Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2010/09/09 00:00

¿Qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura?

Son inadecuadas las propuestas de reforma del Gobierno Nacional acerca del Consejo Superior de la Judicatura.

Juan Fernando Jaramillo

El gobierno nacional acaba de presentar un proyecto de reforma constitucional en el que propone la sustitución del Consejo Superior de la Judicatura.

La propuesta del Gobierno no sorprende a nadie. En realidad, la existencia de las dos salas del Consejo Superior de la Judicatura ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, surgen muchas dudas acerca de cuán apropiadas son las fórmulas de reemplazo propuestas. Por eso, creo que lo más indicado sería introducir reformas puntuales al Consejo Superior existente.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria investiga y disciplina a los jueces y abogados. Pero tiene el gran problema de que el origen de sus siete magistrados es eminentemente político -son elegidos por el Congreso de la República de ternas presentadas por el Presidente-. Las suspicacias que ello genera se vieron confirmadas con los nombramientos durante el Gobierno de Uribe y con los fallos de esta Sala en los que se invalidaron sentencias de la Corte Suprema de Justicia en asuntos de la yidispolítica y la parapolítica.

Por su parte, la Sala Administrativa se encarga del gobierno y la gerencia de la Rama Judicial. Sus magistrados son designados por las otras Altas Cortes, lo que asegura su independencia del Gobierno. Sin embargo, tienen el gran problema de que no representan a ninguno de los actores del sistema judicial. También se ha cuestionado si para la administración de la Rama es necesario contar con una Sala de seis magistrados de tiempo completo, además del director ejecutivo de la administración judicial.

En la iniciativa del Gobierno se propone que los abogados sean disciplinados por el colegio nacional de abogados y que los jueces lo sean por la Procuraduría. La propuesta es problemática. Por una parte, porque si bien la idea del colegio es atractiva y se ajusta a una tendencia internacional de establecer la colegiatura obligatoria para los abogados, lo cierto es que en Colombia no existe todavía ese colegio.

Y por la otra, porque la atribución a la Procuraduría de la función disciplinaria sobre los jueces posibilita que esa labor sea utilizada para persecuciones políticas, máxime si se tiene en cuenta que también se propone cambiar la fórmula de elección del Procurador, para que éste sea elegido por el Senado de terna presentada por el Presidente de la República. Además, cabe preguntarse si con ello no se agravaría aún más el retraso de esta justicia disciplinaria.

El Gobierno propone que la Sala Administrativa sea reemplazada por una Sala de Gobierno, que estaría integrada por siete personas, a saber: los tres presidentes de las altas cortes, tres delegados de los mismos y un representante de los magistrados y jueces. Pero esta fórmula no soluciona completamente el problema de la falta de representatividad de la Sala, pues los presidentes de las altas cortes no están al tanto de los problemas concretos que afronta la justicia en las diversas regiones del país -ni es esa su función-.

Por eso, todo indica que la propuesta del gobierno no es adecuada. Mejor sería moderar o eliminar la influencia política en los nombramientos de los magistrados de la Sala Disciplinaria. A su vez, lo más apropiado sería que a la Sala Administrativa concurrieran representantes de los actores de la justicia, es decir, de las altas cortes, los magistrados, los jueces, los empleados judiciales, los fiscales y los abogados litigantes. Todos ellos actuarían como una especie de junta directiva que dictaría las políticas que debe seguir el gerente de la Rama Judicial. Y en este sentido, se podría pensar que por lo menos algunos de ellos actuaran en esa función solamente de tiempo parcial.

De todos modos, bienvenido sea el debate acerca de cuál debe ser nuestro modelo de administración de la justicia. Ciertamente, el actual ha tenido serios problemas. Sin embargo, no podemos negar que con el actual Consejo Superior se ha asegurado la independencia de la Rama Judicial y se han logrado importantísimos desarrollos en temas como el de la carrera judicial, algo que considerábamos hasta hace poco parte de los muchos sueños inalcanzables de los colombianos.  
  



Juan Fernando Jaramillo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador de DeJuSticia. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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