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Opinión

  • | 2014/09/27 00:00

    Una mesa con tres sillas

    A la organización armada ilegal le están dando todo lo que es indispensable y el pueblo, a través de un referendo o una consulta popular, acudirá a las urnas embobado.

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En 200 años de vida republicana muchas veces se ha “hecho la paz”,  pero nunca se ha logrado la reconciliación. Las confrontaciones terminaron con una nueva Constitución o con reformas impuestas por el vencedor, también con amnistías, indultos y reescribiendo la historia con el objeto de justificar, olvidar o tapar las atrocidades. Siempre quedó excusa para acudir a las armas, recaer en la violencia y exaltar el crimen como medio político.

El actual proceso de paz, por más que se patalee, es una realidad política. El gobierno le concede lo fundamental a las FARC en La Habana. A pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, insiste calladamente en que la cúpula y el resto de sus miembros no cumplan penas de cárcel y tengan plenos derechos a gobernar, sin importar la gravedad de las conductas perpetradas. En el plano territorial disfrazan lo que se pactó: institucionalizar no al Estado en el territorio sino a las FARC o, lo que es lo mismo, estatizar a la guerrilla constitucionalizando o legalizando los mecanismos de dominación y control social, político y económico sobre los territorios de su influencia. 

Al revisar los acuerdos es evidente que existe una muy alta probabilidad de que ese grupo suscriba la “terminación del conflicto”, finalmente, estos se enmarcan en su plan estratégico y no serán sino una etapa más del proceso revolucionario. Se equivocan quienes piensan que la guerrilla y su ambición desaparecerán porque se desmovilicen y desarmen. Firmar un acuerdo es aceptable si es un salto hacia adelante y eso es lo que está en lo convenido hasta ahora.

Además, cuando hay voluntad política, ocurre con el presidente Santos y el suficiente control, apoyo o alianzas en el Congreso, los grupos económicos, los medios de comunicación, la comunidad internacional, los sectores organizados de la sociedad civil, la iglesia, los gobernadores, alcaldes y las redes clientelares, las condiciones permiten ceder y ceder más allá de la propia conveniencia nacional. Una cosa es negociar y otra terminar entregando lo que el adversario sin posibilidad de victoria exige para detener el terror. Nuestra realidad histórica es esa. ¡Otra vez, nos guste o no! 

A la organización armada ilegal le están dando todo lo que es indispensable dentro de su concepción estratégica. Y el pueblo, a través de un referendo o una consulta popular, acudirá a las urnas embobado a punta de etiquetas del “imperialismo” de Coca-Cola, alusivas a la paz, y sin el más mínimo criterio sobre lo que se negoció, sobre lo que se entregó. El gobierno y el Secretariado saldrán a decir que refundaron a Colombia y que por fin se dio la “segunda independencia”. 

No hay la menor duda de que lo pueden hacer. ¿Acaso alguien va a votar en contra de la paz? ¿O se olvidan del plebiscito del 1 de diciembre de 1957? La cosa está más allanada de lo que se cree, a pesar de las dificultades que existen, los actos terroristas, la verborrea de Iván Márquez y del Ministro de Defensa y de los problemas que seguramente surgirán.

A pesar de todo lo anterior hay una pieza suelta. Se podrá firmar la paz pero no hacer la reconciliación, reconocía León Valencia. Y es que ese es el problema. Aniquilar a la oposición con la bandera de la paz es fácil, construir un escenario de convivencia democrática, incluyente y que de soporte político y asegure la sostenibilidad jurídica de los acuerdo con las FARC es otro asunto.

En el reciente Congreso Internacional de Derecho Constitucional de la Universidad Libre señalamos que hay una doble regla: “Entre más rigurosos sean los acuerdos en el cumplimiento de los estándares fijados en el derecho internacional y en el respeto a los derechos de las víctimas, menos vulnerables serán a un cambio en la voluntad política que los sostiene. Y, entre más se alejen de la observancia de esos estándares internacionales, más expuestos estarán en el futuro y su vulnerabilidad se multiplicará resultado de la presión política”.  

La vulnerabilidad jurídica de los acuerdos será muy alta y asomará las orejas por todo lado, por más que el fiscal Montealegre eche pastorales afirmando que todo está resuelto. ¡Paja! Las FARC lo saben. Y lo único que puede enfrentar una hipotética y posible caída en el futuro de los acuerdos en materia de justicia es que la sociedad colombiana esté unida avalando su contenido. 

Para lograrlo la forma de selección del mecanismo de refrendación y la naturaleza del mismo es decisiva. Si se quiere utilizar un referendo o una consulta con el fin de arrasar, tendrán la victoria transitoria. A largo plazo las heridas se convertirán en una espada jurídica brutal contra los acuerdos. Por otro lado, si el mecanismo no resulta de un consenso político con todos, se deslegitima y con ello se abre un espacio de impugnación futura de los mismos.

Colombia puede llegar a la paz, es cierto, pero lo será únicamente en la retórica fariana y santista si no se avanza hacia un pacto por la paz que surja de una mesa con tres sillas. Es indispensable que los “plenipotenciarios” en La Habana entiendan que la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se acuerde necesita de las fuerzas políticas que están hoy fuera del proceso. Y el Uribismo debe entender que no se puede quedar por fuera, dedicado exclusivamente a tirar piedras, mientras Santos y Timochenko hacen lo que se les da la gana.

En ese contexto, un Pacto por la Paz debería comprender una hoja de ruta que incluya la apelación al pueblo con relación a determinados aspectos de lo acordado en La Habana e incluir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué mejor escenario que una Asamblea de esas características, con una competencia temática precisa y con la participación de todos los partidos de la Unidad Nacional, el Centro Democrático y el Partido que surja de la desmovilización de la guerrilla? ¿No sería ese acaso el escenario apropiado para sentar las bases de la reconciliación? Ese mecanismo otorga más capacidad de maniobra jurídica que cualquier otro. La legitimidad de los acuerdos depende de que todos estén. Una Constituyente permite que así se sea.

¡Ojo! No es avalar cualquier acuerdo, ni desafuero. Tampoco validar la impunidad o que se desconozcan los derechos de las víctimas. Todo lo contrario. ¡Se trata de que la paz quede bien hecha y la reconciliación sea posible!

En Twitter: @RafaGuarin
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