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Opinión

  • | 2007/05/26 00:00

    ¿Quién nos cuenta las verdades de hoy?

    Ofrecerles excarcelación a los para-políticos a cambio de que confiesen sus pecados del pasado, cuando ni siquiera sabemos si el paramilitarismo se ha desmovilizado del todo, y menos si persiste su complicidad con los políticos, es apenas un sofisma de distracción.

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En los agitados días pasados, la verdad del conflicto armado ha estado en el centro del debate público. En la tercera sesión de su versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso salpicó a santos y pecadores y explicó con convicción –como sacada del vilipendiado libro Paramilitarismo de Estado en Colombia– cómo hubo una política de Estado para combatir a la guerrilla, bajo la cual ellos combatieron en forma orgánica con los militares y recibieron el apoyo de empresarios y multinacionales. Luego, ‘Ernesto Báez’ le dijo, como enviando un mensaje tácito, al Washington Post, que las AUC tenían alianzas con quienes influían en las regiones donde operaban y que no sería posible pensar que esta “gente de la política, de la empresa y los militares pudieran operar sin estar en contacto con el jefe de jefes”. Días después, el ex director del DAS Jorge Noguera, incurso en un accidentado proceso judicial por delitos graves, se sumó al coro de verdades, anunciando que tenía una prueba-reina de la “Farcapolítica” (que luego, al parecer, resultó un fiasco) y le recordó al país que también hubo políticos cómplices del terror guerrillero.

Por último, salió a la palestra el presidente Uribe con la novedosa propuesta de excarcelar a los auxiliadores de los grupos ilegales armados, a cambio de que confesaran la verdad. Sería una manera, dijo, de pasar la página de la infamia y encontrar la reconciliación.
Quizá si hubiera llegado en otro momento, la propuesta presidencial de incentivar la verdad con beneficios legales habría sido mejor recibida. Pero dicha como corolario de esta suerte de “ofensiva” para lanzar unas verdades que asustaran lo suficiente como para que todos quisieran cerrar rápido el vergonzoso capítulo, la idea de Uribe se sintió como una eficaz movida política para comenzar a ambientar una ley de punto final.

Aun así, si Colombia estuviese ya cerca de superar su conflicto armado, entonces pensar en beneficios jurídicos generosos para incentivar que se sepa la verdad completa sería una propuesta que ayudaría a cerrar las heridas del pasado, propiciar el perdón y seguir adelante en paz. Así lo hicieron: Suráfrica, cuando ya se había desmontado el apartheid; Argentina, cuando la dictadura había caído, y El Salvador, cuando cesó la guerra.

Pero una propuesta semejante, en medio del conflicto y con el inminente riesgo de presiones indebidas de paramilitares, guerrilla y narcotráfico para las próximas elecciones de octubre, suena vacía.
Darles alicientes a los políticos hoy presos para que cuenten la verdad tendría que empezar por incluir en esa la verdad que nos cuenten lo que hoy sucede. ¿Cómo podemos confiar en que nos van a contar lo que verdaderamente hicieron en el pasado, si muchos de ellos siguen haciéndolo en el presente?

Todavía no sabemos si todos los jefes de las AUC realmente han dejado de delinquir, y, a juzgar por las revelaciones de las grabaciones clandestinas revelada por SEMANA, existen razones de peso para dudarlo. Tampoco sabemos si algunos políticos presos o investigados, y muchos otros que aún no lo están, siguen conspirando con paramilitares en actividad para ganar las próximas elecciones, pero los observadores electorales ya están detectando graves indicios. Menos aun conocemos si la política sigue siendo financiada por el narcotráfico, pero después de las millonadas que gastaron algunos partidos en las últimas elecciones de Congreso, las sospechas son fundadas.

Y aunque la Fuerza Pública como institución ha hecho un esfuerzo considerable por deslegitimar cualquier complicidad con el paramilitarismo, tampoco podemos saber a ciencia cierta hasta dónde quedan en sus filas oficiales que aún creen que los paramilitares son aliados necesarios para combatir a la guerrilla y buscan su ayuda activamente. Ni siquiera contamos con mecanismos lo suficientemente eficaces para que los candidatos a gobernadores y alcaldes, o empresarios, que estén siendo chantajeados por guerrillas o paramilitares, puedan denunciarlo y sacar así del juego a quienes estén haciendo trampa.

Por eso es que no se ve cómo excarcelar a los cómplices del paramilitarismo pueda conducir a la paz, ni cómo eso nos asegura que hoy no le sigan jugando sucio a la democracia. En lugar de lanzar ideas distractoras, el Presidente debería concentrarse en sacar adelante el proceso que empezó hace más de cuatro años con las AUC. Tendrá sus manos llenas hasta 2010 con sólo hacer lo que esté a su alcance para que la desmovilización y Ley de Justicia y Paz se desarrollen con éxito, cumpliéndoles a las víctimas y asegurando el desmonte definitivo del paramilitarismo. Y encima debe blindar las elecciones para se respete de verdad la voluntad del pueblo y no la imposición de los fusiles. Lo demás, déjeselo a la Corte y a los Fiscales para que hagan su trabajo, caso a caso, y le den a cada cual la sentencia que merece según el delito cometido. Ese sí que es un camino más cierto hacia la paz.
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