Procurador secuestra moral pública

Muchos se preguntarán: ¿En qué consiste el secuestro de la moral pública? La respuesta es sencilla: este acto delictivo es muy común en  los funcionarios por elección corporativa, que para asegurar su votación al cargo deseado, no les importa ofrecer prebendas burocráticas, o contratos amañados, con el fin de pagar los favores a quienes los eligieron. 

Cuando el Jefe del Ministerio Público, representado por el Señor Procurador General de la Nación, se excede en el ejercicio de sus funciones o abusa de su cargo para: engavetar procesos disciplinarios esperando fecha de vencimiento; dictar autos inhibitorios violando Tratados Internacionales y proferir actos administrativos que están por fuera del ordenamiento jurídico; su misión empieza a ser cuestionada y la transparencia de su gestión ya no revisten la solemnidad que siempre debe tener. 

Lamentablemente el caso que nos ocupa, tiene que ver con el actual Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordoñez Maldonado, por hechos que ya son materia de investigación penal, según denuncia: 034647 del 14 de Noviembre del año en curso,  radicada ante el despacho del Fiscal General de la Nación, por el jurista Jesús Andrade Mora. 

Son siete los delitos que se le imputan al Señor Procurador: Prevaricato por Acción, (art. 413 C.P); Abuso de Autoridad por acto arbitrario e injusto, (art. 416 C.P.); Abuso de Autoridad por omisión de denuncia, (art. 417 C.P); Ocultamiento de material probatorio, (Art.  454 B.C.P.); tráfico de influencia de servidor público, art 411 C.P.), en conexidad con el de intervención en política (art. 422. C.P) y el de cohecho propio, (art 405 C.P). 

Cada uno de los delitos imputados al Señor Procurador en la denuncia penal referenciada, están debidamente sustentados:

En los casos de: Prevaricato por acción; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y el de abuso de autoridad por Omisión de denuncia, se derivan del Auto Inhibitorio, que dictó para favorecer al exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, quién fue denunciado ante su despacho por negarse a dar cumplimiento al fallo de segunda instancia proferido en Junio de 2012 por el Tribunal Andino de Justicia, (TAC).

También hay dos hechos claramente notorios, en los cuales el Señor Procurador Alejandro Ordoñez, abusando de su cargo ha intervenido en política: el primero de ellos ocurrió en julio del presente año, cuando fue postulado por dirigentes Conservadores en la ciudad de Medellín, como candidato para las elecciones presidenciales del 2014. No solo inexplicablemente asistió a la ciudad de Medellín, sino, que concedió declaraciones a los medios de comunicación en el sentido que “se tomaría su tiempo para pensarlo” propuesta que finalmente no aceptó.

El segundo es  el más grave: está relacionado con los expedientes Nos. IUS -2008-240629/ IUC-2011-1239-417551, contra los expresidentes de los Seguros Sociales, en liquidación, que involucra por actos de corrupción a: Gilberto Quinche Toro; Alvaro Velez Millán; Roger José Carrillo Campo; Clara González y Silvia Elena Ramirez Saavedra, contra los cuales el doctor Carlos Arturo Ramirez Vásquez, Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, había proferido pliego de cargos, pero, descaradamente la víspera de su reelección como Procurador, el día 26 de julio  del 2012, y después de tenerlo engavetado por 18 meses  profirió Auto Inhibitorio. Esto con el fin de motivar a varios Congresistas para que votaran afirmativamente su reelección. 

Sobre este caso existen procesos por pérdida de investidura, contra varios Senadores por el delito de tráfico de influencias y conflicto de intereses, esto quiere decir: que han debido declararse impedidos para votar la reelección del actual Procurador General de la Nación. 

Debe tenerse en cuenta que todos los involucrados en los expedientes de los Seguros Sociales en liquidación, anteriormente relacionados, son conservadores, y actualmente ocupan altas posiciones en diferentes entidades del Estado o por elección popular. 

Sería muy importante que el Señor Procurador, le pusiera la cara al País y explicara el porqué de tan vergonzosa determinación. Sabemos que  

 Los Seguros Sociales, Patrimonio de Todos, fue saqueado inmisericordemente y cuando estaba a punto de esclarecerse responsabilidades para enjuiciar a los responsables, la Procuraduría toma determinaciones contrarias a Derecho.

Es muy grave para el País que la moral pública se encuentre secuestrada por la omnipotencia del Jefe del Ministerio Público, que como es de público conocimiento, acostumbra dictar actos administrativos que van en contravía de la normatividad jurídica. 

No son pocos los abogados litigantes que se están quejando contra las decisiones de la Procuraduría, que muchas veces chocan contra los fallos de las Altas Cortes. Hay innumerables casos en que la Procuraduría absuelve, y las Altas Cortes Condenan o viceversa. 

Aquí viene la gran pregunta: ¿quién le pone o quita el cascabel al gato? Siendo que el Señor Procurador es un apéndice del Senado de la República, su elección y desempeño de sus funciones, jamás podrán ser independientes, puesto que cada uno de los Senadores que le dieron su voto, se considera con derecho a que le nombre sus agentes en el Ministerio Público. 

Esto le resta mucho mérito a la independencia que se debe tener a la hora de Juzgar la conducta de los funcionarios del Estado.

Considero que frente a todo lo que está pasando con el Ministerio Público, se debe prender un debate para que el Máximo Representante de la sociedad sea elegido por votación popular. 

         

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