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Opinión

  • | 2006/09/11 00:00

    ¿Qué hacemos con el legado de Nuremberg? (Por Amira Armenta)

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¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la ‘matanza de Verden’? Seguramente no muchos. En cambio, cualquier bachiller por despistado que sea, habrá oído hablar alguna vez de Carlomagno, aquel gran soberano que dio inicio a lo que es todavía hoy día la supremacía del mundo occidental. Lo que quizás no sabrá es que, como líder político y militar empeñado en un plan de expansión territorial que pretendía reconstruir algo similar al antiguo imperio romano, Carlomagno debió cometer en el siglo octavo una que otra atrocidad de esas que en nuestro siglo resultan aberrantes. Tal cosa fue la matanza de Verden, una verdadera masacre en la que el soberano hizo arrodillar a 4.500 sajones y los asesinó a sangre fría. Lo que no obsta para que la estatua de Carlomago a caballo resplandezca frente a la catedral de Notre Dame en París. Otras figuras históricas militares como Hernán Cortés con masacres como la de Cholula, entre otras, en su curriculum, sería honrado por la Corona española después de su muerte con el título de marqués.

Hechos como estos no extrañan a nadie, ni antes ni ahora. De grandes masacres está poblada la historia de la humanidad desde sus comienzos. Piénsese no más en el número de muertes violentas y salvajes que habrá dejado la colonización europea en Africa y América a lo largo de cinco siglos, y la cantidad de responsables con nombre propio, la mayoría de los cuales ahora aparece en los libros en calidad de grandes héroes. Algunos comentaristas justifican los actos bárbaros de otros tiempos como algo más o menos normal en aquellas épocas. Otros en cambio hacen notar que hasta en las épocas más salvajes se alzaron voces que cuestionaron y se opusieron a esos actos. Una masacre no debe ser un hecho muy normal en ninguna época. En cualquier caso, aquellos actos quedaron por lo general en la más completa impunidad y ni siquiera un reconocimiento histórico de la barbarie cambiaría los hechos.

De ese modo siguió avanzando la historia, las naciones y los individuos hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hasta que se descubrieron las atrocidades del régimen nacional socialista alemán, y los países aliados decidieron conformar un tribunal internacional para castigar a los líderes nazis por lo que por primera vez se llamaría, ‘delitos de lesa humanidad’, para diferenciarlo de otro tipo de crímenes, incluso de los ‘crímenes de guerra’. Geoffrey Robertson en su libro “Crime Against Humanity” dice que lo que Nuremberg estableció en el derecho internacional es que crímenes de esa naturaleza “no sólo son inolvidables sino que son imperdonables”. Existiría desde entonces una expecie de jurisdicción universal en la que todos los estados tienen la obligación legal de investigar y perseguir este tipo de delitos, los cuales no pueden ser objeto de amnistía.

De modo que mientras no hay otra cosa que hacer salvo pedirle perdón a Dios por los crímenes del pasado -hay instancias, como la Iglesia Católica que ha pedido perdón por los excesos de la Santa Inquisición; Zapatero podría perdón por el genocidio que supuso la conquista- los delitos atroces que se cometen en el mundo contemporáneo, ya no es cuestión de dejárselos sólo a la ley divina pues para eso están las cortes de los países, y si éstas no funcionan, entonces la Corte Internacional.

¿Justicia o Paz?
Que le guste o no a alguna gente en Colombia, en este contexto global se está produciendo el proceso de desmovilizacion y reinserción de los paramilitares, y no parece muy posible que se pueda extraer de este contexto la legislación para los crímenes de estos grupos y el debate sobre la paz, la justicia y la reparación. Por la simple razón de que vivimos en una época de un mundo interconectado, en el que lo que pasa en San Onofre (Sucre, Colombia) una localidad hasta hace poco desconocida en el mundo, se sabe o se puede saber en cualquier otra parte del mundo por lejos que esté. No hay sino que bajarse Google Earth y verificar la existencia de las fosas comunes dejadas por los paramilitares.

Pero esta ‘observación’ internacional no deja de ser problemática. Es lo que piensan algunos en Colombia y en otros países pendientes de resolver a como dé lugar sus conflictos, y que prefieren plantear la situación como una disyuntiva: justicia o paz, en la que la una excluye a la otra. Este es el punto de vista, bien intencionado en algunos casos, de personas como el director de la Comisión de Justicia y Paz, Eduardo Pizarro.

En su afán de paz, el director se ha expresado francamente contra la intolerancia de los que él llama los fundamentalistas de la justicia con el argumento ya señalado: aplicar la justicia con todo rigor significaría la imposibilidad para Colombia de alcanzar la paz. Y se ha referido en más de una ocasión al caso de Uganda, país que ha decidido hacer caso omiso de las presiones externas para resolver su problema local de violencia. Al ofrecerle una amnistía a los guerrilleros del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo acusado de crímenes de lesa humanidad, el presidente de Uganda se pone del lado de la paz para justificar el perdón ‘a lo imperdonable’. El director Pizarro parece estar pensando en algo parecido para Colombia.

Pero no existen evidencias conclusivas de que sacrificar la justicia por la paz resulte efectivamente en una paz duradera. Existen en cambio evidencias de lo contrario. Fue lo que sucedió en Sierra Leone con el acuerdo de paz de Lomé, julio de 1999, entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario. Una parte del Frente rehusó desarmarse, aparecieron nuevos grupos y la violencia continuó. En contraste con esto, ha habido ejemplos, como el Acuerdo de Dayton que puso fin al conflicto armado en Bosnia, en los que la justicia co-existió con las iniciativas de paz. Valdría la pena que el director de la Comisión de Justicia y Paz mirara también modelos como éste, que contaron con un apoyo contundente de la comunidad internacional.

Soberanía
El otro argumento importante que esgrimen los que se alínean con la paz ‘cueste lo que cueste’, es el de la soberanía y el interés nacional. En aras de estos dos principios, un gobierno puede decidir hacerse el de la vista gorda frente a los delitos atroces cometidos por sus nacionales. Es lo que está haciendo el presidente de Uganda, frente a las acusaciones que pesan sobre Joseph Kony, el líder del ERS. En Colombia el argumento de los soberanistas es que el asunto de los paramilitares nos concierne solamente a los colombianos. Tenemos nuestra propia jurisprudencia, los otros que no se metan. El argumento nacionalista restringe el crimen a lo nacional, a lo doméstico. Con lo cual, los masacrados no son ante todo seres humanos masacrados sino ante todo colombianos masacrados. ¿Qué tal que a alguna comunidad indígena se le diera por restablecer los sacrificios humanos y los justificaran en nombre de su soberanía?

El argumento soberanista tiene varias debilidades tangibles. Una es que viola el ámbito del sistema judicial –no es fundamentalismo justicialista sino la mera aplicación de las reglas establecidas- y otra es que tiene una dosis de arbitrariedad que impide que se lo pueda tomar en serio. Dados los numerosos escándalos e irregularidades como se ha venido desarrollando el proceso con los paramilitares, es de un gran cinismo pretender que se hace por el bien de la nación. Se hace por el bien de algunos, pero no por el de los dos millones de desplazados internos ni el de todas las víctimas de la violencia, que dicho sea de paso, también quieren la paz. La soberanía aquí se refiere a los intereses del actual gobierno y a los de diferentes grupos dispuestos a ofrecer enormes beneficios a perpetradores de crímenes horrendos con tal de obtener lo que ellos nombran ‘la paz’ y que no es sino un estado de pacificación precario. No olvidemos Sierra Leone 1999.

Si el gobierno colombiano no quiere ver interferida su soberanía, lo mejor que podría hacer sería aplicar como es debido la ley. En un mundo como el de hoy que reconoce que el sufrimiento de las víctimas no tiene nacionalidad, las reglas domésticas tienen que hacerse coherentes con las globales. Lo que se deduce de la aparición reciente de numerosas fosas comunes en diferentes regiones del país es que aunque se sabe mucho, no se sabe todo de la magnitud del salvajismo y violencia de las autodefensas. En el país ha desaparecido gente que ni siquiera nadie da por desaparecida. La ‘galería del horror’, como tituló por estos días un medio de prensa la sucesión de imágenes de restos humanos encontrados en esos cementerios, pone a los paramilitares a la altura de criminales internacionalmente conocidos como el ugandés Joseph Kony, el liberiano Charles Taylor y el congolés Thomas Lubanga. Estos dos últimos en manos ya de la justicia penal internacional.

Un país complejo
La ‘observación’ internacional es indudablemente problemática para gobiernos de países como Colombia, porque les complica la manera de llegar a acuerdos (quizás mejor decir componendas) con grupos armados e individuos conocidos internacionalmente por sus crímenes. Colombia tiene la mala suerte de ser un país complicado.

¿Qué pasaría sin esa ‘observación’? En un país con una situación menos compleja que Colombia, probablemente se aplicaría sin mayor ruido una ley más o menos benévola a una parte de los implicados, mientras otra parte se las arreglaría para fundirse en la legalidad y llevar a partir de ahora una vida ‘decente’, sus hijos y nietos serían personas respetables y respetuosas de los derechos humanos, y nadie se acordaría de los orígenes de la fortuna de la familia. ¡Cuántas grandes fortunas de familias no están cimentadas en negocios turbios y hechos de sangre en el pasado, en Colombia y en todo el mundo! Mientras tanto, las víctimas recibirían en algunos casos muy sonados algún tipo de compensación, y con un poco de paciencia y de tiempo, a la vuelta de una generación, o dos, nadie volvería acordarse de lo sucedido.

Para bien o para mal, la complejidad del contexto colombiano no permite hacer tabula rasa, olvidar los crímenes –o aplicarles la mínima dosis de justicia que es lo que representaría la Ley de Justicia y Paz con sus decretos presidenciales reglamentarios- y comenzar de cero. Aunque algunos de los líderes de los grupos más conocidos se han entregado o se están entregando, todo el mundo sabe que las redes mafiosas creadas por los paramilitares siguen activas y controlan importantes regiones del país. Nadie ignora el nexo de los paramilitares con el narcotráfico, es decir, con el negocio ilícito más condenado en el mundo. Además, nuevos grupos paramilitares están apareciendo con las mismas características predadoras de sus predecesores. En resumen, el fenómeno paramilitar sigue vivo. No se pueden ‘olvidar’ los crímenes porque sencillamente los crímenes se siguen cometiendo.

Por esta razón especialmente, por el hecho de que se está tratando de legislar sobre un caso que no está resuelto, al gobierno colombiano más le convendría aplicar una ley firme, ahora que tiene la posibilidad, a los hombres que ya tiene tras las rejas, sin componendas, sin descuidar que los delitos de esa gente son ‘imperdonables’. Ese podría ser un precedente disuasorio para las nuevas generaciones de paramilitares, podría también representar un progreso en la consecución de la paz en algunas regiones, y finalmente, -esto último es más seguro- el gobierno se quitaría de encima la mirada crítica de la comunidad internacional, esa injerencia fastidiosa para gobiernos como el de Uganda y de Colombia que es el legado de Nuremberg.

Al gobierno colombiano, definitivamente, no le conviene aplicarles una ley demasiado benévola a los paramilitares.
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