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Opinión

  • | 2017/08/22 08:10

    Una propuesta para salvar la justicia

    A raíz de las múltiples voces que piden a gritos una verdadera reforma a la justicia, y ante los acontecimientos nefastos que la enlodan, esta es una propuesta para salvar la justicia en forma pragmática.

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A raíz de las múltiples voces que piden a gritos una verdadera reforma a la justicia, y ante los acontecimientos nefastos que la enlodan, esta es una propuesta para salvar la justicia en forma pragmática y sin desenvolvimientos protagónicos de los políticos y opinadores que quieren volver trizas a los abogados, quienes como en toda profesión u oficio, somos más los buenos que los malos.

Adicional a que resulta esta propuesta como una aceptación expresa a lo que no queríamos aceptar algunos colombianos: Que el diseño institucional de la justicia en la Constitución del 91 es perverso.

De entrada se debe eliminar la posibilidad atribuida por el inciso primero del artículo 116 de la Constitución al Consejo Superior de la Judicatura para administrar justicia. Este debe desaparecer por completo, es decir, tanto la sala administrativa como la jurisdiccional disciplinaria y la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. No deberán ser reemplazadas por ningún órgano de disciplina judicial y deberá crearse la Gerencia General de la Rama Judicial, para administrar los recursos, con un gerente que gane exactamente lo que devenga mensualmente el gerente del Banco de la República o un ejecutivo de una prestigiosa empresa privada.

Para disciplinar a jueces, fiscales y abogados en general, debe conformarse una sala disciplinaria para el abogado infractor en el Consejo de Estado.

Tampoco el Congreso debe ejercer funciones judiciales a través de la Comisión de Investigación y de Acusación de la Cámara de Representantes, y el Senado. El inciso segundo del artículo 116 constitucional se equivocó al darles esas funciones a los políticos cuando la investigación y el juicio por las conductas disciplinarias y penales que cometen los magistrados de Altas Cortes y dignidades como el presidente de la república, el fiscal general de la nación y el procurador general de la nación deberá radicar en cabeza de un Tribunal de Juristas, óigase bien, “juristas”. No me refiero al contralor general de la república porque la Contraloría debe desaparecer en todos sus niveles territoriales y permitir el acceso a la auditoría privada para el sector público, ojalá con origen extranjero.

El artículo 120 superior deberá ser modificado para restringir la organización electoral a la Registraduría Nacional del Estado Civil con una sala electoral conformada por tres magistrados elegidos por las Facultades de Derecho de las universidades del país.

Los numerales 6 y 7 del artículo 173 que establece las atribuciones del Senado deben desaparecer, para eliminar la opción de elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y al procurador general de la nación. Los primeros deben ser elegidos de una convocatoria pública realizada por una universidad extranjera –Harvard, Sorbona, Carlos III, etc.-. Y el segundo, debe ser elegido por voto popular, como así también debe ser elegido el defensor del pueblo.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado también deben ser elegidos de convocatorias públicas realizadas por universidades extranjeras. La cooptación, que era un mecanismo sano, debido a las nocivas prácticas politiqueras que adquirieron estos tribunales perdió su idoneidad, salvo que se proponga recuperar a partir de una tercera elección de magistrados por cuenta de las universidades extranjeras para reivindicar la majestad de esas corporaciones.

Nadie tendrá la facultad de componer ternas, ni el presidente de la república, ni los propios magistrados de Altas Cortes ni de los Tribunales de Distritos Judiciales, ni el Congreso de la República.

El fiscal general de la nación debe ser nombrado por las Facultades de derecho del país, para lo cual se exigirá ser penalista o constitucionalista y haber ejercido el derecho penal en cualquiera de sus dimensiones –juez, fiscal, abogado litigante en penal, etc.– por más de 20 años.

Con esta reforma, el Congreso de la República a través de un acto legislativo le daría la vuelta al devenir de la justicia actual, que está permitiendo que países extranjeros como Estados Unidos intervengan constantemente en las actividades propias del fuero de cada una de nuestras autoridades. Perdimos el pudor, pero también la independencia.

Si el Congreso no le jala, el pueblo sí, porque los colombianos de bien propondremos esta reforma para salvar la justicia a través de un referendo constitucional con el fin de moldear una de las mejores definiciones que los diccionarios virtuales le dan a este valor supremo como “el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.”

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.

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