Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/12/08 00:00

Pruebas de supervivencia

Para Camilo Castillo y Laura García, investigadores de DeJusticia, un sentimiento reflexivo ante los secuestrados debería facilitar a la sociedad mantenerse alerta a su propia responsabilidad y la de las partes en conflicto

Pruebas de supervivencia

En uno de sus documentos finales, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú recordó la pertinencia del saber-ver, el saber de los Yagua de la Amazonía, por el cual aquel que ve puede consultar la sabiduría de los espíritus. La CVR apeló a este concepto para explicar la importancia de las fotografías y los demás documentos visuales para “acceder a la verdad” de las atrocidades cometidas durante la violencia de finales del siglo XX, que dejó como saldo más de 60.000 víctimas. Como lo explicaban los Yagua, “un saber que surge del ver apela principalmente a intuiciones, sensaciones, sentimientos, que no son necesariamente irracionales ni anticientíficos y pueden más bien ampliar el ámbito de nuestros conocimientos”.

Al ver las pruebas de supervivencia de algunas de las personas secuestradas por las Farc, uno se pregunta cómo hay que saber-ver en este caso. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Con qué confrontarlo?

Para la seguridad democrática, “las cifras lo dicen todo”. En los últimos 10 años, 6.544 colombianos han sido secuestrados por las Farc, de los cuales 740 aún están en cautiverio, 103 se fugaron, 322 murieron, 815 fueron rescatados por la fuerza pública y 313 fueron liberados por presión de las tropas. Entre 2002 y 2006, las cifras de secuestro se redujeron en un 76 por ciento.

Las Farc, por su parte, anunciaron desde su página web clandestina que, después de la interceptación de las pruebas, estaban obligadas a “acciones drásticas” respecto a las pruebas de vida restantes y que la acción del gobierno había retrocedido el proceso “a cero”.

Lo más fácil de ver en el primer caso es la reducción de las cifras. Los técnicos podrían felicitarse por sus resultados: “qué bajo porcentaje”; el secuestro se redujo a la medida de lo razonable. Si nos limitarnos a esta visión, el balance numérico del gobierno nos conforta y nos permite distanciarnos; nuestra responsabilidad ya está saldada.

En el segundo caso, lo más visible es la conjunción de dos palabras: “acciones drásticas”. Allí, lo más temible es la posibilidad del desvanecimiento absoluto de las personas de cuya vida todavía no tenemos pruebas y el retroceso a ceros de la situación de aquellas de las que sabíamos ‘algo’, aunque ese algo sea doloroso y parcial.

Tal vez el saber-ver que más se requiere en el caso de las pruebas de supervivencia de los secuestrados es el de lo que no se ve, tanto la ausencia de palabras de Íngrid Betancourt como la falta de imágenes de los secuestrados invisibles. ¿Acaso la falta de pruebas va a significar también –para la opinión y para la decisión– que no existe su sacrificio?

Tanto la visión efectista del gobierno como la instrumentalista de las Farc perturban el ver. Ninguna de las dos nos permite, como lo sugerían los Yaguas a la Comisión peruana, “acceder a la verdad”. En este caso, la verdad es la evidencia del dolor, un dolor al que le hemos permitido crecer y politizarse. Y sólo mantener la conciencia de él puede forzarnos a una salida humana, más allá de los distractores que están mostrando las partes para no asumir su responsabilidad.

Un balance de las acciones gubernamentales es importante pero insuficiente, en la medida en que bloquea el desarrollo de la empatía, esa fuerza que debería impulsarnos como sociedad a una actitud más reflexiva y duradera ante el drama del secuestro en Colombia.

La experiencia de las pruebas de supervivencia nos debería hacer permanecer atentos ante el planteamiento del gobierno, sobre todo si, sumado a la ambigüedad y dilación de las acciones de las Farc, significa mayor desamparo para los plagiados.


*El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia (www.dejusticia.org) es un centro de pensamiento creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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