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Opinión

  • | 2006/07/01 00:00

    ¿Que se vaya la Oficina de la ONU?

    “El gobierno saldría perdiendo si el Vicepresidente vuelve esto una causa personal y no renueva el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos”, dice Jorge Iván Cuervo.

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El Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha abierto el debate sobre la posibilidad de terminar o de modificar sustancialmente el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos.

En una intervención ante el nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Santos señaló la inconformidad del gobierno con la forma como ha sido interpretado el mandato de la Oficina por algunos de sus directores, sin la comprensión necesaria del contexto en que se adelanta la lucha del Estado colombiano por lograr mejores estándares de protección de los derechos humanos, y con una actitud orientada a resaltar las dificultades, minimizar los logros, y optando por el señalamiento, la descalificación y la parcialidad ideológica. Incluso se supo, por informaciones de prensa, que el propio Vicepresidente adelanta gestiones para lograr un acuerdo político en el interior de la coalición de partidos que respaldan al Presidente Uribe para que no se renueve el mandato de la Oficina y, en consecuencia, se termine su presencia en el país.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos surge como un acuerdo entre el gobierno del Presidente Samper y la ONU, como respuesta a los requerimientos surgidos en la antigua Comisión de Derechos Humanos sobre la necesidad de establecer un Relator Geográfico para Colombia, una aspiración de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ante la reticencia de los distintos gobiernos por implementar las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas y de otros mecanismos de protección regional como el de la OEA. El gobierno de entonces negoció la figura del Relator, que podía ser visto como un castigo excesivo a un país que estaba haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar la situación, por la presencia de un representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos con la misión de observación, asesoramiento y presentación de informes analíticos de la situación de derechos humanos.

El gobierno del Presidente Uribe nunca se ha sentido cómodo con la presencia de la Oficina, ni con la de otros mecanismos de cooperación y supervisión internacional en materia de derechos humanos. Su actitud siempre ha sido, al menos públicamente, reactiva. Uno de los ejes centrales del discurso del Vicepresidente Santos ha sido el de neutralizar la diplomacia negativa de las ONG de derechos humanos, las que a su juicio, son las principales responsables de la mala percepción que se tiene de Colombia en el exterior. Es la vieja discusión sobre si es un problema de imagen o de realidad.

Los diez años de la Oficina en Colombia es una oportunidad para valorar el impacto de su gestión, pero también para revisar la actitud de parte de los distintos actores que han interactuado con ella. Los gobiernos le han dado todas las garantías para su funcionamiento, tanto de interlocución como de acción. El problema ha estado en los pronunciamientos que los gobiernos generalmente no comparten. Considero que el procedimiento de la Oficina de presentar públicamente sus informes antes de haberlos discutido –no concertado- con el gobierno puede afinarse para evitar enfrentamientos innecesarios que terminan por eclipsar las recomendaciones sustanciales.

La sociedad civil, y en especial las organizaciones de derechos humanos, deben reflexionar sobre si ellas han cumplido a cabalidad con lo que les corresponde para el desarrollo del mandato de la Oficina. En ocasiones, existe la impresión de que han excedido los requerimientos para que intervenga, más que como un mecanismo complementario, como uno sustitutivo de las autoridades nacionales. Si bien la Oficina tiene la función de recibir quejas por violaciones sobre derechos humanos, su deber es tramitarlas ante las autoridades competentes pues no tiene funciones ni de investigación ni de juzgamiento.

El asesoramiento a otros entes estatales, como el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, en la vía de formular recomendaciones para mejorar su actuación en la protección de derechos humanos, es parte del mandato de la Oficina y en modo alguno vulnera la soberanía interna, como algunos han querido sugerir.

El debate trasciende el estilo de interlocución de cada director. Se decía que la primera directora, la española Almudena Mazarrasa, era condescendiente con el gobierno y desconfiada ante las ONG´s; se decía del sueco Anders Kompass, que quiso darle un mandato demasiado intelectual y etéreo; del suizo Michael Fruhlig, se ha dicho que tenía un actitud prepotente y cierto tonito de superioridad europea ante un país que percibía al margen de la civilización. La actual directora encargada, la peruana Carmen Rosa Villa, al pedir una intervención de la Procuraduría en las investigaciones por la muerte de civiles en Antioquia, parece que trazó un estilo que no gusta al gobierno. Esas son trivilialidades para la prensa del corazón. Lo esencial es que los directores y los funcionarios de la Oficina cumplan a cabalidad con su mandato, que los gobiernos entiendan la naturaleza y alcance del mismo, que la sociedad civil comprenda que es un mecanismo complementario y no sustitutivo de las autoridades nacionales y que la discusión pública de sus informes es de la esencia de este mecanismo de asesoría y acompañamiento.

El gobierno de Uribe saldría perdiendo si el Vicepresidente vuelve esto una causa personal, un pulso de poderes ante la burocracia internacional de derechos humanos que tanto desprecia, y no renueva el mandato de la Oficina. Lo que si se puede hacer es revisar su mandato, no para reducirlo, sino para mejorarlo y hacerlo más claro. Sería interesante que se convocara a las distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a un diálogo franco y claro sobre lo que debería ser un cambio de mandato, discutir sus pros y sus contras, con el fin de hacer más efectiva la presencia de la Oficina en Colombia.

La Oficina ha cumplido en cuanto a alertar a los distintos gobiernos sobre los riesgos de que se deteriore la situación de derechos humanos, bien sea por actuaciones de las autoridades o por disposiciones legislativas. Advertir al Congreso sobre los riesgos de la ley de Justicia y Paz no excede su mandato. Pedir que las autoridades competentes tomen cartas en un asunto no es desconocer el marco institucional colombiano como lo sugirió un editorial del periódico El Mundo.

Es equivocado pensar, como lo sugiere un sector de la diplomacia colombiana, que el país tiene derecho a un margen de tolerancia en el respeto y garantía de los derechos humanos por la existencia de una situación donde confluyen otros factores de violencia distintos del Estado. Los avances en el tema de derechos humanos en estos diez años se explican porque se ha entendido que es necesario transformar esa presión internacional – a menudo desinformada, ideológica y maximalista- en acciones institucionales y medidas legislativas concretas. Para nadie es un secreto que la presión de Estados Unidos -toda una paradoja dado el estándar de respeto por los derechos humanos en ese país- ha sido determinante para el cambio de percepción sobre el tema en la Fuerza Pública. Con sólo cursos de derechos humanos no se iba a llegar muy lejos.

La Oficina debe seguir, para bien del país y de la propia credibilidad del gobierno. El balance, más allá de los roces comprensibles por los temperamentos de los directores y de los responsables del tema en el Estado, es positivo en cuanto a legitimar el tema de los derechos humanos en una situación de polarización. Como mecanismo pedagógico al Estado ha sido oportuno y efectivo; como garante de los ciudadanos ante la violencia estatal o la de grupos armados ilegales, ha sido fundamental -al igual que la del Comité Internacional de la Cruz Roja-, como mecanismo de comprensión de la situación, tanto en el interior del país como en el exterior ha sido determinante.

La óptica de la Oficina es la óptica que privilegia la comunidad internacional para acercarse a la situación colombiana. El Estado, lo que debe hacer, es mejorar la interlocución y no renunciar a un mecanismo que ha permitido plantear, en un contexto bastante complejo como el colombiano, la necesidad de enfrentar a grupos ilegales que han optado por el terrorismo, sin que eso suponga debilitar la democracia y dejar de respetar por los derechos, ecuación que no todos los Estados han decidido afrontar, como sí lo ha hecho Colombia, con más o menos consistencia.
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