¿Quién le teme al Juez Garzón?

La labor del administrador judicial no suele tener un impacto histórico, porque su rol principal es el de aplicar el derecho. Al cumplir con su obligación el juez no es un revolucionario, sino un conservador de la institucionalidad. Por tanto cabe preguntarse ¿por qué un juez puede llegar a convertirse en figura histórica en una democracia y trascender las fronteras de su país? Es lo que intentaremos comprender en esta presentación sobre el Juez Baltasar Garzón.

El Juez Garzón ya se había hecho famoso en su propio país por haber contribuido a la desarticulación de mafias que habían penetrado algunas instancias estatales, como sucedió con agentes de la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil. Tentado para la política por el gobierno de Felipe González, fue elegido diputado tras presentarse como independiente en las listas del Partido Socialista Obrero Español –PSOE- en 1993, y poco después nombrado delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, renunció del gobierno y a su acta de diputado decepcionado por la ausencia de políticas claras en la lucha contra la corrupción, para reasumir su labor como juez en mayo de 1994.

Baltasar Garzón ha sido uno de los jueces que contribuyó a la desarticulación de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y de su entorno político y social en el país Vasco, lo que le ha valido el reconocimiento del pueblo español en general. Pero también fue el juez que contribuyó a la investigación y sanción de los miembros del gobierno de Felipe González que promovieron la guerra sucia contra ETA, el ministro del interior José Barrionuevo y el Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, quiénes desarrollaron un grupo paramilitar en el seno del gobierno socialista entre 1983 y 1987, responsables de graves violaciones de derechos humanos.

También el Juez Garzón, promovió el Protocolo que lleva su apellido, para prevenir la práctica de la tortura en España. Este protocolo contempla que un detenido incomunicado sea sometido a video vigilancia constante y sea examinado por un médico de su elección. De esa forma, se prevendrían los malos tratos y quedaría libre de sospecha «cualquier agente de las fuerzas del orden a quien pudiera haberse acusado injustificadamente de conducta impropia». La aplicación de dicho protocolo al Estado español ha sido solicitado por el relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, Martin Scheinin quien en mayo de 2008 visitó España de manera oficial, insistiendo en la necesidad de que se termine con el régimen de incomunicación de los detenidos sindicados de terrorismo, ya que conlleva una situación «que puede facilitar que se cometan actos de tortura y malos tratos».

Pero lo que hizo famoso al juez Garzón a escala mundial, fue cuando el 18 de octubre de 1998, profirió la orden internacional de detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte por crímenes de lesa humanidad, cuando éste se encontraba en Londres. Esta decisión fue confirmada por el pleno de la sala de lo Penal el 5 de noviembre de 1998 argumentado la competencia de la justicia española a pesar de que los crímenes se habían cometido en territorio chileno.

El 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores británica definió que la inmunidad no se le podía reconocer a Pinochet por la naturaleza de los crímenes que se le imputaban, en particular los contemplados en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y aunque el gobierno británico, finalmente, argumentado razones de salud del ex dictador, decidió repatriarlo a Chile el 2 de marzo del 2000, esta iniciativa del juez Garzón contribuyó a que la voz y derechos de las víctimas fuese escuchada.
 
Esta acción para perseguir crímenes internacionales fue un preludio históricamente importante para que se considerara los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y para que se limitara los espacios de impunidad de los victimarios cuando han sido jefes de Estado o de gobierno.

El Juez Garzón bien podía estar instruyendo un proceso contra la junta militar Argentina por crímenes de lesa humanidad, en ejercicio de la jurisdicción universal o enfrentando otros crímenes internacionales, al tiempo que viajaba a Colombia en solidaridad con los pueblos indígenas o para manifestar su apoyo a juristas amenazados en este país o en otras latitudes. También podía privarse de sus vacaciones de verano para hacer misiones como la que realizó a Honduras en el verano de 2009, sólo algunas semanas después del golpe de Estado en este país, para solidarizarse con las víctimas y con los jueces que se oponían al rompimiento del orden constitucional .

En la lucha contra el terrorismo el Juez Garzón, ha defendido la razón del derecho frente a la razón de la fuerza. Mientras los Estados Unidos invadían Afganistán para destruir a los talibanes, el juez Garzón dictaba una orden internacional de detención contra Osama Bin Laden y otros 34 miembros de Al Qaeda el 18 de septiembre de 2003. En nombre del respeto al derecho internacional se opuso a la invasión de Irak decidida por George W. Bush y respaldada por el entonces presidente de España José María Aznar, también ha cuestionado los métodos “antiterroristas” practicados por Estados Unidos.

Un mensaje de la embajada de Estados Unidos en Madrid, hecho público por wikileaks en diciembre de 2010, lo califica de “antiamericano”. Por la denuncia de víctimas de torturas infringidas a distintas personas en Guantánamo, entre ellas ciudadanos españoles, el Juez Garzón abrió una causa penal en mayo de 2009. Inmediatamente la embajada estadounidense, bajo el gobierno de Obama, ejerció presiones sobre las autoridades españolas para limitar el alcance de la jurisdicción universal, siendo mutilada en lo esencial en septiembre de 2009, para que no se aplicara a crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra cometidos en terceros países donde no haya intereses españoles de por medio.

La causa del franquismo y la sanción contra el juez Garzón:

Después de la muerte de Franco en 1975, los crímenes cometidos por el régimen dictatorial no fueron objeto ni de investigación, ni de sanción penal. La transición a la democracia española pasó por la ley de amnistía del 15 de octubre de 1975 aprobada por consenso, mediante la cual se liberó a los prisioneros políticos, pese a que la ley excluye los crímenes de sangre, se pretendió dejar en la impunidad los crímenes del franquismo. Tres décadas después, el 21 de octubre de 2007, se aprobó la ley de “La Memoria Histórica”, permitiendo al fin a los descendientes de más de cien mil personas detenidas y desaparecidas acceder a las autoridades, incluso las judiciales, para acceder a la verdad y buscar identificar en centenares de fosas comunes a sus seres queridos.

El 16 de octubre de 2008, el Juez Garzón decidió dar trámite a la demanda de justicia de las organizaciones de familiares de las víctimas del franquismo, considerando que los crímenes de
lesa humanidad no habían prescrito, en particular la desaparición forzada, por tanto ordenó la exhumación de 19 fosas comunes, invocando las obligaciones internacionales en derechos humanos del Estado español y reiterada jurisprudencia que convertía esta iniciativa judicial no en una opción, sino en una obligación ineludible en reconocimiento de los derechos de las víctimas. La reacción adversa de la jerarquía judicial contra su decisión le llevó a renunciar a la instrucción de carácter nacional y la envió a los tribunales regionales para que asumieran en consecuencia.

A pesar de ello, bajo la denuncia de organizaciones de extrema derecha, una de ellas la FALAGE de la J.O.N.S, herederos del franquismo, se abrió una causa en contra del Juez Garzón, el 3 de febrero de 2010, por presunta “prevaricación judicial”, confirmada por el pleno del Tribunal Supremo, lo que condujo a la suspensión provisional del Juez Garzón por parte del Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo de 2010, que tuvo que aceptar sin embargo que fuese a la Haya como asesor de la Corte Penal Internacional.

Este procedimiento contra el Juez Garzón, se convierte en clara persecución, porque en la interpretación de la aplicación de la ley penal los jueces tienen márgenes importantes en la aplicación de sus decisiones. Tres magistrados da la Audiencia Nacional compartieron la decisión del Juez Garzón de abrir dicha instrucción sobre los crímenes del franquismo. La Fiscalía ha dicho que no ha habido “prevaricación judicial” alguna. Jueces regionales dieron curso a las peticiones del Juez Garzón. ¿Por qué ninguno de ellos ha sido objeto de investigación por la justicia española?

Para completar el cuadro de persecución contra el Juez, se le han abierto otras dos causas, una por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York y el patrocinio de los mismos por parte del Banco Santander, pese a que ya había sido archivada la causa, se reabrió tratando de enlodar su nombre, la Fiscalía igualmente ha reiterado que el Juez no incurrió en irregularidad ninguna. Otros operadores judiciales ratificaron la decisión del Juez en torno a la querella contra el Presidente de dicho banco, ninguno de ellos ha sido investigado.

El Procurador General de Colombia, ha rechazado que el Juez Garzón llegue como asesor del gobierno colombiano, citando la causa abierta contra este, por haber ordenado interceptar las comunicaciones del caso Gurtel, que compromete en hechos de corrupción a altos responsables del Partido Popular y, que se extendió a algunos abogados que podrían estar involucrados en la tramoya. Lo que ignora el Procurador de Colombia y quiénes le han hecho eco, de buena o de mala fe, es que dicha decisión fue solicitada y respaldada por otros operadores judiciales, a los que no se les persigue judicialmente. Compararlo con las “Chuzadas del Das”, más que falta de sentido común, pareciera esconder un temor generalizado de que el Juez como asesor gubernamental del Presidente Santos, pudiera llegar a afectar los intereses de amigos cercanos del propio Procurador.

A Baltasar Garzón se le ha dado en llamar el “Súper juez” por quienes lo respetan o admiran o el “juez estrella” por quienes le envidian o critican su popularidad, no sólo por su capacidad de trabajo y la mediatización de sus acciones, sino en particular por las causas que ha instruido, donde otros jueces no quisieran actuar contra terroristas, narcotraficantes, banqueros, políticos, corruptos o policías, exponiendo su vida y la de los suyos. Los casos que ha investigado Garzón, en sí mismos llevan la impronta de la fama, como puede llevar la de la muerte y él no ha vacilado en actuar. Es este su valor fundamental que lo proyecta en la historia.


*Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH-