PROCURADORES HABEMUS

POCOS SE HAN TOMADO EL TRABAJO de examinar el contenido de la avalancha de fallos que el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, actualmente proclamado candidato presidencial, con piano y todo, dejó a su salida del cargo. Lo único sospechoso pareció ser su volumen, como si quisiera dejar una última impresión retratada en la opinión, algo así como la de haber dejado en orden la casa que habitó durante cuatro años. Pero revisando a fondo, sus principales fallos tiemblan más que un plato de gelatina ante una cuchara:

* Caso Jaime Giraldo Angel: Arrieta no solo participó en el diseño de la política de sometimiento, sino que condujo a Escobar a la cárcel; recibió seis meses antes de la fuga de Escobar las fotos que demostraban el tránsito de cárcel a chalet; uno de sus delegados integró el comité que escogía a los guardianes -compinches de Escobar-; y como si lo anterior fuera poco, estuvo presente en el Consejo de Seguridad en Palacio la noche que se voló Escobar. Temiendo que Arrieta, con tamaño rabo de paja, no pudiera fallar objetivamente las responsabilidades en el caso de la fuga de Pablo Escobar, el ex ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel, interpuso y ganó una tutela para que no fuera Arrieta, sino un procurador ad hoc, el que lo investigara y juzgara. Pero aun así, Arrieta prefirió confiarle el caso al viceprocurador, subalterno suyo, contraviniendo las directrices de la tutela. El resultado fue la condena del ex ministro Angel, quizás el más inocente de todos los que trajinaron con el caso Escobar, por causales que yo calificaría de aberrantes. En una de ellas se le acusa de haber redactado la norma que creó el comité tripartita que escogió a los guardianes aue protegían a Escobar. Si este comité funcionó mal, la culpa no es de quien redactó la norma que lo creó, sino de los miembros que lo integraban. Uno de ellos, irónicamente, delegado del propio Arrieta, el procurador departamental.

Al ex ministro de Justicia también se le acusa de no haber entregado la cárcel de Envigado con las seguridades estipuladas en el contrato. Giraldo asegura tener pruebas de que la cárcel de Envigado, cinco días después de la entrega de Escobar, estaba completa. Dos años después, las primeras pruebas fotográficas de que ya no estaba completa, y de que ya no era una cárcel, las tuvo el Procurador.


* Caso de las indemnizaciones: El ex Procurador tuvo en sus manos durante un año el expediente del caso de las millonarias indemnizaciones del Congreso, sin practicar una sola prueba. Tan sólo durante los últimos meses de su desempeño se acordó del proceso, pero ya el tiempo sólo alcanzó para recopilar unas pocas pruebas: no las suficientes ni para absolver ni para condenar a los señores Espinosa Faccio Lince y compañía. Dicho de otra manera, Arrieta dejó elaborado un expediente incompleto, del que sólo pudo deducir que existían algunos indicios para pensar que hubo indebida destinación de fondos públicos. Si este hubiera sido un cargo confirmado, Arrieta tendría que haber interpuesto una demanda por peculado contra los congresistas en la Corte. A cambio de eso, ordenó en una babosa providencia a un procurador delegado que pidiera la pérdida de la investidura de los congresistas. A esta hora, 11 a.m. del viernes 9, la petición no ha llegado al Consejo de Estado.


* Caso Juanchaco: En otra de sus apresuradas providencias de última hora, Arrieta estableció algo sorprendente: que no existían las facultades del gobierno para permitir que las tropas estadounidenses se establecieran en Juanchaco. Pero que como eso se venía haciendo, esta irregularidad no tiene culpable alguno.

* Caso concejales: Prácticamente un año vivimos los bogotanos en vilo con el encarcelamiento del alcalde Juan Martín Caicedo, y el de varios concejales, por el caso de los auxilios. Cuando Carlos Ronderos y Carlos Alonso Lucio denunciaron el caso, Arrieta dijo, que les había advertido a los concejales un año antes acerca de su ilegalidad, cuando se la habían consultado. Si esto fue cierto, ¿por qué no denunció un año antes que se iban a robar la plata? El resultado de toda esta zozobra es una providencia en la que se condena a suspensión de 30 días a dos concejales que dejaron de serlo hace dos años. Genial.


* Caso Alfonso López Caballero: Después de abrirle pliego de cargos, al procurador Arrieta le tomó un año y medio para descubrir que el ex ministro de Agricultura era inocente por las acusaciones relacionadas con la finca Arizona. Lo curioso es que se hubiera tomado ese año y medio para definir una controversia meramente jurídica, que no requería práctica de pruebas.


* Caso Arias Cabrales: Cuando Arrieta llegó a su cargo, en diciembre de 1990, reposaba sobre su despacho la solicitud de revocatoria del fallo de la Procuraduría, que ordenaba destituir al general Arias Cabrales por los hechos del Palacio de Justicia. Pasó el tiempo, y el tiempo, y el tiempo... Hasta que por la vía de la no decisión, terminó ejecutoriada la sanción. Pero aún así dejó que pasaran seis meses, y sólo en 1994 pidió que se cumpliera, advirtiendo, eso sí, que le parecía injusta. ¿Por qué, entonces, no falló oportunamente como le pareció justo?


No veo que nos espere un panorama distinto en manos del nuevo Procurador. El anterior jugaba golf, y éste tejo. El anterior tocaba piano, y éste maracas. El anterior siempre tomó el camino de en medio en todos sus fallos. El actual arranca con el banderazo de tenerse que declarar impedido en el caso de las millonarias indemnizaciones, porque en su momento, como senador, defendió a los protagonistas que hoy le corresponde juzgar.