Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/12/04 00:00

¿Qué está pasando con la verdad de Justicia y Paz?

Fiscales dicen que les faltan recursos técnicos y económicos para cumplir con su tarea.

Juan Diego Restrepo E.

El pasado 26 de noviembre se realizó en Madrid, España, un debate sobre el desarrollo de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, organizado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Allí, las autoridades colombianas presentaron ante la comunidad internacional un balance de los logros y los desafíos del proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares. En ese escenario, Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, lanzó varios conceptos que, contrastados con la realidad, me dejan bastantes dudas.

Al inicio de su intervención Pearl dijo que “los colombianos debemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo” en relación con los procesos de Justicia y Paz. Debo admitir que tal afirmación me suena a “frase de cajón” y surge del desconocimiento que tiene este funcionario de la mecánica cotidiana de las versiones libres. Ojalá estuviera presente en ellas de tiempo completo, por lo menos una semana, para que experimente lo que allí se vive y revalúe sus planteamientos.

He tenido la oportunidad de escuchar horas y horas de audiencias de versión libre en las que han confesado sus crímenes varios jefes, algunos mandos medios y patrulleros de los grupos paramilitares desmovilizados de manera colectiva entre los años 2003 y 2006.
 
En ellas, la actuación de ciertos fiscales y procuradores no me hace sentir “orgulloso”: preguntas al versionado mal planteadas y superficiales; intervenciones del Ministerio Público que privilegian al victimario, desestiman a las víctimas y dejan de lado las fallas del Estado en los crímenes cometidos; defensores públicos que representan a cientos de víctimas, pero que sólo asisten por varios minutos a las audiencias para firmar una planilla y luego cobrarle honorarios plenos a la Defensoría del Pueblo; y jefes paramilitares que aún se creen comandantes e imponen su soberbia y poder en las salas de audiencias.

Como a este gobierno le gusta tanto el análisis cuantitativo, el Alto Comisionado para la Paz no podía dejar de lado las cifras y expuso algunas de ellas en Madrid: “tenemos más de 50 mil hechos conocidos, más de 16 mil hechos confesados, más de 3.800 versiones libres en alguna etapa del proceso”.
 
Si claro, muy elocuentes los números, pero la sustancia no está en esa superficialidad numérica, sino en la real capacidad de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz no sólo para investigar y comprobar esos crímenes, sino para determinar de manera estructural y en perspectiva jurídica e histórica el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

Fiscales e investigadores con los que he tenido la oportunidad de hablar y que han tomado muy en serio su tarea advierten deficiencias estructurales del proceso de Justicia y Paz que impiden sus labores y obstaculizan el cumplimiento de las exigencias planteadas por la Corte Suprema de Justicia. Faltan recursos, tanto humanos como técnicos y económicos, para probar los hechos y acusar de manera rigurosa a los paramilitares.

Otra de las afirmaciones del Alto Comisionado para la Paz que me llamó la atención se refiere a la supuesta invisibilidad de los paramilitares en el pasado: “todo el mundo sabía que existían, pero nadie sabía quiénes eran. Gracias a la Ley de Justicia y Paz tenemos plenamente identificadas a las personas que hacían parte de estas estructuras”. Esa aseveración riñe con la realidad. ¿Cómo así que en las ciudades y en los campos no se conocían los paramilitares? ¿Tiene sustento real esa afirmación? De ninguna manera.
 
Desde comienzos de la década del 90, cuando se inició la fase del paramilitarismo que alcanzó los acuerdos de Santa Fe de Ralito en julio de 203 con el Gobierno nacional, se precluyeron sin mayores obstáculos judiciales sendas investigaciones penales en todo el país, sin que lograran ser sometidos a la justicia. Negar que no se conocieran es hacerle al juego a la impunidad que los protegió.

Una de las frases más elocuentes con la cual el Alto Comisionado para la Paz pretendía ganarse la audiencia internacional estuvo relacionada con la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos el año pasado. Dijo Pearl: “una vez cumplidas las penas en los Estados Unidos, ellos tiene que regresar a Colombia a cumplir sus penas de Justicia y Paz”. ¿Cómo creerle esa afirmación?
 
Basta hacer un análisis sobre la sentencia que recibió en abril pasado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en la Corte del Distrito Sur de New York. Este jefe paramilitar, que se ha negado a hablar reiteradamente en Justicia y Paz, purga una sentencia de 31 años y 4 meses. Está enfermo. Tiene 49 años. Y a juzgar por el contenido de la sentencia no parece que fuera a recibir mayores descuentos de la pena. Siendo optimistas, lo tendremos por aquí dentro de 20 años, es decir de casi 70 años. ¿Alguien se acordará siquiera de juzgarlo?

Tiene razón el Alto Comisionado para la Paz cuando aseguró en Madrid que “la justicia, la paz y la equidad deben estar por encima de diferencias personales o eventualmente de diferencias institucionales que son entendibles, que son normales en estos procesos tan complejos” y de paso propuso que “miremos más allá y trabajemos juntos”.
 
Pero tal invitación no convoca si está precedida de un discurso alejado de la cotidianidad del proceso de Justicia y Paz, y de efectos discursivos que distorsionan la realidad.



*Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario


¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.