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Opinión

  • | 2014/01/24 00:00

    ¿Qué hacer con la Procuraduría?

    La Procuraduría General de la Nación, puede y debe ser reformada, pero sin apasionamientos, ni con ánimo vindicativo.

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A raíz de la destitución de Gustavo Petro por parte del procurador se han escuchado voces de reforma a la Procuraduría General de la Nación. La Constitución Política estableció el Ministerio Público del cual hacen parte la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales. 

Al final las funciones son básicamente las mismas, con excepción de la Defensoría del Pueblo, que tiene a su cargo la defensa de las personas que no pueden pagar abogado en los procesos penales. Tanto la Procuraduría como las personerías tienen tres facultades fundamentales: la de investigar a los servidores públicos en materia disciplinaria, la de participar a través de conceptos en los diferentes procesos y la de promoción de los derechos humanos. 

Se ha criticado que el procurador pueda destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Si ese es el criterio, debería pensarse en reformar también a la Contraloría General, departamentales o municipales, porque tienen la facultad, aún más grave, de suspender a los gobernadores o alcaldes, mientras dure el proceso fiscal, en clara violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia. Cuando la Contraloría General pidió la suspensión del gobernador de Sucre o los procuradores generales, el actual y los anteriores, destituyeron a miles de gobernantes de todo el país nadie dijo nada.

Si se habla de una reforma constitucional esta debe abarcar a todo el Ministerio Público y no sólo a la Procuraduría. Debe pensarse si es necesario que las Personerías o la Procuraduría ejerzan funciones de procesamiento disciplinario. ¿Por qué entonces para que están las oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades públicas? ¿Para investigar conductas menores? 

No en vano el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474) quiso fortalecer las funciones de estas oficinas dotándolas de independencia frente a sus superiores jerárquicos, en la medida en que el presidente de manera directa, es quien nombra a los directores de control interno. 

Otro punto a analizar, es que si se mantienen las funciones disciplinarias, deben separarse las tareas de investigación y de juzgamiento, toda vez que hoy en el actual sistema, es una misma entidad la que hace todo. La Procuraduría investiga, formula pliego de cargos, enjuicia y decide el recurso de apelación, definitivamente no es un esquema garantista. Lo mismo sucede en los procesos de responsabilidad fiscal de las diferentes Contralorías. Lo ideal es que quien tome la decisión sea distinto a quien imputo cargos.

Hay otro punto referente a las funciones de intervención en los procesos judiciales, que ya fue advertido por la Corporación Excelencia en la Justicia, en el sentido que la participación de los agentes del Ministerio Público debe suprimirse en los procesos penales (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/intervencion-de-procuraduria-general-procesos-penales-d-articulo-464960). 

Esto concuerda con un estudio que hicimos en la Universidad del Rosario, auspiciado por la Fundación Cavelier Lozano, ‘Análisis del funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio’ en el que 81 % de los encuestados (jueces, fiscales, defensores privados y públicos), consideraron que no es necesaria la presencia de estos funcionarios. 

Acudiendo a la lógica, no tiene ningún sentido que en un proceso, cualquiera que sea, en donde están claramente delimitadas las partes, tenga que intervenir la Procuraduría y aún más rindan conceptos, que no obligan al funcionario que debe tomar la decisión. Claro, detrás de eso hay una gran burocracia, pero que mejor que unificar la Procuraduría con la Defensoría y que estos servidores pasen a ser parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Lo importante aquí es que la Procuraduría no debe ser modificada al vaivén de los acontecimientos, ni porque impuso una sanción que no nos gusta, ni mucho menos con ánimo vindicativo, sino que cualquier decisión de reforma debe hacerse con cabeza fría y pensando en lo mejor para el país.

*Profesor Universidades del Rosario y Libre. Magister en Política Criminal y Derecho Penal Internacional del London School of Economics and Political Science.

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