Jueves, 19 de enero de 2017

| 2009/03/25 00:00

¿Qué nos dejó Luis Carlos Restrepo?

El saliente alto Comisionado de Paz fue víctima de la política aislacionista del gobierno en materia de paz, aunque hizo un gran papel como negociador.

Gerson Arias

La respuesta a la pregunta es una sola: La paz en interinidad, como no ocurría desde 1992 cuando el presidente Gaviria asignó las funciones de la Consejería para la Paz al entonces Consejero para la Defensa y Seguridad Nacional, Ricardo Santamaría (Decretos 1672 de 1992 y 1805 de 1993).
 
 La historia hoy vuelve a repetirse. Mediante el decreto 797 de 2009, firmado hace apenas una semana, las funciones de la Consejería para la Paz fueron asumidas por el Consejero para la Reintegración de excombatientes Frank Pearl, quien tiene a su cargo la reintegración de 50.085 desmovilizados de grupos armados ilegales. Un verdadero reto.

Pero el asunto no es solo nominal. La salida de Luis Carlos Restrepo de la Consejería para la Paz es la mejor muestra para entender que una vez cumplido el desarme de 31.671 paramilitares, su papel se limitó a desempeñar sólo algunas de las varias funciones que tenía contemplado su mandato (decreto 127 de 2001). Y desde luego existen explicaciones para este trabajo a medias.

Por un lado, y como principal asesor del Presidente en la estructuración y desarrollo de una política de paz, le tocó montarse en el bus de la defensa de la supuesta inexistencia de un conflicto armado, y bajo esa premisa imaginarse que podía establecer un proceso de negociación con las guerrillas de las Farc y el Eln. Tarea imposible.

En su función de facilitar la participación de sectores de la sociedad civil en los procesos de paz la deuda sí que fue grande. Con la brillante estrategia de hacer “tabula rasa” con todo lo bueno y lo malo que a lo largo de 20 años había aprendido el país en estas materias, la Oficina de Restrepo se limitó a escuchar y reunirse con aquellos sectores cuyas críticas eran benevolentes o no significaban un “eco de los terroristas”.

Un solo caso es revelador al respecto. Como secretario técnico y convocante del Consejo Nacional de Paz, un escenario creado por la Ley 434 de 1998 para facilitar dicha participación –y sin poder de decisión, para no alarmar a los seguidores de la democracia restrictiva-, se tardó dos años para realizar la primera reunión. La razón no fue otra distinta al cumplimiento de un fallo de la sección quinta del Consejo de Estado de junio de 2004, quien le obligó al gobierno a hacerlo. Fue una coincidencia que todo el esqueleto de la negociación con los grupos paramilitares ya estuviera decidido.

Pero también fue víctima de la política aislacionista del gobierno en estas materias. Basta recordar sus tres conatos de renuncia. El primero en febrero de 2005 y antes de entrar a discusión la que sería la Ley de Justicia y Paz, sin la cual el desarme paramilitar habría sido un fracaso. En ese momento la razón fue su poca capacidad de tolerancia con opositores en el Senado y porque también descubrió que el entonces responsable de la cartera del Interior y de Justicia tenía otro proyecto de Ley a cuestas.

El otro fue hacia finales de 2006 y el más reciente en febrero de 2009 tras su papel en la liberación unilateral de secuestrados que hicieron las Farc. En ambos episodios saltaron a la vista por lo menos dos ingredientes. Por un lado, que Restrepo está convencido de que es inútil mantener una Consejería para la Paz cuando las Farc y Eln no quieren saber nada de este tema –ni de Restrepo-, y cuando los nuevos grupos, llamados Bacrim, son considerados como grupos de delincuencia común. Y por otro, que quedó en evidencia que la Consejería es una figura accesoria, pues se le encarga la difícil tarea de coordinar la liberación de unos secuestrados, pero sin contarle el pequeño detalle de que los militares estaban haciendo sobrevuelos secretos en la zona.

Desde luego, deben reconocerse sus aciertos. El principal de ellos, el papel que cumplió en el proceso de negociación –secreta- con los grupos paramilitares. En un valiente ejercicio de persuasión y coacción, logró que las diferentes facciones paramilitares, integradas en su mayoría por genuinos narcotraficantes, compraran la oferta del gobierno colombiano, una oferta reducida, estratégicamente diseñada y respaldada únicamente por la ley. Nos dejó un repertorio de lecciones sobre cómo negociar.

La interinidad de la Consejería para la Paz en un país en conflicto debe preocuparnos.
 
Las posibilidades de una paz negociada con los grupos armados ilegales deberán aguardar hasta el próximo escenario electoral o a lo mejor serán tareas del tercer mandato de Uribe. Todo un interrogante.


 
*Gerson Arias es coordinador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz, de la Fundación Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org).


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