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Opinión

  • | 2001/09/03 00:00

    ¡Qué Dios nos tenga de su mano!

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Quienes, desde hace varios años, hemos sostenido la necesidad de una solución política negociada para el conflicto armado y una política nacional y permanente de paz mantenemos ahora iguales propósitos.

Conocemos bien las muchas viceversas y los grandes errores que se han cometido en la búsqueda de estos empeños y nos duele el estado exasperante de degradación que ha sufrido la contienda armada, que nos avergüenza ante el mundo y que nos coloca al nivel de los bárbaros.

Sin embargo, tal como lo manifestamos desde la Comisión de Conciliación Nacional y de la Comisión Facilitadora para los diálogos con el ELN, resultaba indispensable la prórroga de la zona de distensión, por un corto período, para darle nuevo aliento al proceso.

Con relación al proceso con las Farc nos preocupa que en los cerca de tres años que se han mantenido las conversaciones el único avance hasta ahora logrado haya sido la agenda de 12 puntos y que, el único gesto humanitario de la devolución de los soldados y policías, se haya borrado con el escalamiento y urbanización de la guerra días después.

Hemos visto como muy positivo el documento de los notables que incluye por primera vez el desarme y enfatiza en los temas del cese al fuego y de hostilidades, el secuestro, el paramilitarismo, el cronograma, la tregua, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y el sometimiento a la justicia de las AUC.

Nos ha parecido en extremo débil el Acuerdo de San Francisco de la Sombra que como único compromiso establece el de "abocar de inmediato el estudio integral del documento de recomendaciones". Si fueron el gobierno y las farc los que encargaron el documento, absurdo sería negarse a conocerlo. Pero claro después de las cartas de Manuel Marulanda cumplirlo será la salida de la congelación actual.

Dudamos que las Farc renuncien a la ventaja estratégica de los 42.500 km a su servicio, lo cual les ha significado aumentar a 13.500 hectáreas sus cultivos de coca y tener los aeropuertos necesarios para procurarse los precursores químicos y, sobre todo, para sacar la droga a los mercados internacionales.

Pero además que renuncien a aprovecharse de la zona para hacer reclutamiento de menores, esconder los vehículos y semovientes robados, consolidar sus puestos de mando, ocultar a los secuestrados, lanzar ofensivas militares y aplicar un régimen estalinista a la población civil indefensa.

Aunque afirma que no es un ultimátum, la frenética declaración de Manuel Marulanda demuestra su urgencia de esclarecer la situación. De su carta del 6 de noviembre el gobierno puede aceptar sin reparos la obligación de las tropas de vestir su uniforme; no cobrar impuesto a los transportadores que entran a la zona; no realizar acciones militares en la zona de despeje y empezar, al fin, la negociación de la agenda.

Por supuesto no puede aceptarse levantar la vigilancia de la zona, o suspender los sobrevuelos que nunca han sido interrumpidos, o dejar de controlar el ingreso de los extranjeros. Habrá que insistir en los hechos de paz, en que la calificación de terroristas es un resultado de las actuaciones de las Farc y el que las prórrogas futuras dependerán del cumplimiento del cronograma que se establezca.

Esperamos que al reanudar las negociaciones se puedan enmendar por lo menos parte de estas demasías, acordarse de forma inmediata sobre una tregua multilateral de por lo menos seis meses; sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario; sobre una facilitación internacional que ayude a la mesa a adoptar decisiones y a establecer y respetar un cronograma estricto como el que fue pactado para considerar en tres grandes bloques de seis meses cada uno los doce puntos de la agenda.

En cuanto al ELN las noticias de La Habana demuestran que el proceso se ha descongelado, que será posible adelantar muchas de las actividades previstas fuera de Colombia y se mantienen incólumes los acuerdos realizados entre la sociedad civil y el Coce para llevar a cabo la convención nacional y el temario sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos; el tema de los recursos naturales, el medio ambiente y el petróleo; el desarrollo alternativo y los cultivos ilícitos.

Seguramente ellos tendrán que ser acompañados de por lo menos dos acuerdos de ejecución inmediata como son: el Acuerdo Humanitario y del cese de las voladuras de las torres de energía y de los oleoductos.

Por lo que se relaciona con las autodefensas hay dos hechos de mucha trascendencia: el primero se refiere a la propuesta de la alta Comisionada de los Derechos Humanos cuando pide la realización inmediata de un Acuerdo Humanitario con todos los actores de la guerra, es decir las Farc-EP, el ELN y las autodefensas, a lo cual ya estas últimas han manifestado su disposición de llevarlo a cabo, lo que significaría, para empezar, el respeto estricto a la sociedad civil y por lo tanto la terminación de masacres, homicidios fuera de combate y secuestros.

El segundo corresponde a la propuesta de la comisión de personalidades de incorporar a las autodefensas en la tregua que pueda pactarse y a la recomendación de "adelantar gestiones tendientes al sometimiento a la justicia" o sea aplicar igual metodología a la que se aplicó contra los narcotraficantes, lo cual supone "hablar" con ellos y "gestionar" con ellos. Por supuesto sin que ello implique el reconocimiento de ninguna clase de estatus político.

Romper los procesos de paz a ocho meses de la terminación del gobierno sería un acto impiadoso con Colombia. No por temor a la guerra porque difícilmente puede escalarse o degradarse más la que tenemos, sino porque volver a reconstruir la posibilidad de una negociación implicaría, como nos lo enseña la historia reciente, que transcurran cuatro o seis años de matanzas fratricidas y de continuo empobrecimiento colectivo.

Hay que lograr, como lo logramos hace cuatro años desde la Comisión de Conciliación Nacional, el compromiso de todos los candidatos presidenciales de que continuarán el propósito de encontrarle una solución política negociada al conflicto social y armado y que, quienes resulten perdedores, prestarán al nuevo gobernante de Colombia su concurso para lograr la paz. O si no, que Dios nos tenga de su mano.



*Miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, de la Comisión facilitadora de paz con el ELN
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