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Opinión

  • | 2017/06/13 08:43

    Whitaker: "America first" y la extradición en la JEP

    ¿Qué hay detrás de la impertinente y agresiva carta del embajador de Estados Unidos en Colombia?

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No nos debe extrañar la frescura con que el Gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. Así ha sido siempre, durante muchos años de relación bilateral; y eso ocurre porque los presidentes de ayer y de hoy lo admiten, sin reparo alguno, sin reclamar reciprocidad.

Eso explica cómo el imperioso embajador de ese país en Colombia tiene la osadía de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando una decisión judicial que es de su absoluta y soberana competencia. En Colombia la justicia toma una determinación y los colombianos, estemos o no de acuerdo, la acatamos y la respetamos, pero el señor Kevin Whitaker, no.

Tímidamente el presidente Santos, sin mencionar al diplomático, respondió que los fallos de la justicia no deben ser puestos en tela de juicio ni por autoridades nacionales y mucho menos extranjeras. ¿Suficiente respuesta? A mi entender, la reacción del Gobierno debió ser mucho más formal y con nota oficial de la Cancillería a la que, dicho sea de paso, el funcionario ignoró puesto que envió su comunicación directamente a la Corte Suprema, con copia al presidente, a todas las autoridades judiciales, al consejero de Paz y a su asesora, y no a María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores. Qué indelicadeza.

Pero más allá de esta intromisión lo grave de su carta a la corte es el desmedido cuestionamiento que hace al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc, tras expresar su desacato por una decisión judicial, al amparo de la JEP, que favoreció, recientemente, a un guerrillero de las Farc sindicado, en su país, de haber secuestrado a un ciudadano estadounidense. Asegura, el embajador, que “la decisión de la corte es inconsistente con las metas del Proceso de Paz y por ello pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados con dicho acuerdo”. Pero, como si fuera poco, el diplomático, intimidante, advierte que esta decisión, repito, soberana de la corte, “desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

Vea pues, como si la tal bilateralidad en materia de justicia hubiese funcionado. De recíproca no tiene la más mínima decencia. En materia de narcotraficantes, pregunto: ¿de qué nos ha servido llenar de extraditados colombianos las cárceles norteamericanas? ¿Cuáles han sido los beneficios? El negocio sigue tal cual. Allá les mandaron a la más temida banda de paramilitares: les han sacado toda la verdad y nada sabemos, como debería ser, sobre sus alianzas criminales en este país.

El anterior era un apunte pertinente. Pero volvamos al documento de marras. Llama la atención cómo el embajador revela el seguimiento que desde su oficina le hicieron a la decisión del magistrado y la sala penal de la corte sobre el caso del guerrillero de las Farc y con un nivel de detalle que sorprende, cuenta que “los hechos investigativos que hemos obtenido y que reposan con las autoridades colombianas, dan a conocer que el supuesto permiso que portaba Lemos (el guerrillero de la discordia) fue generado por las Farc y no autorizado por ninguna entidad del Gobierno de Colombia. Efectivamente Lemos se otorgó el permiso a sí mismo”.

Y remata su misiva el embajador Whitaker notificando que el objetivo es “asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”; palabras más palabras menos hay que extraditarlo. “América First”. Es decir, para su Gobierno, para Donald Trump, el Acuerdo de Paz no cuenta y, por supuesto, lo pactado en materia de no extradición, tampoco.

¿Qué hay detrás de la impertinente y agresiva carta del embajador de Estados Unidos en Colombia? Me aventuro a proponer dos hipótesis: una, que su gobierno, el de Trump, está inconforme con lo pactado en materia de extradición con las Farc (Artículo 72-AF); y dos, que el embajador lanza estos cuestionamientos por el caso del guerrillero Lemos, que son los mismos que se esgrimen contra la cúpula de las Farc, para propiciar una indebida presión contra senadores y representantes ahora que el Congreso debatirá la ley estatutaria que le da vida a la JEP con la subsiguiente responsabilidad de aprobar tal cual lo acordado o meterle la mano a los alcances de la extradición.

¿Quiere incidir Washington en el desarrollo de la JEP y evitar que la no extradición de los guerrilleros de las Farc, pactada en el Acuerdo Final, se rectifique o que se alteren esas pretensiones? Está bien que el embajador se preocupe por la suerte del ciudadano americano que fue secuestrado, pero nosotros los colombianos también tenemos derecho a preocuparnos por acabar una guerra que incluso Estados Unidos ayudó a fecundar.
@jairotevi

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