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Opinión

  • | 2012/09/15 00:00

    A punto de explotar

    La sociedad entera y en especial los legisladores y los jueces tienen que hacer un alto en el camino y reflexionar sobre un tratamiento distinto al delito.

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Sentí verdadero terror hablando con el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec. Había visto las imágenes en televisión de presos durmiendo amontonados en los baños de los penales, de enfermos en estado agónico a la espera infructuosa de atención médica, de filas interminables de familiares que no alcanzaban a visitar a sus seres queridos.

Pero el general me confirmó con cifras la situación dramática que viven las cárceles colombianas y la dolorosa posibilidad de que se presenten tragedias similares a las que se han vivido en centros de reclusión en México y Centroamérica.

A la fecha las cárceles abrigan a 112.498 presos cuando apenas tienen capacidad para un poco más de 70.000. El hacinamiento sobrepasa el 40 por ciento. En vista de esta situación están creciendo las detenciones domiciliarias que suman 23.803. ¡Impresionante! Colombia tiene ahora 126.000 personas en prisión, de las cuales el 69 por ciento está condenada y el 31 por ciento sindicada. En medio de esta pavorosa saturación se venció el contrato del Inpec con Caprecom y en este periodo de transición más de 8.000 órdenes de atención médica han quedado represadas y 2.000 enfermos psiquiátricos deambulan sin una valoración adecuada y sin una alternativa para situaciones angustiosas de salud mental.

Al analizar estos números no pude evitar el recuerdo de dos tragedias ocurridas en febrero de este año. En Honduras, cerca de Tegucigalpa, murieron 359 presos consumidos por las llamas de un incendio del que todavía se investigan las causas. También en México, en Apodaca, vecindad de Monterrey, sucumbieron en otra conflagración 44 reclusos. Toda la información que circuló en el mundo a propósito de estos hechos daba cuenta de un hacinamiento y de una conflictividad parecida a la que padecen las cárceles colombianas.

El país ha llegado a esta situación por la confluencia perversa de tres fenómenos: el crecimiento desmesurado del delito, jalonado por el mal ejemplo que dan desde las altas cumbres de la sociedad; una ola de ‘populismo punitivo’ que empuja a los legisladores y a los jueces a incrementar las penas, a establecer nuevos tipos penales y a restringir los castigos alternativos, y una imprevisión y lentitud del Estado en la construcción de cárceles y en el aumento de los guardianes y del personal administrativo en los centros de reclusión.

Una sociedad que en el año 2002 tenía 49.474 presos y hoy se acerca a 130.000 tiene que preguntarse por las causas de este abrumador salto en los procesos judiciales, tanto más si se sabe que el país mantiene altos índices de impunidad. Sin duda el conflicto armado, el narcotráfico y el crimen organizado son factores críticos en este volumen impresionante de colombianos en las cárceles, pero hay una causa que no se puede soslayar: la vinculación de altos dignatarios del Estado, de líderes políticos, de dirigentes empresariales, con organizaciones ilegales o su participación en grandes escándalos de corrupción, envía un mensaje muy negativo hacia la ciudadanía y potencia la acción delincuencial en el país.

Estamos en una verdadera emergencia. Se necesitan medidas inmediatas y de gran envergadura. La ampliación y remodelación de las viejas cárceles y la construcción de nuevas para albergar cerca de 40.000 presos; el incremento de la nómina de guardianes en no menos de 5.000; la redefinición de los servicios de salud para enviar un mensaje de tranquilidad a la población carcelaria, y la agilización de los procesos judiciales mediante transfor-maciones puntuales en el aparato de justicia.

Pero estas medidas no bastan. La sociedad entera y en especial los legisladores y los jueces tienen que hacer un alto en el camino y reflexionar sobre un tratamiento distinto al delito. La proliferación de leyes encaminadas a penalizar más y más conductas indebidas, la exaltación de las cárceles como lugar de rehabilitación de los ciudadanos que delinquen, la creencia de que a más severidad en las penas menos inclinación al crimen, no son buenas señales para resolver de fondo la crisis del régimen penitenciario del país. Colombia necesita como nunca una ola de valores éticos, de respeto a la vida, de honradez, de crítica y censura al atajo y a la ilegalidad. Necesita, también, insistir en penas alternativas y nuevas formas de resocialización de los delincuentes.
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