¿Qué hacer con la justicia? Justicia

Durante los últimos diez años han existido muchos propósitos del ejecutivo y del legislativo de meterle la mano a la justicia, no para que haya justicia para la gente del común, sino para someter a los jueces y quitarles funciones, con el fin de que los delitos de los grandes criminales queden en la impunidad. La reforma presentada por el gobierno Santos y su ministro del interior, Germán Vargas, no estaba exenta de esa filosofía. Cuando alguien necesita escribir 270 páginas en una Exposición de Motivos, para justificar una reforma, es porque esa reforma no se necesita. Para que la justicia tenga más dinero, más jueces, más locales, más tecnología, no se necesita una reforma constitucional. Hay instituciones que ni siquiera necesitan una ley estatutaria para que la justicia funcione. Que el Consejo de la Judicatura no actúe de juez ordinario, sino que administre bien el aparato judicial y discipline jueces, magistrados y abogados. Que termine la sobreactuación de los jefes de la Fiscalía, de la Procuraduría y la Contraloría; que persigan el delito, disciplinen los funcionarios públicos, vigilen los recursos del Estado desde sus despachos, y no desde los micrófonos, las pantallas y los directorios políticos como lo vienen haciendo. Que la investigación y el juzgamiento de los congresistas tenga dos instancias; eso ya está establecido como principio en la Constitución (art. 29); solo se necesitaría una ley estatutaria que diga que la primera instancia la adelante la sala penal, y la segunda la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Que el Congreso haga juicios políticos a los altos funcionarios de la Nación, como está concebido en la Constitución. Pero que lo haga.

Como la verdadera razón de ser de la reforma era dejar sueltos a los criminales, cinco minutos después de la conciliación, los abogados ya estaban pidiendo la libertad de sus clientes. Pero también, de manera simultánea el pueblo indignado comenzó a salir a las calles, a los medios de comunicación y las redes sociales a pedir la revocatoria del acto legislativo recién aprobado, recurriendo al mecanismo de la recolección de firmas. La gente lo hacía obedeciendo más al pálpito de las emociones que al razonamiento cerebral. Ese instrumento de las firmas podría resultar eficaz después de dos años, una vez superados varios obstáculos. Pero si lo que pretendía el pueblo era castigo para los grandes bandidos, mientras se tramitaba el referendo revocatorio, los criminales ya habrían quedado en libertad y habrían abandonado el país para huir de la justicia, como lo hicieron María del Pilar Hurtado y Luis Carlos Restrepo.

¿Qué sigue ahora? De todos los flancos –más de la derecha que de la izquierda– llueven alabanzas al pueblo, a la opinión pública, a la gente por haber tumbado la reforma constitucional. Sin embargo, no se puede pensar que con el archivo del acto legislativo todo terminó. Por el contrario: la tarea apenas empieza. Tampoco se puede esperar un referendo revocatorio del Congreso. Lo revocamos y al día siguiente ¿qué hacemos? Habrá nuevas elecciones y saldrán elegidos los mismos o sus mujeres, sus hermanos, sus hijos, sus queridas, y todo no sigue igual, sino peor. Ya tuvimos esa lección: en el 91 fue revocado el Congreso y a partir del 92 vinieron los parapolíticos. La indignación ciudadana no solo debe pensar en la táctica de la coyuntura, sino en la estrategia del poder. Quienes pretendan convertirse en alternativa de poder para el 2014 deben darle varias vueltas a Colombia. No esperar a que los medios masivos de comunicación o las redes sociales los impulsen, los unjan y los catapulten. El talento es una larga espera, pero no apoltronados en la comodidad de la gran ciudad, sino en el trabajo sin desmayo por todo el país.