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Opinión

  • | 2011/04/02 00:00

    ¿Quién ataja a verdugos de Arauca?

    Las cúpulas militar y policial tienen el reto de realizar transformaciones profundas en las fuerzas acantonadas en ese departamento.

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La detención del exgobernador Julio Acosta Bernal, algunos golpes de la guerrilla a la fuerza pública y el asesinato de la jueza Gloria Stella Gaona hicieron que el país mirara otra vez hacia Arauca. Así ha ocurrido muchas veces: la violencia, la corrupción o la riqueza desperdiciada en ese departamento fronterizo concitan la atención fugaz de los colombianos, luego nadie vuelve a recordar la tragedia.

Este año deberíamos actuar de modo diferente. Los ojos de las autoridades, el foco de la prensa, la vigilancia de los partidos políticos y la preocupación de la comunidad internacional tendrían que estar sobre Arauca. Los desafíos son muy grandes: desmantelar el gran poder que alcanzó Acosta Bernal, depurar las fuerzas militares, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y contener la expansión de las fuerzas ilegales a lo largo de la frontera.

Así, y solo así, se podría detener el robo y el despilfarro de más de dos billones de pesos que han entrado en los últimos diez años por las regalías del petróleo, disminuir la criminalidad y la violencia que azotan al departamento y aliviar la pobreza y la aguda tensión que vive la población en la línea de frontera.

Lo de Julio Acosta ha sido vergonzoso. Con una orden de captura por alianzas con los paramilitares y participación en asesinatos y en escándalos de corrupción, se movió con libertad por Arauca durante dos años y mantuvo el dominio en la administración departamental y en el gobierno de varios municipios. Ahora Carlos Eduardo Pinilla, quien fuera su secretario de Gobierno, aspira a la Gobernación y cuenta con ingentes recursos para hacerse elegir.

Al lado de esto se recrudece el enfrentamiento con las guerrillas. En los primeros tres meses de este año, las Farc y el ELN han realizado treinta acciones. En la más dura fueron heridos 29 soldados y las bajas oficiales están por encima de cincuenta. A la vez, el Ejército nacional ha realizado diferentes operativos que han permitido la muerte o captura de algo más de una veintena de guerrilleros.

El ELN ha logrado poner en actividad sus siete estructuras y controla cuatro de los cinco pasos fronterizos ilegales hacia Venezuela, lo cual le ha permitido incrementar su financiación mediante el contrabando de gasolina y una compleja trama de negocios ilícitos. Las Farc, a pesar de los golpes recibidos en el Bloque Oriental, mantienen vivas cuatro estructuras con cerca de 600 guerrilleros y son las responsables de la mayoría de los atentados sufridos por las fuerzas militares en este comienzo de año.

La fuerza pública, con más de 18.000 efectivos, no ha podido controlar la frontera y contener la expansión guerrillera no obstante los grandes esfuerzos y sacrificios que ha hecho. El ambiente de corrupción generalizada de la clase política y los desmanes de algunas unidades militares contra la población golpean su labor. Hechos como la violación y muerte de menores y la sospecha que levanta la muerte de la jueza Gaona ensombrecen la acción del Estado.

¿Es capaz Cambio Radical de negarle el aval a Carlos Eduardo Pinilla? Decisiones de esta naturaleza y una posición de los demás partidos orientada a aislar al grupo de Julio Acosta Bernal y a todos los candidatos que hayan tenido nexos con grupos ilegales, o participado en la corrupción, fortalecerían la democracia y contribuirían a un cambio de rumbo en el departamento.

Las cúpulas militar y policial tienen el reto de realizar transformaciones profundas en las fuerzas acantonadas en este departamento. Se necesita una nueva relación con la población civil, se requieren acciones enérgicas para castigar los abusos que se cometen, es menester la colaboración con la justicia para esclarecer las violaciones a los derechos humanos.

De igual manera, es indispensable aprovechar el buen momento por el que atraviesan las relaciones con Venezuela, para poner en marcha un plan conjunto con el gobierno del vecino país en procura de resolver problemas sociales, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y ampliar el comercio legal, a lado y lado de la frontera.
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