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Opinión

  • | 2006/07/08 00:00

    ¿Quién mató a Galán?

    Santofimio encarna esa sociedad que aún no hemos logrado superar y que es la verdadera asesina de Galán.

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Avanza el juicio por el asesinato, en 1989, del candidato presidencial Luis Carlos Galán. El acusado, Alberto Santofimio, representa el típico ejemplar de la fauna política de la época. Ese dirigente tradicional, portentoso orador y miembro del Partido Liberal, al que también perteneció su socio político Pablo Escobar, no es la excepción de un período vergonzoso en el que el narcotráfico comenzó a confundirse con la élite colombiana.

En los años 80, el único político contundente en la lucha contra las mafias fue Galán. Su posibilidad de gobernar atentaba no solamente contra las cabezas de los carteles, sino contra una red económica, social y política que sustentaba gran parte del poder, legal e ilegal. La sociedad en su mayoría aceptó, toleró o usufructuó el narcotráfico.

La dirigencia política convivió con “Pablo”, disfrutó de su “generosidad”, compartió intereses y no le importó hipotecar el futuro del país al narcotráfico y la violencia. Al Congreso lo arrodillaron, al punto que el partido de gobierno terminó dividido frente a la extradición en el intento de la administración Barco de reformar la Constitución. Aún resuenan las frases valientes del ex presidente Carlos Lemos, entonces Ministro de Gobierno, cuando retiró el proyecto ante lo que se iba a convertir en una legislación para los capos.

La muerte de Galán era un imperativo para muchos. Los narcotraficantes temían la extradición, los políticos vieron una amenaza reformista a las condiciones que les permitían monopolizar el poder político en un sistema fundamentado en el clientelismo y la corrupción y los sectores económicos trabajaban las jugosas ganancias del tráfico de drogas.

Cinco años después, el proceso 8.000 le dio la razón. Se corrió el velo de un contubernio que vinculó con dineros calientes a la clase política y la delincuencia organizada. Ante el primer escándalo de ese tipo (1983), el bipartidismo propuso la creación de un “Tribunal de Honor” para adelantar investigaciones y tomar correctivos. Nunca se conocieron los resultados de la pesquisa ni las esperadas medidas. Esa actitud se mantiene. La llamada “apertura democrática” de Betancur no incluyó disposiciones que blindaran la política contra la influencia del narcotráfico. La Constitución de 1991 tampoco, ni la reforma política de 2003. El tema parece no importar a los gobiernos y a quienes expiden las leyes.

La elección parlamentaria de 2002 ratificó que la mafia mantenía incólume su capacidad corruptora y mostró sin tapujos su influencia en el poder político. Sólo así se puede entender la declaración de Mancuso sobre la relación del paramilitarismo narcotraficante con la elección de más del 35% de los congresistas. Pero, al igual que hace dos décadas, contó con la indiferencia general y preocupó genuinamente a muy pocos políticos, académicos y voces independientes.

En este tema, a veces la ruta parece ir hacia el pasado. ¿Cómo se puede explicar que los grandes capos se muevan en el Valle del Cauca, conformen ejércitos privados y en casos aislados sometan a miembros de la fuerza pública a su mando? ¿Cómo es posible que se conozca la ubicación de las fincas en las que se ocultan periódicamente los “traquetos” y no haya sido posible capturarlos? La respuesta pasa por la complicidad de vastos sectores de la sociedad, la debilidad del Estado y la imposición del crimen.

Pero la invocación del pasado no es exacta. Vale la pena cuestionarse sobre cómo los herederos de Pablo Escobar, narcotraficantes disfrazados de paramilitares y paramilitares convertidos en narcotraficantes, lograron lo que él no pudo: impunidad de la justicia con la excusa de ser actores políticos del conflicto armado interno. Ahora su meta, como fue la de Escobar, es evitar la extradición a Estados Unidos sin importar el costo. Lo mismo pretenderán algún día las Farc.

Santofimio encarna esa sociedad que aún no hemos logrado superar y que es la verdadera asesina de Galán. Una sociedad cómplice, por indiferente, que en algunos sectores sigue aceptando en voz baja el narcotráfico, que juega en la delgada línea que distingue lo legal y lo ilegal, que es suave y alcahueta con el paramilitarismo metido hasta los tuétanos en el negocio, e indolente con las víctimas del conflicto armado. El proceso judicial que se adelanta en su contra es la oportunidad para hacer un juicio despasionado pero crudo de la sociedad colombiana de las últimas décadas. ¡Hagámoslo!

*Profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
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