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Opinión

  • | 1982/11/08 00:00

    A PROPOSITO DEL DIA DE LA RAZA

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Hace cerca de quinientos años, nuestro continente, por un azar de la Historia --la busqueda por parte de España y Portugal de otro acceso al Oriente-- emerge de los mapamundis de la época. Comienza entonces para las naciones indigenas ese largo proceso de exterminio y reducción de valiosas y desarrolladas culturas que, como la Azteca, la Maya, la Tayrona, la Inca y la Muisca, entre otras, poseían grandes ciudades y abundantes poblados, ricos y variados cultivos; sus habitantes eran hábiles artesanos, músicos y cantantes, filósofos y matemáticos, reconocidos astrónomos y practicantes de diversas ciencias.
La conquista rompe y altera violentamente la dinámica histórica natural de la Amerindia; vienen los despojos de tierras, los repartimientos, las encomiendas, las mitas, tributos y restricciones. El colono se impone y con él su lengua, su credo, sus costumbres y sus intereses.
"...Ellos enseñaron el miedo
vinieron a marchitar las flores;
para que su flor viviese
dañaron y sorbieron la flor de nosotros...
(Testimonio Maya en el Chilán Balán de Chumayel)
Hoy en día en Colombia, país multiétnico, algo más de 75 culturas indígenas diferentes resisten al continuo asedio y agresión de la etnia mayoritaria. Si bien cuantitativamente no representan más del 2% de la población total colombiana, cualitativamente son poseedores de un rico acervo de conocimientos en el campo de la medicina tradicional, de la ecología, y de la astronomía; demuestran una gran maestría en las artes (música, danza, pintura) y además cada cultura tiene su lengua propia. Todos estos conocimientos y destrezas son de un incalculable valor para la cultura nacional y universal.
Los indigenas que, mediante una lucha ardua y tenaz, hoy sobreviven, son poseedores de valiosos y extensos territorios, habitat físico-sagrado que, en muchos de los casos, no es reconocido de su propiedad y cuando lo es, es invadido de hecho, sin que autoridad alguna impida tan violento y generalizado procedimiento.
Según el Departamento Nacional de Planeación, en su "Diagnóstico de la Situación Indigena" (septiembre de 1980): "... Poco menos de la mitad de los indigenas del país carece de un territorio propio legalmente asignado por el Estado ..." y la otra mitad, entre los que se cuentan poseedores de títulos de resguardos (36% de la población indigena total), asignatarios de zonas de reserva (9% de la población indigena, afrontan álgidos problemas de invasión y despojo colonizador.
La educación formal que imparte directamente el Estado o las misiones (educación contratada por el Ministerio de Educación) salvo algunas excepciones devela:
"... Una falta de adecuación del sistema a las características y necesidades de los diferentes grupos indígenas...".
(DNP, idem) Esta educación se orienta con criterios etnocentristas y racistas. Lejos de contribuir al fortalecimiento de la identidad indígena, a su capacitación y a la busqueda de alternativas a sus diferentes necesidades y problemas; es una educación que ha contribuido a la destrucción paulatina de sus valores y de su cultura en general, avergonzándolos de ser ellos mismos. La historia de la Misión Capuchina en la Sierra Nevada de Santa Marta es muy elocuente al respecto.
En el campo de la salud, un muestreo morbi-mortalidad aún superficial es suficiente para poner en evidencia las condiciones precarias de salubridad en que se encuentran los indígenas. Las condiciones nutricionales desmejoran con el despojo de las tierras de subsistencia y el proceso desculturizador incide transformando, no para bien, la dieta alimenticia.
Por otra parte, a la luz de la situación indigena actual, la política gubernamental al respecto, oscilando entre la demagogía, el paternalismo y la represión, ha sido de un rotundo fracaso. En materia legislativa aún rige para las poblaciones indigenas básicamente, la ley 89 de 1890 mediante la cual se "determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada"; aunque esta ley debe ser actualizada, resulta mucho más "progresista" y consecuente con los intereses de los indigenas en materia de protección de sus tierras (resguardos) y en cuanto al respeto de sus autoridades (cabildos), que el llamado Estatuto Indigena. Este último ha sido un proyecto de ley presentado desde la pasada administración gubernamental ante el Congreso de la República para su aprobación y que, por ejemplo, en materia de tierras, mientras se le reconoce a la población indigena "el derecho de propiedad sobre los territorios tradicionalmente ocupados conforme a sus normas, usos y costumbres...", hace la siguiente aclaración que efectivamente niega lo anterior:
"...Sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por terceros sobre aquellos y éstos...". (Art. Segundo).
Por otra parte, mientras el Estado se obliga con la población indigena al respeto de "las características y comportamientos culturales de cada grupo étnico..." "a garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia y la práctica de sus cultos tradicionales u otros que libremente escojan" (Art. Segundo No. a, b), faculta al presidente de la Repúbiica para que expida el Régimen Legal de Indígenas y dicte, "según las características de los grupos aborigenes" normas que especificamente contemplen "aspectos como matrimonio, parentesco, edad para ejercer derechos y contraer obligaciones...".
Pero no todo es negativo en el devenir de las sociedades indigenas. Hoy en día se configuran como un gran movimiento con presencia en el ambito socio-económico y político del país.Y como resultado de la semilla sembrada por numerosos luchadores de la causa indigena como Quintin Lame, Eutiquio Timote, Benjamín Ulcue y José Gonzalo Sánchez, entre otros, surgen organizaciones indigenas como la UNUMA, en los Llanos Orientales, el Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA), el Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indigena del Tolima (CRIT), la Organización Regional Embera Waunana (OREWA), el Consejo Regional Indígena del Occidente Colombiano (CRIDOC); organizaciones regionales que unidas alrededor de la consigna "Por la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía", crean la Organización Nacional Indigena de Colombia (ONIC) en un hecho de trascendencia para la historia de los pueblos indígenas y del país en general.
Los indígenas organizados reclaman ser escuchados y señalan las pautas sobre lo que debe ser la política indígena en nuestro país: no el Integracionismo "incorporador de los indígenas a la vida nacional" que niega la posibilidad del ser indígena, proporcionando la expropiación y la disolución de las tierras de su propiedad, y su desaparición física y cultural . Ni tampoco el Indigenismo aislacionalista y utópico de los "zoológicos humanos", aislador del acontecer histórico y social del país, tan destructivo como el anterior. Los pueblos indigenas reclaman la devolución y ampliación de sus tierras, el respeto por sus tradiciones y costumbres, su idioma, su cultura en general. Exigen el respeto de su autonomía entendida ésta como el derecho que tienen a ser sujetos de su propia historia, a capacitarse y desarrollarse sin detrimento de su propia identidad, con posibilidad de decisión sobre lo propio y lo ajeno, aun dentro del ámbito social, político y económico colombiano dentro del cual la historia nos ha unido.--
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