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Opinión

  • | 2017/03/22 08:34

    Señores, alcalde Humberto Sánchez y Timoleón Jiménez

    Me dirijo al alcalde elegido por el partido de oposición Centro Democrático en San Vicente de El Caguán, donde hay muchas víctimas de la violencia. También al jefe de las FARC, la organización que está en proceso de disolución como aparato violento.

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Señores: El reciente informe de la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU registra el incremento acelerado y sostenido del asesinato de líderes sociales y personas pertenecientes a organizaciones de defensa de derechos humanos, especialmente en zonas donde las estructuras de guerrilla de las FARC, hoy en zonas veredales de normalización, tuvieron presencia histórica. Las cifras no mienten, los muertos, menos: 127 víctimas en 2016. Casi la totalidad lo fueron en espacios geográficos con economías ilícitas. En San Vicente del Caguán se han producido recientemente asesinatos en ese contexto.

Las conclusiones del informe son alarmantes. Según la ONU, citando el caso de Argelia, Cauca, “el vacío dejado por las FARC-EP lo están ocupando grupos armados al servicio del narcotráfico”: En esa región aumentaron los asesinatos “por el poder de economías ilícitas, 5cinco personas muertas del primero al 29 de enero del 2017”. ¡A la gente la están matando y la van a seguir matando! Esos aparatos delincuenciales son enemigos comunes para todos.

Los asesinatos tienen un origen multicausal, como lo ha indicado la Fiscalía General de la Nación, pero existe una relación directa con la implementación del Acuerdo de La Habana, pues expresan la reyerta por el control territorial. Los homicidios se producen por la llegada de nuevos actores armados, sean bandas criminales, ELN, carteles de droga, mantenimiento de disidencias de las FARC o con la posible aquiescencia de miembros de la fuerza pública que a título individual están vinculados con la extracción de recursos de las actividades ilegales que se desarrollan en zonas afectadas por cultivos ilícitos, minería criminal o que son corredores estratégicos.

No obstante el Ministerio de Defensa insista en que se está copando con fuerza pública las zonas de donde salen estructuras encuadrilladas de las FARC, es innegable que las denuncias de aparición de otros grupos armados no se detienen y los asesinatos tampoco. Quienes tuvimos responsabilidades en el sector defensa sabemos que no basta la decisión firme de garantizar la seguridad si en ciertos territorios no se cuenta con una estrategia integral de intervención que convoque a todos los actores relevantes, entre ellos, obviamente, las autoridades locales y quienes abandonan las armas.

Por otro lado, la actual polarización no puede comprometer el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado respecto a los derechos humanos. La Constitución de 1991 es la carta de los derechos humanos. En ese terreno no vale la polarización política. Que los partidos controviertan con dureza y fiereza, si quieren, en el terreno de lo que es discutible, pero no en lo que no admite debate: el respeto al derecho a la vida, la integridad personal y las libertades. En esto no cabe la confrontación, únicamente el compromiso de todos, sociedad y Estado, para garantizarlos.

En materia de protección de la población, son los instrumentos internacionales y la Constitución la base de un trabajo conjunto, no el Acuerdo de La Habana que ha dividido el país. No es necesario meterse en esa discusión cuando se trata de proteger a la población que habita en esos territorios y garantizar la vida y los derechos de los miembros de las FARC que buscan reincorporarse a la sociedad. El mandato está en la Carta Política.

Muchos creemos que el debate partidista, que se profundizará con la elección de Congreso y Presidencia de la República, no debe ocultar la gravedad de los asesinatos y de la violencia. El derecho a la vida y a la no repetición es superior a la contienda por curules o la satisfacción de vanidades políticas. Empero, la inercia nos está llevando a que en las regiones sigan matando, mientras el establecimiento político sólo le importa cómo va a quedar configurado el mapa de poder en el 2018. ¡Legítimo! Pero ¿y las nuevas víctimas? ¿La pacificación de los territorios? ¿Otra vez, actuando irresponsablemente, guiados sólo por los votos y dando la espalda a media Colombia que se está destrozando?

Es indispensable que alguien dé un paso adelante y contribuya a generar una dinámica diferente. ¡Ustedes dos pueden hacerlo! Ese paso, sugiero, sea un Pacto por la Vida y la No Repetición en San Vicente de El Caguán, hoy gobernado por un alcalde del principal partido crítico del Acuerdo de Paz.

Alcalde: Álvaro Uribe señaló que el Centro Democrático no pretende “revocar” los Acuerdos, sino “ajustarlos” e impedir la amenaza castro-chavista. También, que avala beneficios jurídicos para los guerrilleros de base no responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ahí hay un espacio enorme para que con la Constitución en la mano usted se siente a trabajar conjuntamente con todos los actores sociales, políticos y económicos del municipio, incluidas las FARC en disolución, para que no exista un muerto más.

Timochenko: Comenzar en San Vicente del Caguán sería histórico. Busque sentarse con el alcalde Sánchez, con los ganaderos, con los agricultores, con las asociaciones de víctimas, las ONG, los comerciantes, la fuerza pública, los partidos políticos, los sindicatos, con todos, acompañados por la comunidad internacional para conseguir un Pacto por la Vida y la No Repetición. Un Pacto que garantice el derecho a la vida y el ejercicio de las libertades a todos los habitantes de ese municipio, al igual que asegure que las FARC cumplan su palabra, reconozcan sus responsabilidades, se reincorporen plenamente a la sociedad, abandonen totalmente las armas y repudien la violencia.

¡Quiero ser claro! No se trata de respaldar una sílaba, ni una coma (,) del Acuerdo Santos/Timochenko, pero sí de reconocer que hay obligaciones internacionales, mandatos constitucionales y el hecho de que las FARC “formalmente” está en proceso de disolución como grupo armado ilegal y que eso plantea en los territorios dos caminos: se construye estado de derecho y legitimidad democrática que garantice derechos y el fin de la violencia o le damos la espalda a esa posibilidad y dejamos que esas zonas se conviertan en una nueva carnicería que prorrogue indefinidamente el imperio del crimen y las atrocidades. Creo que sólo el primero puede ser el camino.

Sígame en @RafaGuarin

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