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Opinión

  • | 2001/01/01 00:00

    ¿Quién nombra a quién?

    Han quedado a la vista los intereses políticos que se esconden detrás de la designación de un Fiscal

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En este tire y afloje de prolongar o no el período del actual fiscal de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez (el sonado proyecto de homologación de períodos con el del Presidente de la República), se dejó ver lo que inútilmente se había querido tapar, que el nombramiento del Fiscal por el gobierno de turno toca las fibras más sensibles de la política.

Sin disimulo alguno se pretendió que el presidente Pastrana no nombrara (o no propusiera en terna ante la Corte) al Fiscal General, facultad que tuvo su antecesor, habiendo escogido entre sus amigos al continuador del proceso 8.000. Sin que en ese momento fuera reato para nadie que el Presidente, nominador del Fiscal, y el famoso tercero al que favorecían, como afluentes, los distintos comprometidos en el proceso, coincidieran en la misma persona.

Es la ley del embudo, que pensaron estrecharle al actual gobierno, mientras el Fiscal de origen samperista ha podido actuar a sus anchas, como investigador y como juez, que puede decretar carcelazos, y los ha decretado en contra de personajes muy cercanos a la administración Pastrana, con un claro trasluz de vindicta política.

El vicefiscal, Jaime Córdoba, ha escrito a esta revista, en respuesta a Lorenzo, con formales palabras —no era para menos, dada la defensa intuitiva que aquí se hizo de su conducta—, pero con la intención principal de defender a su jefe inmediato, el fiscal Gómez Méndez. Lo que demuestra lealtad al superior, al tiempo que reafirma la condición del subalterno.

Pero de ninguna manera podía el doctor Córdoba hacer uso extensivo de lo aquí expresado, para acomodar en mis palabras sus particulares apreciaciones. Dice así el vicefiscal, en respuesta a Lorenzo: “El columnista (…) califica como equivocado el procedimiento al que acudió Leyva: la calumnia”. En esta construcción verbal parecería que fuera Lorenzo el que acusara a Alvaro Leyva de calumnia. Pero no, el tema ha sido del funcionario judicial, que ahora utiliza como mampara lo escrito en esta columna. Son estos, precisamente, los apasionamientos y los desvíos de interpretación que no honran a algunos funcionarios, a quienes les tiembla de ira la balanza de la justicia.

Las aclaraciones a cualquier acusación a Gómez Méndez son las primeras en ser acogidas en los distintos medios (SEMANA entre ellos), dentro de la selección de cartas del lector o mediante cualquier informe, como los muchos que se han publicado, que acreditan su gestión y la parangonan con la de su antecesor, el doctor Valdivieso, acusador del presidente Samper y, sin ir muy lejos, su copartidario.

Así vamos muy bien, con una Fiscalía comprometida, con unos funcionarios que medianamente pueden controlar su iracundia y que disfrazan su proceder en “los más elevados principios de la administración de justicia”. El sistema, fruto también de la equivocada reforma del 91, debería ser contrarreformado, pues se ha evidenciado que se han apoderado de él los políticos. Tanto que hoy amenazan con boicotear los proyectos oficiales, ya que no pudieron asignarle al sucesor de Pastrana (que ellos piensan será Horacio Serpa) la facultad de escoger entre sus amigos y defensores al sucesor de Gómez Méndez, quien ha sido elevado tantas veces, y por tantos medios escritos y televisados, a los altares de la imparcialidad.

Entre tanto, bendito sea el asilo y todos los medios que otorguen el Derecho de Gentes y las convenciones de La Habana y Montevideo para escapar de los instructores y jueces que, por debajo de la toga, llevan la consabida lechona, con qué corresponder a sus nominadores políticos, a quienes, además, abrazan y acompañan por la calle de Alcalá, cuando llegan al eterno Madrid, del requiebro y del chotis.

El primero en terna del presidente Samper terminará, pues, su período, sin prórrogas políticas que acaben de desdibujar su función judicial. El doctor Córdoba, por su parte, salta ahora como aspirante a la Corte Constitucional, y suerte tenga en sus pretensiones y cabildeos, si, como a otros, le corresponde hacerlos.

Lorenzo se retira por ahora de este tema de la justicia politizada y no tiene que ir más allá de lo comentado. La Fiscalía ha salido institucionalmente comprometida en este forcejeo para arrebatarle al actual gobierno el nombramiento de su titular, pues han quedado a la vista los intereses políticos que se esconden detrás de esta designación. Claro quedó que cada gobierno nombra el suyo. Serpa no se anduvo con rodeos: pensamos ganar en el 2002 y quiero nombrar el Fiscal, ha dicho

No es este el gobierno de los jueces, hipótesis del filósofo de La República. No. Es la utilización de una función judicial para finalidades de la silvestre política.
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