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Opinión

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El mismo día en que un tigre se comió 22 semovientes en el Huila, y fue detenida en Rio de Janeiro una nueva, otra nueva, 'reina colombiana de la coca', y se anunciaron los racionamientos de agua en Bogotá por los derrumbes del túnel de Chingaza, y el 'Chicho' Serna falló al chutar un penalty contra el equipo de Argentina, se conoció una severa providencia de la Fisca-lía: los columnistas de opinión de los periódicos no deben opinar. "Es a la administración de Justicia o a los organismos de control fiscal del país a quienes corresponde esa labor", dictaminó el doctor Luis Eduardo Sanabria Trujillo, fiscal 36 de la Unidad Segunda Local de Delitos Querellables, al condenar (no está muy claro en qué consiste la condena) al periodista de El Espectador Santiago Peña por injurias y calumnias indirectas contra un funcionario público, responsable en su opinión de errores cometidos en su administración.
Henos, pues, judicialmente advertidos: no se puede opinar. Que ningún periodista irresponsable se atreva a acusar de depredador al tigre del Huila, ni de narcotraficante a la reina de la coca detenida en Rio, ni de ineptos a los responsables del túnel de Chingaza, ni de chambón al 'Chicho' Serna. ¿Vio los cueros de las reses mordidas por la fiera? No, yo sólo oí, me contaron... ¿Buceó en el túnel? No. ¿Estaba junto al juez de línea cuando pateó el futbolista? No, pero en la televisión... nada: sin material probatorio analizado 'milimétricamente' _opina, porque eso también es opinión, el fiscal Sanabria_ no se puede opinar. Quedarían 'desequilibrados' los derechos constitucionales de garantía de la intimidad, de la fama, del buen nombre y de la honra del futbolista, del tigre, o del funcionario público. El periodista que sepa que el tigre mató unas reses, o que al funcionario se le derrumbó el túnel, o que el 'Chicho' Serna pateó mal el balón, debe a lo sumo _no sólo opina, sino que además ordena el fiscal Sanabria_ denunciar el hecho ante la Fiscalía. En el mayor sigilo, sin ofender a nadie, y tal vez acogiéndose a un programa de protección de testigos sin rostro. Porque si no, podrían los tigres o funcionarios aludidos sentirse convertidos en víctimas indefensas de la libertad de prensa, como le pasa al pobre presidente Samper.
Una vez, hace unos cuantos años, pasé como columnista por un trance parecido al de Santiago Peña frente al fiscal 36. Se querellaron contra mí por injuria y calumnia los miembros del Real Colegio de Odontólogos de Madrid por haber dicho en una columna de prensa que los dentistas no tenían corazón. Me llamó el juez. ¿Material probatorio? No, sólo una impresión vaga... ¿Análisis milimétrico? No, era sólo una metáfora, yo... ¿Radiografías del tórax de una docena de dentistas? No, ninguna. Es que, mire, señor juez, me pareció... La indignación del juez iba creciendo: yo no tenía ninguna prueba. Lo dicho en mi artículo había sido una simple opinión general sobre los dentistas, que, como todo el mundo sabe, no tienen corazón.
Para no ir a la cárcel tuve que retractarme.Y es por eso que ahora no me atrevo, aunque si fuera un héroe debería atreverme, a discrepar de la opinión del fiscal 36 de la Unidad Segunda Local de Delitos Querellables, doctor Luis Eduardo Sanabria Trujillo. Yo pienso, a diferencia de lo que él sentencia, que la función de opinar no corresponde solamente a la administración de Justicia o a los organismos de control fiscal, sino a todo el mundo. Y que esa opinión, publicada o no en la prensa, es la única salvaguarda que tenemos los ciudadanos contra la arrogancia impune de los funcionarios públicos, de los futbolistas torpes, de los tigres carniceros, y de los fiscales. Pero, ya digo, no me atrevo. Más bien propongo que de aquí en adelante sólo el señor fiscal 36 de (etcétera) escriba columnas de opinión en los periódicos. Leeremos cosas como la siguiente:"Dentro del fenómeno de la culpabilidad ha de pregonarse que no aparece ninguna prueba excluyente de la misma. Ahora, dentro del contexto de la imputabilidad se encuentra que el comportamiento del sindicado fue voluntario y consciente pues no aparece algún elemento de prueba que nos diga lo contrario. De manera pues que imbuirnos en los descomedidos párrafos del procesado implicaría trabarnos en una polémica y diatriba que jamás tendría terminación. Lo cierto es que la conducta del procesado frente a la ley punitiva y frente al material probatorio que lo responsabiliza de los delitos calificados, ha venido siendo analizada milimétricamente para llegar a ese tipo de conclusiones y que definitivamente implican desaprobar sus alegaciones".
A lo mejor a los lectores les gusta. Yo no opino.
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