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Opinión

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No será tanto el hacinamiento que existe en los centros de reclusión en Colombia si es posible que un preso dé un baile de vestido largo en la cárcel, como según cuenta la revista Cambio16 acaba de hacer el ex ministro Fernando Botero en la Escuela de Caballería. Ni don Pablo Escobar en su 'Catedral' tuvo esos privilegios. Se queda uno pensativo: ¿Hubo camareros contratados, o sirvieron la comida y los tragos soldados del Ejército? ¿Cachearon a los invitados a la entrada para cerciorarse de que no llevaban armas? ¿Les alzaron los vestidos largos a las invitadas para practicarles el tacto rectal y vaginal que en las prisiones normales suele hacerse en la cola de las visitas conyugales? Tuvo que ser un baile extraño. Y de todos modos ¿en el reglamento del Inpec se contempla la posibilidad de que los reclusos den bailes? Pero mientras en una cárcel cabe un baile de gala, el gobierno y el Congreso utilizan el argumento del hacinamiento que existe en las demás (42.000 presos para 16.000 cupos) para inventarse la vagabundería de la rebaja de penas para todos los presos, incluidos los que dan bailes.El hacinamiento carcelario, y en general el de las condiciones miserables en que se obliga a vivir a los presos colombianos, es real. Pero es viejo. Y a ningún gobierno, a ningún político, se le había ocurrido nunca que mereciera la pena buscarle una solución, así fuera tan absurda como esta de soltar a los presos. Sólo se plantea ahora, y no porque los presos de siempre hayan crecido en número, sino porque un par de docenas de políticos han ido a dar a la cárcel o están a punto de hacerlo. Hay que soltarlos. Para eso son políticos. En Colombia, la práctica de la política profesional se ha convertido en una patente de corso para cometer toda suerte de delitos comunes. Desde hace muchos años eso es así, sin duda, pero en los últimos tiempos, y en particular bajo el actual gobierno, la delincuencia común de los políticos ha alcanzado proporciones de mar de leva. Un verdadero baile.Los escándalos, y no solamente los relacionados con el narcotráfico, son últimamente tan numerosos que las páginas de los periódicos no dan abasto para cubrirlos todos. El Incora, el Inurbe, Caprecom, las termoeléctricas de los senadores: ya nadie habla de Colpuertos, ya nadie habla de las platas robadas en las campañas electorales. Y no me refiero sólo a las recientes denuncias de la primera dama contra los más cercanos colaboradores de su marido que se quedaron con la contribución de los Rodríguez a su candidatura, sino de aquellos otros dineros que la propia campaña le sustrajo al Estado mediante la presentación de cuentas amañadas, y que no son recuperables, dicen, porque el responsable no aparece. No debería ser difícil de encontrar, revisando la nómina de los cargos diplomáticos: pero en fin, el caso es que no lo encuentran, o no han querido buscarlo. Tal vez se posesionó con una cédula falsa, como hizo el recién elegido contralor de Bogotá para poder mostrar una hoja de vida limpia. Un contralor que falsifica cédulas. Y los concejales lo eligen para ese cargo. Así lo que resulta extraño no es que haya dos docenas de políticos presos por delitos comunes _enriquecimiento ilícito, peculado, robo, apropiación indebida, falsificación en documento público_, sino que haya tantos. Dos docenas: es mucho. Hay que soltarlos.Y hay que institucionalizar de una vez por todas, para que no vuelvan a presentarse estos enojosos casos, el principio de que los políticos no son penalmente responsables de sus actos contra la sociedad. Salvo, eso sí, en el caso de que puedan causar perjuicio a otros políticos. Es la doctrina que acaba de sentar, sin recato pero también sin escándalo, el Consejo Nacional Electoral, al destituir al registrador no por su ineptitud, ni por la turbiedad de sus millonarios contratos otorgados a dedo, sino porque no les inspiraba confianza política.Y que siga el baile.
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