Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/06/02 00:00

Quince años para la paz son inaceptables

El Alto Comisionado para la Paz dijo que tomará 15 años lograr la paz con la actual política de seguridad. Sería más viable y menos doloroso buscar vías no militares para la superación del conflicto armado

Andrés Ricardo Vargas

Durante el 2009 las Farc han ejecutado operaciones de poca relevancia estratégica pero inaceptablemente costosas en vidas humanas. Algunos ejemplos, por mencionar sólo los más recientes, son los 19 soldados heridos el 21 de mayo cuando el camión en que se transportaban fue atacado con cargas explosivas en Puerto Asís, Putumayo (El Tiempo, 21 de mayo de 2009) o los ocho soldados muertos en una emboscada de las Farc a una patrulla en la Serranía del Perijá a principios de mayo (El Tiempo, 3 de mayo de 2009).

Estos hechos son objeto de consternación no por su importancia militar, sino porque evidencian el alto costo humano que sigue generando el conflicto armado. Pero, sin son preocupantes por sí mismos, resultan poco menos que escandalosos cuando se evalúan a la luz de la afirmación del Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, según la cual tomará entre 15 y 20 años lograr la “paz” con la actual política de seguridad (El Tiempo¸ 2 de mayo de 2009). Hasta para el más frio análisis racional resulta inconcebible que la mejor respuesta gubernamental a la problemática del conflicto armado sea librar una guerra de atrición de tres lustros en la cual se sacrificará a toda una generación de jóvenes.

En efecto, a pesar de la aparente popularidad de las políticas guerreristas, hay varios elementos de análisis que permiten afirmar que es viable y más eficiente buscar vías no militares para la superación del conflicto armado. En este artículo discuto tres: las actuales condiciones de la guerra, las tímidas insinuaciones de cambio de las partes y la aparición de un conjunto renovado de mediadores.

Una evaluación equilibrada de las condiciones actuales de la confrontación revela la necesidad de considerar alternativas no militares. Por un lado porque la ofensiva militar estatal, pilar de la política de seguridad, evidencia hoy un agotamiento claro habiendo alcanzado su techo en términos de éxito contrainsurgente.
 
En efecto, las fuerzas estatales han empujado a la guerrilla hacia los márgenes del país, asegurando las centralidades y la infraestructura crítica para el funcionamiento de la economía, pero la estrategia militar y las capacidades operacionales no pueden ofrecer mucho más: la contrainsurgencia es una tarea que requiere ingentes recursos y combatientes y el crecimiento de los grupos estatales parece haber alcanzado su máximo por motivos presupuestales. Prueba de ello es el debate vigente en el país sobre cómo continuar financiando el esfuerzo de guerra.

De otro lado, al agotamiento de la ofensiva militar se suman graves cuestionamientos sobre la eficiencia de esta vía para superar el conflicto. Como lo señala Pecaut la salida militar “es más inestable” que la negociada. La principal razón para ello es que el resultado probable de un mayor éxito militar es la atomización de las Farc y el Eln y la imbricación de sus unidades con redes mafiosas y criminales. Es el momento de generar, en palabras del International Crisis Group, una “estrategia no militar” para la superación del conflicto: es más eficiente y genera escenarios de posconflicto más estables.

Ante las limitaciones evidentes en la estrategia militar de las partes se empieza a insinuar un cambio en sus posiciones. Las Farc, con las liberaciones unilaterales, además de otros cálculos estratégicos, ha buscado consolidar un canal de mediación y alguna maniobrabilidad política matizando con ello su tendencia guerrerista: hay que hacer uso de la oportunidad y hacer propuestas que le impliquen a las Farc un suicidio político ignorarlas.

El gobierno, por su parte, ha estado empeñado en el pasado reciente en hacer propuestas de paz para librar la guerra. Por ejemplo, la designación como gestora de paz de desertoras como alias 'Karina' buscaba la escisión de una parte de esta guerrilla y no un acercamiento. Sin embargo, el último movimiento del gobierno, aunque improvisado e impulsivo como ya es su costumbre en temas de paz, envía una luz de esperanza en el sentido de que ha empezado a modificar su postura.

La última acción gubernamental no militar en relación con el conflicto fue la designación de Yesid Arteta como gestor de paz. Dicha designación es un cambio en la precaria estrategia gubernamental de “gestores de paz” en la medida que, como lo señaló Frank Pearl, la función de los anteriores gestores era proveer información e invitar a la deserción, mientras que en el caso de Arteta se le otorga tal condición para darle beneficios jurídicos que le permitan hacer una mediación.
 
Arteta nunca desertó de las Farc y ha manifestado explícitamente no se prestará para servir en una estrategia de guerra. Ambas cosas permiten abrigar la esperanza de que pueda erigirse como un mediador efectivo entre las partes.

Finalmente, la aparición de otros canales de mediación hace viable un acercamiento. En la comunidad internacional nuevos países que cuentan con la credibilidad de las partes y con la capacidad técnica para dar un acompañamiento efectivo han manifestado su interés en ayudar en la superación del conflicto; Brasil es un ejemplo de ello.

En el plano interno, la aparición del grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz abrió un canal de comunicación y un espacio de mediación indispensable para reactivar los contactos entre gobierno y guerrilla. En este sentido hoy en día existen, a diferencia de un año atrás, las condiciones para que, si existe voluntad política, se inicie un proceso de acercamiento.

En medio de la tragedia humana de la guerra el agotamiento de las estrategias militares, los tímidos pero perceptibles giros en las posturas de las partes y un conjunto renovado de mediadores confluyen en la coyuntura para señalar la necesidad y viabilidad de una solución no militar al conflicto armado. Plantear quince años de guerra para alcanzar la paz es una torpe decisión política y una expresión de desprecio por la vida.

Finalmente, con una competencia electoral que apenas empieza los votantes deberían reclamar de los candidatos una política pública para la superación del conflicto que no acepte resignada y fríamente la inmolación de una generación de jóvenes en nombre de la “patria”.




* Andrés Vargas es politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y del Observatorio colombiano para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado (Odecofi)


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