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Opinión

  • | 2016/02/12 15:39

    ¡Ley de perdón y olvido!

    Con el fin de equilibrar la balanza de paz, que está a favor de las Farc, se debería tramitar la ley de perdón y olvido, haciéndola extensiva a los militares y población civil en igualdad de condiciones.

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Esta iniciativa fue presentada en años anteriores por el expresidente César Gaviria Trujillo, con el nombre de ‘Borrón y cuenta nueva’, que lamentablemente no tuvo mayor incidencia, puesto que el proceso de paz aún se encontraba en pañales; pero, ahora, que se avanza con pasos firmes y seguros, valdría la pena reconsiderarla, pero tramitando una ley con el fin de que se evalúe lo mas profusamente posible, se identifiquen los sectores a los cuales va a beneficiar, pero, sobre todo, que guarde un sano equilibrio y relación entre los tres poderes públicos.

La ley de perdón y olvido o de punto final fue aplicada a partir de 1.990, cuando fueron indultados más de cinco mil guerrilleros y paramilitares, pero veinte años después, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sería conveniente hacer una evaluación si las personas que se acogieron a ella han cumplido con lo acordado, esto con el fin de detectar las falencias que se hayan podido cometer y no incurrir en nuevos errores. 

En los actuales momentos esta ley  puede ser el escenario soñado para lograr una paz sincera y duradera. No olvidemos que cada uno de los tres poderes públicos está hasta el tope, atiborrados por causas que en honor a la verdad, no ameritan seguir todo un proceso de desgaste, puesto que víctimas y victimarios mediante un programa abreviado de reconciliación, pueden saldar sus cuentas, de paso la justicia se ahorraría un inmenso trabajo y presupuesto.  

Son reconfortantes las experiencias que se han visto desde diferentes escenarios del conflicto, cuando víctimas y victimarios se encuentran frente a frente, se dan el abrazo del perdón,  se prometen estar reconciliados para el resto de sus vidas, sin embargo,  quedan muchas dudas y cabos sueltos, para que las cuentas queden realmente saldadas debe existir un documento de reconciliación expedido por autoridad competente, en invocación de la Ley de Perdón y Olvido cual es la que estamos proponiendo.  

En nuestro concepto, desde el punto de vista de comunidad y desarrollo, todos estos actos de fe y reconciliación, deben estar protegidos por la ley, para que las partes una vez se den el abrazo sincero del perdón,- sea declarado como acto oficial-, firmen un acta ante autoridad competente, donde consten las condiciones y exigencias que se acordaron, y los motivos que los llevaron a los escenarios de la reconciliación. 

Desde luego que esta propuesta no podría llegar a tocar instancias de máxima gravedad y jerarquía, donde reposan expedientes de delitos atroces y lesa humanidad, que por ningún motivo deben quedar cobijados por la ley a la cual nos estamos refiriendo.

Ante tanto desbarajuste que se está presentando en todos los órdenes de la vida nacional, donde no existe institución pública o privada, que se salve por acción o por omisión de actos de corrupción, es procedente hacer un análisis de cómo podría ser esta ley, cuales, podrían ser sus alcances dentro del proceso de paz en el desarrollo de la etapa postconflicto, con el fin de evitarnos tanto desgaste, que con inusitada frecuencia se cruzan entre los tres poderes públicos arrasando con la poca credibilidad que de ellos se tiene.

En años anteriores, esta figura se ha aplicado con el  nombre de ley de punto final, para el caso de los narcotraficantes y paramilitares, sin embargo, en los actuales momentos en que el proceso de paz avanza a pasos vertiginosos y se le está dando a las Farc ciertas gabelas que tiene incómoda a la mayoría de la opinión pública, valdría la pena ponerla nuevamente en consideración bajo los siguientes parámetros y condiciones:

1. Los militares que de una u otra forma han sido procesados o están en camino de serlo por diferentes circunstancias: se les debe revisar el caso a cada uno de ellos, puesto que muchos cometieron el delito en cumplimiento de una orden superior. Son miles los soldados, suboficiales y oficiales que se encuentran en idénticas circunstancias.

Si nos referimos por ejemplo al caso del Palacio de Justicia, tenemos que admitir que tanto en la toma como en la retoma, se cometieron errores de parte y parte, que después de más de treinta años de ocurridos los hechos, aún continúa la guerra por la verdad entre víctimas y victimarios;  lo más prudente sería crear un solo escenario de responsabilidad, donde una vez aclarados los hechos, cada quién asuma la responsabilidad que le corresponde.

2. Delitos Menores: las cárceles están atiborradas de presos por delitos que no ameritan la detención bajo ningún punto de vista, considero que este punto es tan importante, puesto que en varias oportunidades lo hemos tocado con el nombre de: Plan Padrinos de Descongestión Carcelaria, lo que considero debe hacerse bajo los parámetros de un nuevo programa para obtener la paz.

Es claro que el hacinamiento carcelario no se soluciona construyendo más cárceles, se requiere someter la problemática carcelaria a un procedimiento donde estado y comunidad sean solidarios con el problema; si se aplicara: el Plan Padrino de Descongestión Carcelaria, tantas veces propuesto por el suscrito, las cárceles se descongestionarían por lo menos en más de un 50%.

3. Finalmente es muy importante analizar los condenados o procesados del gobierno del hoy senador Alvaro Uribe Velez: en honor a la verdad, ante tanta persecución del gobierno del presidente Santos, en la opinión pública existe la creencia que se parecen más a presos políticos, que a delincuentes, puesto que analizadas las circunstancias de modo tiempo y lugar, tal cual ocurrieron los hechos, en muchos casos se ha incurrido en todo un cartel de testigos falsos, que si nos detenemos a analizar cada uno de estos procesos, se llega a la conclusión, que tienen más de persecución política, que de esencia jurídica.

urielos@telmex.net.co

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