Productores agrícolas sin representación

Se puede afirmar que la experiencia de una vida es la combinación de prácticas, más conocimiento, más reflexión. Esto también es aplicable a los países. Es inevitable tener problemas, crisis y convulsiones. Lo importante es cómo se abordan esos fenómenos, de qué forma se articulan las respuestas para dar soluciones concretas y coyunturales, a la vez que se conforman las condiciones para que no vuelvan a repetirse los inconvenientes.

Desde esta perspectiva, existen varias aristas que es conveniente analizar en el caso de los paros y protestas recientes en Colombia. El problema para variar se origina, con mucho, en varios factores económicos. La población se siente olvidada por la institucionalidad del país y los sentimientos de frustración han desembocado en violencia tanto en centros urbanos como en importantes carreteras y vías de acceso.

En ese entramado de causas y de vectores causales emergiendo desde la complejidad socio-económica y política, el país ha sido testigo de cómo amplios sectores de pequeños productores han quedado a la deriva. No hay efectiva representación para ellos que producirían un 40 % de los alimentos que se consumen diariamente en el país. Los llamados a ser sus representantes son en general dos grandes actores. Por una parte los grandes gremios y por otro, los partidos políticos.

Los gremios de determinados sectores agrícolas han dado muestras de estar representando en lo fundamental a grupos de significativo poder económico. Las posiciones de los gremios se acercan más a constituirse como puentes para el ejercicio del poder político en la maquinaria de gobierno, que de responder a las necesidades de los grupos más pobres entre los productores.

En el caso de los partidos políticos la situación es clave en una democracia. El hecho de que esas instituciones no sean representativas de amplios sectores, que las personas de a pie, en la calle, no se sientan identificadas con las agrupaciones, hace que los políticos se terminen representando a sí mismos y a sus intereses de grupo; hace que los partidos no sean instancias de intermediación política.

Y si alguna evidencia hacía falta de la carencia de representatividad directa que se aproximara al menos, a los sectores más pobres y carentes de crédito, asistencia técnica y soporte de infraestructura en lo rural, allí está el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura. Rubén Darío Lizarralde viene de la prominente organización de productores de palma de aceite, pertenece a los sectores conservadores, los que de esta manera retienen una importante cuota de poder dentro de la Administración Santos. 

Al nuevo ministro se le acusa por parte de la oposición política, de que, conjuntamente con su exesposa, la actual ministra de Educación María Fernanda Campo, violaron topes legales en compra de terrenos baldíos en el departamento de Vichada, en el corazón de los llanos orientales de Colombia; estarían en juego 25 mil hectáreas. Desde el Ministerio de Agricultura se deberá establecer el programa de terrenos baldíos como un importante componente de la política agrícola del país.