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Opinión

  • | 2006/08/12 00:00

    Punto ciego

    En su discurso de posesión, Uribe presenta una selectiva miopía oficial frente a los riesgos de la destorcida paramilitar.

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Para ser el redomado pragmático que es, hay que reconocer el esfuerzo que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez en su discurso del 7 de agosto pasado para poner a volar a la imaginación y soñar con un país sustancialmente mejor que el que tenemos. Uno de “crecimiento económico vigoroso con horizonte de largo plazo y construcción veloz de equidad”, donde los intereses privados no acaben con el patrimonio público y donde haya “respeto gubernamental a la oposición”.

Sin embargo, hay un tema –o temita, como diría Uribe– que omitió en ese discurso y que parece estar ausente de la visión presidencial del país, aun cuando está pensando en utopías. Se trata de la definitiva reincorporación a la vida civil de los grupos paramilitares, luego de su desmovilización y su desarme. Es un proyecto a mitad del río, que siempre parece al borde del naufragio y que necesita todavía de mucha pericia de su capitán para llevarlo a buen puerto.

En un discurso tan crucial como el de posesión, que marca la pauta y el tono que tendrán los cuatro años de su segundo gobierno, el Presidente tenía la oportunidad de enviar un mensaje claro y contundente a jefes y mandos medios de las AUC (y uno de confianza a la sociedad) de que tienen que enderezar la actitud de las últimas semanas y bajarle al tonito. Ninguna ley, ni corte, ni decreto, les pudo haber dicho el mandatario, les garantiza la no extradición o la levedad en el castigo a las que aspiran. Sólo si la sociedad ve que, en lugar de estar haciendo grandes ostentaciones de riqueza, o críticas amenazantes a la Corte por hacer su trabajo, están apurados por cumplir sus compromisos, podrán salir airosos con poca cárcel, acomodados, y con legitimidad suficiente para pelear cualquier intento futuro de extradición.

En otras palabras, si las comunidades nacional e internacional ven que la mayoría se presentó a la justicia está confesando sus lamentables “hazañas”, le dieron unas decenas de millones de dólares al fondo de reparación, y están prontos a irse a pagar unos años de reclusión, pocos serán los que insistan en enviarlos a cortes internacionales o en obligarlos a ir a La Picota por 60 años.

Leyendo muy entrelíneas, quizá se adivina una tímida alusión del Presidente a este último tema. “La generosidad oficial en negociaciones con los violentos, generosidad que muchas veces es injusta, es entendida por la comunidad cuando los hechos demuestran buena fe y honestidad de los beneficiados”, dijo Uribe. Pero la referencia es demasiado tenue, casi temerosa.

Y peor aun, ante el hecho de que algunos de los jefes paramilitares, en abierto incumplimiento de los acuerdos de Ralito, sigan en negocios ilegales y en la violencia, el Presidente no expresó ansiedad alguna, ni deseo de buscarle una solución al problema. Dijo, sí, que le preocupaba “el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad”, pero, por el contexto de la frase, era obvio que estaba hablando de una posible negociación de paz con las Farc.

Lo que le preocupa a Uribe como una eventualidad en un proceso con las Farc, es hace tiempo una realidad palpable en el caso de las AUC. No se ha llegado a la paz, y, de una forma menos visible, pero quizá más perversa, se ha retrocedido en seguridad.

Es verdad que las masacres se frenaron con el desarme. Eso se ha demostrado con estudios serios. Y nadie puede negar que es un logro enorme sustraerle miles de hombres y mujeres a la guerra, aun si un pequeño porcentaje de ellos se devolvió ya al bandidaje y a la violencia.

Sin embargo, en barrios de las ciudades del Caribe, en Buenaventura y en pueblos santandereanos como Puerto Santander y Barrancabermeja, y en otros más en Putumayo y Nariño, la gente sabe que el antiguo terror de los fusilamientos de lista en mano ha sido reemplazado por una biliosa infiltración de algunas empresas de salud, en la administración pública de las tierras, del mototaxisimo, en el chance, o en las distribuidoras de vehículos. Que el narcotráfico sigue rampante en los antiguos territorios paras. Y que una mafia silenciosa cobra con sangre tributos a vendedores callejeros de tinto, placeros de mercado y dueños de gasolineras, entre otros comerciantes. El miedo reina. Más cuando nadie en el alto gobierno parece vincular este nuevo cáncer a la mutación del fenómeno paramilitar.

¿Teme el Presidente que un mensaje abierto para quienes se están saliendo del redil de Ralito eche todo lo logrado por la borda? ¿Subestima el problema y considera que ya se hizo lo más y que lo que queda son males menores? Difícil responder a estas preguntas. Ojalá la omisión del discurso no refleje una carencia de política real del gobierno. Es un peligroso punto ciego que puede hacer realidad la preocupación presidencial, pero en relación con las AUC: que no se alcance la paz, y que, en cambio, se retroceda en seguridad y libertad para la gente.
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