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Opinión

  • | 2014/08/08 00:00

    Protección y colusión

    Que viva el mercado libre, siempre y cuando sea leal, y no se finque en distorsiones, prebendas o abusos, o se restrinja para favorecer a pocos en perjuicio de todos.

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La pomposa investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por la supuesta colusión de algunos agentes del mercado para distorsionar la competencia, revive viejas lecciones mal aprendidas.

La ciencia ha probado hasta la saciedad, que el libre comercio reduce precios, incrementa la demanda, aumenta el poder adquisitivo de los salarios, estimula la competencia, mejora la calidad, democratiza el mercado y desalienta la inflación.

Bien es sabido que una liberalización súbita del mercado, aunque favorece a los consumidores, puede afectar sectores de la industria nacional que no están preparados para una competencia abierta.

En todo caso, el libre comercio debe ser leal, y de no serlo, se debe restringir la importación de productos con precios predatorios obtenidos con dumping económico, ambiental o social, o mediante estrategias que constituyan competencia desleal para la industria nacional.

Recordemos que la liberación del comercio no debe ser absoluta, y que su implantación debe ser gradual, progresiva y escalonada, y dispone de cuatro modelos:

El primero llamado Autarquía, que salvo contadas excepciones, prohíbe toda importación. El segundo llamado Apertura Económica, de tan mala recordación en Colombia, que tolera la importación de todo tipo de bienes que produce o no el país, sin o con un reducido pago de arancel. El tercero denominado Apertura Selectiva, que mediante el pago o no, de un moderado arancel, permite la importación de bienes que no produce el país o cuya producción es insuficiente. El cuarto denominado Liberación Recíproca, que salvo algunas reservas, permite la libre importación de bienes y servicios procedentes de las naciones que suscriben entre sí un tratado, acuerdo o protocolo de libre comercio.

Es claro que para naciones emergentes como Colombia, el modelo más adecuado es el de Apertura Selectiva, como quiera, que no afecta a la industria nacional y sí suple la producción de bienes que no fabrica el país o cuyo volumen de fabricación es deficitario.

Pero la adopción y el mantenimiento de este modelo debe estar condicionado, a que la industria nacional no abuse de la protección estatal, y que los precios y la calidad de sus productos sean competitivos frente a productos iguales o similares que se oferten en el mercado mundial.

Pero en Colombia, y a espaldas de la población, sucede lo contrario; procesadores encartelizados, abusando de su posición dominante, incurren en colusión al concertar entre ellos precios mínimos de venta a consumidores y precios máximos de compra a productores; y no satisfechos, demandan del Gobierno protección, cierre de fronteras a las importaciones e intervención en favor de una devaluación que aumente artificialmente las ganancias de sus exportaciones. De lo anterior dan fe, las recurrentes sanciones económicas que les impone el Estado, así como la contradictoria sobreprotección que al mismo tiempo les brinda.

Sobrecoge que la protección a estos procesadores abusivos se haya acrecentado con los tratados de libre comercio, los que para ellos, más que liberar el comercio lo restringen a sus anchas, y en algunos casos, hasta por 19 años.

Entretanto, el Gobierno, por no tener un criterio claro sobre el modelo que el país debe adoptar para insertarse a la economía mundial y movido por su vanidad mediática, sigue tomando decisiones erradas y repentistas sin evaluar el impacto adverso que generan.

Es así, como el presidente Santos, sin ponderación alguna, viene propalando la negociación de un TLC con China, nación campeona del dumping y de las mayores defecciones del mercado mundial.

Sería francamente inconcebible que los gremios y la opinión pública no se opusieran a este despropósito, que aniquilaría a muchas empresas nacionales indefensas a la competencia desleal.   

Que viva el mercado libre, siempre y cuando, sea leal, y no se finque en distorsiones, prebendas o abusos, o, se restrinja para favorecer a pocos en perjuicio de todos.

Ojalá que esta vez las investigaciones concluyan y no sean parte de los anuncios y titulares a que nos tiene acostumbrados el gobierno.

En Twitter: @rrjaraba
* Consultor Jurídico y Corporativo. Especialista en Derecho Comercial, Financiero y Contratación Internacional. Magister en Derecho Empresarial, Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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