Procuradores de bolsillo

No se sabe cuál de los dos quedó peor: si el ex procurador Edgardo Maya por no haber tenido la verraquera de destituir al embajador Sabas Pretelt y al ministro de Protección Social, Diego Palacio, por el caso de la 'Yidis-política' antes de abandonar el barco, o el actual procurador, Alejandro Ordóñez por haberlos absuelto a los pocos días de haber asumido el mando.   

Claro que si me dieran la posibilidad de escoger, yo le daría el premio al ex procurador Maya -al fin y al cabo nadie espera que el doctor Ordóñez nos vaya a sorprender con una Procuraduría distinta a la que está haciendo-, aunque debo decir que el anuncio según el cual, le va a dedicar dos días de la semana a recibir solo a los políticos en su despacho, superó con creces mis expectativas.

Pero volvamos al caso de Edgardo Maya. La falta de carácter que demostró en la investigación de la 'Yidis-política', sólo resulta equiparable a la que tuvo González Charry, aquel procurador que engavetó la investigación sobre las torturas en la época de Turbay Ayala. Si nos atenemos a lo revelado por la revista SEMANA, Maya hizo lo mismo con la 'Yidis-política':  la engavetó, no obstante haber concluido en su investigación que tanto el ministro Diego Palacio como el embajador Sabas Pretelt, habían incurrido en "faltas gravísimas" al código disciplinario; faltas que según el proyecto de fallo revelado, merecían ser sancionadas con la destitución en tanto que se les inhabilitaba para ejercer cargos públicos por 10 y 13 años respectivamente.

Lamentable final para un funcionario del que se esperaba una gestión con vuelo propio; más parecida a la procuraduría de Aramburu -quien le paró el macho al entonces presidente Carlos Lleras- que a la de González Charry. Hasta cierto punto, sus primeros cuatro años de gestión lo fueron: se dio la pela por endurecer el Código Disciplinario Único, enfrentándose a personajes todopoderosos como el ex ministro Fernando Londoño.

Sin embargo sus aspiraciones reeleccionistas acabaron comprometiendo esos bríos iniciales. El gobierno le montó  una terna en la que el único candidato real era él -lo mismo haría más tarde con Ordóñez -, convirtiéndolo en un procurador sin dientes frente a los abusos del Ejecutivo y sus amigos. Aunque Maya se especializaba en hacer pronunciamientos públicos que causaban impactos mediáticos, en el fondo estos nunca tuvieron una incidencia real en las investigaciones. La mejor definición de la gestión de Maya me la hizo hace poco el doctor Rodrigo Uprimny. "Como procurador, Maya fue un buen defensor del Pueblo", me dijo. Lo cierto es que luego de su reelección no fue capaz de aplicar el código disciplinario que el mismo logró aprobar en el Congreso. No destituyó a ningún funcionario importante, ni a ningún congresista y su férula sólo la aplicó para destituir a alcaldes y a concejales de rango menor. En cuanto a la para-política, su táctica fue la de colincharse a las investigaciones de la Corte, sin haber ejercido la iniciativa disciplinaria.   

En el fondo Maya y Ordóñez resultan muy parecidos, así cada uno tenga su estilacho propio. Los dos son procuradores de bolsillo del presidente Uribe y sus opacas gestiones se agregan al gris desempeño de otros organismos de control que han quedado neutralizados por cuenta del cambio en las reglas del juego que permitió la reelección quién sabe hasta cuándo del presidente Uribe. La Defensoría del Pueblo se ha convertido bajo la batuta del reelegido Volmar Pérez en un botín burocrático del conservatismo que ni siquiera ha sido capaz de levantar su voz de protesta por los falsos positivos. Y con tantos hechos de corrupción que afectan el erario, sorprende que la Contraloría de Júnior Turbay ande tan interesada en investigar al Banco de la República, uno de los pocos bastiones que se resiste a caer bajo el dominio uribista. Por no hablar de la lista de papas calientes que deja la fiscalía de Iguarán sin finiquitar, entre las cuales está la de la 'Yidis-política', la de las cuentas del referendo, la de Mario Uribe, la de varios ex gobernadores, como Luis Carlos Torres, Hugo Aguilar, amén de otros preocupantes etcéteras.     

No hay mejor ejemplo de cuán perversos han resultado los efectos de la primera reelección, que esta desintegración institucional de los organismos de control que estamos presenciando los colombianos. Si con la primera reelección, el sistema de pesos y contrapesos sobre los cuales estaba sustentada nuestra de por sí frágil democracia voló en mil pedazos, no quiero ni imaginarme lo que nos va a pasar si se aprueba una  segunda.