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ALFREDO RANGEL

¿Qué será lo que quiere Silva?

El enfrentamiento Uribe-Santos se sustenta en el abandono de unas políticas de seguridad y en las condiciones del proceso de paz.

Alfredo Rangel, Alfredo Rangel
26 de enero de 2013

Según el señor Gabriel Silva, el enfrentamiento entre Uribe y Santos no tiene justificación alguna. Será el único colombiano que piensa así. Tendría que haber estado alguien totalmente ausente, ajeno o ignorante del debate político nacional de los últimos dos años, para no haberse enterado de las diferencias políticas de fondo que hay entre ellos. Son públicas y conocidas. No son solamente diferencias de carácter o de estilo, que también las hay, sino divergencias claras sobre la forma como se deben afrontar los principales temas nacionales.

Dice Silva que Santos no traicionó, sino que continuó, las políticas de Uribe, en particular la política de seguridad democrática, y para demostrarlo trae a colación el “proceso de paz” y los indicadores de seguridad. Esto es evidentemente falso.
 
Santos cambió totalmente la política de paz de la seguridad democrática y regresó a planteamientos que ya se creían superados, volviendo a cometer los errores del pasado. La seguridad democrática siempre puso unas condiciones muy exigentes a cualquier grupo terrorista que aspirara a realizar diálogos de paz con el Gobierno. Uribe jamás habría aceptado unas conversaciones de paz en medio de la continuación y el incremento del terrorismo. Siempre exigió que para sentarse en una mesa de conversaciones, los terroristas deberían primero entregar a todos los secuestrados, dejar de sembrar minas quiebra-patas, cesar los ataques contra la infraestructura económica, abandonar el narcotráfico, terminar los ataques contra la fuerza pública, dejar de reclutar niños para sus filas, en fin, cesar el terrorismo. Eran los inamovibles. Estos hicieron parte del discurso con el que Santos se hizo elegir, pero fueron luego echados por la borda para iniciar conversaciones con las FARC. Es imposible encontrar aquí una continuidad. 

Uribe siempre dejó claro que la sustancia de las conversaciones se debería limitar a acordar las condiciones de desmovilización, desarme y reinserción de esos grupos a la vida civil, con facilidades económicas y garantías de seguridad personal. Los temas de la agenda nacional nunca estarían sobre la mesa de conversaciones, pues esos grupos terroristas no tienen ninguna representatividad social ni política para negociar con ellos la agenda nacional. Santos ha aceptado discutir y acordar con la guerrilla nada menos que la suerte del campo colombiano y las reformas políticas e institucionales del país. Aquí tampoco hay ninguna continuidad. 

Adicionalmente, la seguridad democrática creó un instrumento de justicia transicional, la Ley de Justicia y Paz, que exigía a los terroristas desmovilizados verdad, justicia y reparación a sus víctimas, como condición para obtener rebajas sustanciales a sus condenas por crímenes de lesa humanidad. Esto Santos también lo echó por la borda. Su Ley Marco para la Paz es una amnistía anticipada que garantiza la impunidad total para la guerrilla por sus crímenes de lesa humanidad pasados, presentes y futuros. ¿Cuál continuidad, señor Silva? 

De otra parte, el desmonte de la política de seguridad es lo que explica el retroceso que en este tema vive el país y que es percibido por la opinión pública, según lo demuestran todas las encuestas. El desmonte de los programas de informantes y soldados campesinos, la exclusión de las Fuerzas Militares en el combate contra las bacrim, la contemporización con Chávez y su apoyo a la guerrilla, la ambigüedad frente a las drogas ilícitas, la limitación del fuero militar, la impunidad para la guerrilla y los diálogos de paz sin condiciones, son parte de ese desmonte de la seguridad democrática. Y eso nos está pasando su cuenta de cobro. 

Mientras Uribe con sus políticas y liderazgo redujo a la guerrilla a menos de la mitad y limitó aún más su violencia contra la sociedad y el Estado, el país vive hoy un rebrote de violencia terrorista que es demostrado por los indicadores del propio Ministerio de Defensa. El año pasado los atentados contra el oleoducto crecieron 173 por ciento; contra las torres de energía, 22 por ciento; contra los puentes, 400 por ciento; los hostigamientos contra la fuerza pública aumentaron 13 por ciento; las emboscadas, 48 por ciento; los ataques contra instalaciones, 54 por ciento; la extorsión, 9 por ciento; el terrorismo, 52 por ciento; además, los retenes de la guerrilla se incrementaron en 151 por ciento. Los resultados de Santos en seguridad no son, como dice Silva olímpicamente y sin sustento, “mejores y mayores” que los de Uribe. ¿Cuál continuidad, señor Silva? 

Por supuesto que aquí no hay continuidad, sino abandono de unas políticas que, aunque no dejaron el país hecho un paraíso de seguridad, estaban dando excelentes resultados, como lo reconocen el país y la comunidad internacional. Si se hubieran continuado esas políticas, estaríamos hoy mejor y no peor que hace dos años, como lo demuestran las cifras y las encuestas. 

Entonces, con sus planteamientos contraevidentes, ¿Qué será lo que quiere Silva? Pues atribuir a un simple capricho de Uribe el debate sobre estos temas esenciales, capricho que, según Silva, estaría ocultando su supuesta ansia de hacerse reelegir. Se equivoca. Uribe lo que quiere es corregir esas desviaciones y volver a enderezar el país por el sendero exitoso del mejoramiento de la seguridad, el cual abandonó evidentemente el presidente Santos. Ni más, ni menos.