Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/07/24 00:00

¿Qué verdad necesita el país?

Vale la pena saber si, como invita a discutir el ‘Alemán’, la propiedad de un millón de hectáreas en Urabá es de los 'paras' o es de "seis familias muy importantes".

Gerson Arias

La divulgación la semana pasada de un video en donde el miembro del Secretariado de las Farc habla ante unos guerrilleros de algo que parece un aporte económico de este grupo a la campaña del hoy presidente ecuatoriano Rafael Correa, vuelve a colocar en primera plana el valor de las declaraciones de miembros de grupos ilegales o desmovilizados que ponen a “temblar” al país, y a preguntarnos si estamos o no preparados para saber y aguantar todas estas verdades. Esto ha propósito de los 4 años de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que se cumplirán este 25 de julio.

Vale la pena referirse a la naturaleza y valor de estas declaraciones. Resulta bastante singular que ante declaraciones muy graves que vienen haciendo ex comandantes paramilitares en Colombia o desde los Estados Unidos, una buena parte de sectores de opinión asuma la postura facilista de ¿Por qué creerle a unos delincuentes?
 
Esta máxima, parece no aplicarse al caso de las declaraciones de 'Jojoy', cuyas declaraciones son puestas en términos de “irrefutables” por algunos medios. Es como mínimo, un ejercicio de incoherencia brutal.

Ante uno u otro panorama, de guerrilleros o ex paramilitares denunciando sus vínculos con poderes económicos y políticos de orden local o nacional, una pregunta pertinente es saber ¿qué verdad necesita el país? o ¿qué tanta verdad necesita el país?

Hasta el pasado 30 de junio y como parte del proceso de Justicia y Paz, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía había compulsado copias a los organismos pertinentes para que investiguen a 140 miembros de las fuerzas armadas, 209 políticos (120 alcaldes, 28 concejales, 28 senadores, 16 representantes a la Cámara y 17 gobernadores) y 40 servidores públicos, entre los casi 4.000 casos que han sido enviados a investigación.

También, dentro del mismo proceso de Justicia y Paz, el ex comandante ‘Alemán’ ha propuesto al presidente de la CNRR que el país haga un ejercicio en donde se discuta la real pertenencia de casi 1 millón de hectáreas que supuestamente tienen los paramilitares en el Urabá antioqueño, y que en versión del ‘Alemán’, pertenecen a “seis familias muy importantes”.
 
Una invitación que debería aceptarse, pero que atraviesa el dilema de saber qué tanta verdad soporta el país, con relación al involucramiento de poderes económicos, políticos y sociales con el paramilitarismo.

Es cierto que la Ley 975 ha permitido entre otros logros que el país conozca sobre 22.130 homicidios cometidos por los paramilitares y que muchas familias colombianas hayan encontrado a sus seres queridos. Pero también es sensato preguntarse si por esta vía judicial afloraran explicaciones o al menos intentos de indagar sobre ¿Por qué algunos miembros de las Fuerzas Armadas se involucraron con los paramilitares?, 
 
¿Qué relación hubo entre la expansión de los grupos paramilitares y la realización de grandes macro proyectos en algunas regiones del país? ¿Quién llevó o acordó la llegada de los paramilitares a varias regiones del país? ¿Se involucraron grupos paramilitares con sectores o miembros de países extranjeros? Respuestas en donde, gústenos o no, tendrán mucho que decir los ex comandantes paramilitares que aún siguen en Colombia y aquellos que han sido extraditados a los Estados Unidos.
 
Situación difícil de concretar cuando sabemos que muchos de ellos y sus familias están amenazados, y cuando no existe ningún acuerdo escrito que permita, más allá de la buena voluntad de los extraditados, continuar con las versiones libres de estos paramilitares desde este país.

A cuatro años de vigencia de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, es oportuno preguntarse si este marco jurídico es suficiente para dar estas respuestas. ¿Es necesario pensar mecanismos alternativos a la vía judicial para encontrar estas respuestas? Si bien hace cuatro años y sin ni siquiera probar la vía judicial era insensato decir algo de esto, hoy en día el debate hay que abrirlo.

La verdad sobre la barbarie paramilitar y guerrillera, no se puede quedar enterrada. Para ello la elección de un Fiscal decente y competente será definitiva, así como la continuidad de los procesos de Justicia y Paz.

 
* Gerson Arias es Coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz.


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