marco Jurídico para la Paz, también incorporado a la Carta hace poco.

Si se parte del supuesto de que es indispensable hacerlo para superar una “guerra de más de 50 años” (la peor de nuestras guerras civiles “apenas” duró mil días), como lo sostienen Gobierno y guerrilla, es evidente que somos un “Estado Fallido”; bajo esa hipótesis, respaldar el acuerdo cuyos aspectos centrales se empiezan a conocer sería un acto indispensable para que sobreviva la Nación colombiana. Sin embargo, tal posición no resulta congruente con la idea, expuesta por el Gobierno en muchas ocasiones, según la cual ya estamos en “posconflicto”, afirmación que es cierta como lo revelan las cifras de homicidios relacionados con la confrontación y de desplazamientos poblacionales.

Si como lo dice un historiador de la categoría de Eduardo Pizarro, lo que padecemos es un conflicto armado de baja intensidad, es difícil justificar el costo institucional que va tomando forma definitiva en el texto sobre jurisdicción de paz. Lo mismo supongo que pensará el Centro Democrático; el Presidente Uribe ha sido siempre claro en afirmar que, en realidad, y más allá de la fuerte carga retórica, afrontamos una amenaza terrorista. Por supuesto, un Estado no puede claudicar ante unos terroristas para estipular, entre otras cosas, un esquema de justicia radicalmente diferente al previsto en la Constitución y las leyes.

En este momento parece claro que no es posible un entendimiento entre los sectores políticos que operan dentro de la legalidad, en torno a los elementos centrales del eventual pacto con los alzados en armas. Entre otros factores, lo impiden la adopción por el Gobierno de una estrategia centrada en la división radical entre amigos y enemigos de la paz; la falta de acuerdos sobre las reglas para adelantar el plebiscito; y la enorme distancia entre las visiones del conflicto que profesan Gobierno y oposición. Por estas razones podemos llegar a un enfrentamiento político cuyas consecuencias pueden ser funestas.
 
Otros son los tiempos y circunstancias, pero no sobra recordar los daños padecidos por Colombia cuando se han roto los consensos básicos. La exclusión de sectores políticos importantes de ambos partidos en el proceso de expedición de la Carta de 1886, nos empujó a la Guerra de los mil días. El feroz enfrentamiento entre ellos que se inició hacia 1948, desembocó en la dictadura de Rojas.

Los ejemplos contrarios son también notables. Los pactos de Stiges y Benidorm entre Laureano Gómez y Alberto Lleras, hicieron posible el periodo de concordia que llamamos “Frente Nacional”. La convergencia de todas las fuerzas políticas en el proceso constituyente de 1991, permitió que la Carta actual fuera considerada como un tratado de paz, así las FARC hubieran decidido quedarse al margen.

En las circunstancias actuales, algunos de los escenarios posibles del plebiscito por la paz lucen catastróficos. Si, por ejemplo, la oposición decidiere promover la abstención, y el plebiscito triunfare por amplio margen, pero la votación apenas supera el umbral del 13% del censo electoral, la legitimidad del resultado sería muy baja. Lo mismo pasaría si la oposición decide participar en las urnas y es vencida por una diferencia mínima. Los resultados, por el contrario, serían positivos si el Gobierno o la oposición ganan por una diferencia apreciable. Bajo el clima de opinión actual, este último sería un resultado probable aunque el Gobierno realizará una intensa campaña de promoción en pro de “la paz”. ¿Y de ella quien puede ser adversario?

Como ciudadano anhelo un acuerdo “nacional”, no sobre el pacto con la guerrilla, que es poco factible, sino sobre las reglas para dirimir en las urnas su aprobación o rechazo. No puede ser que una honda brecha entre los colombianos pacíficos sea el precio que paguemos por incorporar a la sociedad civil una minoría violenta.
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Gracias a quienes me han leído este año. Vuelvo en enero.

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