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Opinión

  • | 2010/09/02 00:00

    ¿Qué hacer con la bonanza?

    El gran acuerdo para la prosperidad del gobierno Santos debe incluir un nuevo contrato social acerca de la propiedad y del destino de los réditos del capital.

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Uno de los problemas que abruma a economistas, académicos y tomadores de decisiones de política es el de la reducción de la desigualdad social en el país: ¿Cómo lograr que cada día haya menos colombianos por debajo de la línea de pobreza y a su vez que la riqueza se distribuya más equitativamente entre ellos? Al analizar esta pregunta encuentro que el meollo del problema está en la estructura del sistema de producción colombiano. Decir que Colombia es una economía capitalista sería bondadoso, sobre todo porque la propiedad de los medios de producción se parece más a la que se presentaba en la Europa feudal que a aquella de la economía capitalista de producción en masa de comienzos del siglo XX. Bajo el modelo económico actual subyace el principio mismo de la desigualdad que se quiere atacar.

No es un secreto que en Colombia la propiedad de la tierra y de las grandes empresas está concentrada en manos de unos cuantos “señores” que contratan al grueso de la población por salarios que son, por decir lo menos, bajos frente al nivel de precios actual de la economía. ¿Acaso un salario mínimo sirve para garantizar el consumo autónomo de los individuos en el país? Evalúe el lector si con 515,000 pesos mensuales podría cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta, alojamiento, entretenimiento, y un largo etcétera. Así, el sistema económico actual se articula sobre una diferencia abismal entre el ingreso de los dueños de la tierra, de las empresas y de los activos reales y el ingreso de los empleados rasos que en ellas trabajan sin participar de sus réditos.

Como he mencionado en algunas columnas anteriores, aumentar el nivel de salarios directamente resulta problemático por las implicaciones inflacionarias que ello traería a la economía. Así, causaría un infarto al sistema productivo nacional decir a los empresarios de un día para otro que el salario mínimo pasa de $515,000 a $1,000,000. Inmediatamente la nómina de las empresas se multiplicaría casi por dos lo que redundaría en más desempleo, menor producción y un alza en los precios. Así expuesto, es obvio que la desigualdad no se soluciona por decreto.

Desde el punto de vista del capital – entendido como los factores que son indispensables en la producción de bienes de consumo – la reforma fundamental, más allá de cualquier ley, debe correr en dos sentidos. En primer lugar sería deseable reformar la estructura de propiedad empresarial en Colombia para que ésta obedezca a un modelo más social de participación: la revolución democrática de la economía. En segundo lugar, los recursos adicionales de la bonanza deberían dirigirse a incentivar la competitividad en un ejercicio similar al realizado en España tras el período de autarquía que siguió a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial.

Tomando por cierto que el salario de la mayoría de colombianos, sobre todo si pertenecen a la economía informal, no permite asegurar salud, alimentación, vivienda y pensión, es necesario buscar que los ciudadanos se conviertan en empresarios para que aumente su ingreso disponible y puedan construir una base de capital sólido que asegure una vida digna. Así, se podría buscar que cada colombiano monte una microempresa como lo propuso durante la pasada campaña un candidato presidencial.
 
Sin embargo, hay varios problemas inherentes a esta estrategia. En primer lugar se requiere un capital inicial que hace que esta iniciativa sea imposible de realizar para la mayoría de ciudadanos. En segundo lugar la esperanza de vida de una empresa nueva es muy baja dado el actual nivel de impuestos y la inmensa cantidad de requisitos que existen para su montaje dentro de la más absoluta legalidad. En tercer lugar, inundar la economía de empresas pequeñas y frágiles debilita más que fortalece el tejido económico y social. Una solución alternativa es hacer de los empleados de las diversas empresas propietarios de las mismas. Esto se denomina la nueva economía social que se implementa desde hace décadas en varios países europeos.

No hay impedimentos materiales para que a los empleados de las grandes empresas del país se les pague una parte de su sueldo (prima semestral, bonificación o una porción fija del salario), si así lo desean, en la forma de participaciones dentro del capital de la compañía. Con restricciones similares a las que se imponen a las cesantías se podría garantizar un proceso de acumulación de capital virtuoso para los empleados en general.
 
De esta manera, parte de los beneficios que obtiene la firma se socializarían – como dividendos y valorizaciones de capital – repartiéndose entre sus empleados. Esta figura se conoce como empresas mutuales y fue en parte lo que permitió a muchas empresas españolas salir adelante durante la posguerra.

Reitero que esta iniciativa no presenta impedimentos materiales, sin embargo requiere un gran acuerdo entre los empleados y los empresarios del país que persiga, en primer lugar, la formalización del empleo. Se trata de una revolución económica en el sentido de involucrar un nuevo contrato social sobre la propiedad y la distribución de los réditos del capital: esto sí es un verdadero Acuerdo para la Prosperidad. Aunque muchos podrían tachar esta política económica de obedecer a los sueños de una rama de la izquierda recalcitrante, el primero en aplicarla fue el general Francisco Franco, dictador español de extrema derecha en las décadas de 1950 y 1960.

Por otra parte aparece la gestión de los recursos de la bonanza. Así como en la España de la posguerra la mayor parte de los recursos se invirtieron en una industrialización acelerada del sector automotriz y metalúrgico, en Colombia los recursos deben dirigirse al sector agrícola, a la creación de infraestructura para la competitividad, a la minería y al sector industrial en sectores claves. En este sentido las cinco locomotoras del ministro Echeverri son propuestas sólidas que demuestran un entendimiento del potencial productivo del país. Incentivar estos sectores equivale a indicar, como es lógico, que para Colombia es mucho más rentable convertirse en un exportador de productos terminados y bienes manufacturados que de materias primas; a la larga los mercados pagan más por una libra de café lista para consumir que por una libra de café en grano listo para procesar.

Sin embargo, cuánto de los recursos de la bonanza se dirijan a fortalecer estos cinco sectores de la economía es irrelevante si el modelo económico permanece intacto. A menos que haya una reestructuración en los mecanismos de distribución del ingreso y de las utilidades de las compañías hacia el grueso de los empleados, será difícil que estos recursos generen mayor bienestar social expresado como mayor igualdad en la distribución del ingreso per capita, menor porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza y mejor calidad de vida para la población de la tercera edad.

* Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales. Master of Science en finanzas de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor Investigador Cipe – Universidad Externado de Colombia.
germanf.forero@uexternado.edu.co
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