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Opinión

  • | 2004/07/04 00:00

    Ralito en blanco y negro

    La política de seguridad democrática, que incluye tanto a la guerra como al diálogo, debe ser igual para todos

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En la instalación de la mesa de negociaciones de Ralito entre gobierno y las AUC, de entrada comenzó a vislumbrarse el desequilibrio de vocabulario que existe entre ambas partes y que deberá ir siendo superado si se quiere avanzar a algún terreno concreto.

Mientras Salvatore Mancuso considera parte fundamental de la agenda de negociación la "redefinición del cese de hostilidades",

o sea comenzar porque ambas partes digan qué entienden por este requisito que es vital para que el gobierno acepte iniciar esta negociación, el Alto Comisionado para la Paz llegó de entrada con una lista muy nutrida sobre lo que el gobierno entiende qué es el cese de hostilidades y de la cual no omitió detalle alguno: "Absoluto respeto por la vida y la libertad de los ciudadanos; abandono total de las actividades de narcotráfico; abstenerse de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, presiones e intromisiones en las actividades de las instituciones legítimamente constituidas, de las organizaciones políticas o sociales; expandirse territorialmente o reclutar nuevos miembros; bloquear la libre circulación de alimentos o medicinas".

No quiero ser pesimista. Pero pasarán muchos meses antes de que paras y gobierno se pongan de acuerdo sobre lo que significa el presupuesto fundamental de un futuro entendimiento, cual es el cese de hostilidades.

No por eso no hay que apoyar al Presidente en este monumental esfuerzo de desmovilizar 15.000 hombres al margen de la ley. De hecho, la sola perspectiva de los diálogos viene haciendo posible desde hace unos meses que disminuyan las cifras de criminalidad, según el propio gobierno, y eso hace alentador el inicio de los diálogos de Ralito.

Sin embargo, la no definición de lo que ambas partes entienden por cese de hostilidades es lo de menos al lado de la no definición de otros temas que para los paras son punto de honor.

Está claro que ninguno de ellos está dispuesto a pagar un solo día de cárcel por sus crímenes. ¿Logrará la ley de alternatividad penal, si es que pasa en el Congreso, esta garantía hasta para los autores de delitos atroces?

Está claro que todos aspiran a perdones judiciales. ¿Cómo hará el gobierno para saltarse la restricción que en este aspecto existe para los delitos atroces?

Está claro que ninguno de ellos está dispuesto a dejarse extraditar ni ahora, ni durante, ni después de los diálogos de Ralito. ¿Cómo evitará el gobierno que a algunos o a varios de ellos los pidan en extradición?

Sobre este punto el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante ambiguo. Mientras en Washington se mantiene un discreto silencio, y hasta una actitud de apoyo hacia el proceso, el embajador estadounidense en Colombia hizo claro su malestar hace unos cuantos días.

Está claro que ninguno de ellos ha contemplado la posibilidad de que llegue el día en que se venza el plazo de gracia que impuso Colombia para la entrada en vigencia de los efectos de la Corte Penal Internacional, que es de seis años. Al cabo de estos, ¿cómo evitará el Estado que agentes de la Corte Penal Internacional entren a la fuerza a territorio colombiano y se lleven para ser juzgados en el exterior a los autores de delitos atroces?

Todos estos puntos que tendrán que ser resueltos en su momento han sido dejados al arbitrio del tiempo, mientras el proceso se ha inaugurado haciendo las partes caso omiso de que penden, en todo momento, sobre la negociación.

Lo mismo hizo Andrés Pastrana con 'Tirofijo', siempre fue consistente con la exigencia de que antes de que surgiera alguna posibilidad de acuerdo entre las Farc y el gobierno, este último tendría que extinguir a los paramilitares del territorio nacional. Pastrana también le dejó este difícil punto al paso del tiempo y haciendo caso omiso, arrancó el proceso, que terminó como terminó.

La última dificultad que yo veo de entrada es que no puede haber nada que el gobierno conceda a las autodefensas que no esté dispuesto a concederles a los demás grupos alzados en armas. La política de seguridad democrática, que incluye tanto la guerra como el diálogo, debe ser para todos por igual, sin que haya unos grupos mejor tratados que otros.

Esperamos que ello se haga evidente con el ELN, ad portas de comenzar, ellos también, una negociación, que deberá contar con las mismas facilidades y garantías que la que se adelanta con las autodefensas.

En ningún caso, sin embargo, puede menospreciarse el esfuerzo de haber llegado hasta Ralito, haber concentrado a cientos de paras, contar con el apoyo internacional para la verificación de las distintas etapas del proceso, tener a Estados Unidos más o menos en la onda y estar en disposición de indagar si existe una posibilidad de acuerdo para un entendimiento definitivo con las AUC.

Así haya que comenzar por gastarle meses a definir qué diablos significa en la práctica el dichoso cese de hostilidades.
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