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Opinión

  • | 2004/02/08 00:00

    ¿Punto final?

    Diego Arias, ex combatiente del M-19, escribe sobre lo que él ha denominado el hermetismo del gobierno sobre una negociación para colocar punto final a los acuerdos de paz suscritos en la década de los 90.

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De manera muy discreta, casi que en el anonimato, el Gobierno Nacional viene adelantando una estrategia por la cual intenta convenir una especie de 'punto final' con las organizaciones insurgentes (M-19, EPL, CRS, Quintín Lame y otras) que suscribieron acuerdos políticos de paz durante la década de los 90. Hasta donde se sabe, solo en el caso del M-19 no ha sido posible establecer dicho acuerdo.

Los acuerdos de paz tienen un valor y sentido esencialmente políticos que están en relación con hacer dejación de armas y buscar desarrollos institucionales para la transformación pacífica del país y sus conflictos. Pero tiende a confundirse el proceso de la reinserción (económica, jurídica y social) con el Acuerdo de Paz y sus contenidos fundamentales. En este sentido, la reinserción, como programa y proceso admiten cierre o punto final, no así el Acuerdo Político de Paz.

Nuestro acuerdo, para referirnos al caso del M-19, estuvo vinculado el desarrollo político de una democracia más ancha y profunda, que se expresó finalmente, y con un consenso nacional extenso en la Constitución de 1991. Además de su contenido político, tanto el Acuerdo de Paz que firmó Carlos Pizarro en marzo de 1990 como la propia Constitución expresan la búsqueda de un propósito de reconciliación y transformaciones pacíficas. Y llegar a ese objetivo es por su puesto la tarea más importante para realizar, la cual no solo no ha sido cumplida sino que en el horizonte parece estar cada día más lejos de ser alcanzada, e incluso, retrocediendo.

Un acuerdo de paz compromete al conjunto del Estado y la sociedad. Si una nación conviene, como parte de un propósito de reconciliación, en un pacto político fundante de un nuevo estado social de derecho, pero resulta que después algunos sectores se empeñan desde el poder en su desmonte, pues resulta claro que allí se está atentando contra un proceso que expresa un nivel de acuerdo, reconciliación y convivencia entre los colombianos, forjado democráticamente.

Desconozco el proceso asumido por otras organizaciones y los términos en que cada una ha llegado a acordar su propio punto final. El tema, desde el punto de vista de las discusiones internas y los efectos políticos, es de extrema complejidad. En cualquier caso, lo que las distintas organizaciones hayan acordado es respetable. Sin embargo, en nuestro propio caso, como organización firmante de un Acuerdo de Paz, el punto final de dicho acuerdo con el M-19 no está en manos de quienes fuimos sus mandos, dirigentes o combatientes.

Nuestra dejación de armas no es un punto de llegada sino la continuación de una travesía hacia cambios democráticos pero profundos, además de urgentes. El gobierno podrá estimar y proponer incluso un valor económico para cerrar la reinserción, lo cual de paso, debe decirse que no es un monto insignificante dadas las limitaciones de ese componente del proceso. Pero de allí a proponer lo mismo para un punto final del acuerdo político es todo un despropósito, cuanto menos.

Ese punto final que busca el gobierno deviene de la reconciliación y de otra Colombia que es posible pero aun no asoma siquiera en el horizonte. El punto final se encuentra en el país por venir, ¡no en el actual!

*Ex combatiente del M-19
Multiplicador de Paz
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