Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/08/24 19:45

Finanzas para el posconflicto

Con ilusión Colombia termina la semana con el anhelado anuncio del cierre de las negociaciones en La Habana. Esto representa el inicio de los retos para lo acordado.

Ramsés Vargas Lamadrid.

Con ilusión Colombia termina la semana con el anhelado anuncio del cierre de las negociaciones en La Habana. Esto, más allá de ser el final de una etapa, representa el inicio de los retos más importantes en relación con la implementación de lo acordado.

El acuerdo final incorporará aspectos políticos, jurídicos y por supuesto económicos. Con cautela se debe advertir que el conflicto siempre ha sido una variable a considerar en el ámbito económico colombiano, sin embargo, los factores externos deben ser considerados y evaluados de cara a la fase de implementación del acuerdo, tal vez la más compleja y la que más disciplina fiscal supone de cara a su sostenibilidad y consolidación.

En el escenario del final de los acuerdos se han embotellado dos iniciativas legislativas impostergables para el país, de una parte la refrendación de los acuerdos a través de un mecanismo de participación ciudadana como el plebiscito, y de otra el trámite de una reforma tributaria, también con plazos perentorios y trámite constitucional y legal.

Es así que la viabilidad de dos temas depende del papel del congreso, y requerirán de una importante habilidad y estrategia por parte del gobierno, autor o promotor de ambas iniciativas.

Pero, la economía colombiana enfrenta riesgos adicionales más allá de la firma, refrendación e implementación del acuerdo final. Ya en el tema de víctimas existen las hermanitas jurídicas con las que se les atiende e indemniza, pero, como todo en las finanzas públicas depende de recursos que no son finitos y ya acusan fatiga, lo que supondrá la imposibilidad de seguir reparando, incluso con montos definidos, como lo han advertido los organismos de control.

Adicionalmente, el panorama internacional no es muy alentador en este segundo semestre del 2016, dos agencias internacionales – Standard & Poor´s y Fitch Ratings – calificaron como negativa la deuda pública colombiana, aun cuando pasa raspando el límite para mantener su grado de inversión.

La caída en el precio de los commodities y la presión que ello impone a nuestras exportaciones, deterioraron las expectativas de crecimiento, lo que, junto con el aumento del endeudamiento público no avizoran un escenario ideal para los retos económicos que impone la implementación del tan anhelado posconflicto.

El déficit de la cuenta corriente en lo corrido del 2016 va en el 5,3 % del PIB, lo que genera una alta vulnerabilidad y la mirada cautelosa de los inversionistas y el mercado financiero internacional.

Al tener que reemplazar las pérdidas por la caída en el precio de los commodities y los bajos precios del petróleo (principal fuente de ingreso en este sector), el país ha tenido que endeudarse, lo que nos ha llevado a un aumento del 4,2 % del PIB por este concepto.

A pesar de que en Colombia existe una regla fiscal, la realidad económica internacional y las presiones propias que ello impone en el balance interno han conducido al recorte de gastos en lo público, lo que se esperaría se haga sobre la base de un análisis de prioridades en cuanto a los bienes y servicios necesarios, y no se concentre en mantener programas de asistencia social cifrados en la rentabilidad política de cara al plebiscito, lo que no solo sería irresponsable sino insostenible, dada la situación actual de las finanzas públicas.

El déficit público aumento del 3,1 % en el 2015 al 3,9 % en el 2016, la inflación a julio de 2016 era del 8,77%, lo que aunado a un alto gasto público y el déficit acumulado deben ser signos de alerta ante una economía nada favorable.

A esto debemos sumar los factores de riesgo climático y medioambientales (como el fenómeno del niño), los paros camioneros, las protestas sociales, y situaciones como las de Chocó, que aumentaron en casi $720.000 millones el gasto en obras públicas pendientes, y la inversión (o tal vez asunción de la deuda) del Hospital San Francisco de Asís, por el orden de los $37.000 millones.

El anhelado anuncio del "Día D" llega en un momento muy complicado en materia económica, y más allá del regocijo interno que ello cause deberá ser administrado con cautela, pues la votación del plebiscito tendrá impactos en las perspectivas económicas, lo que se manifestará en la volatilidad de los mercados financieros locales, la depreciación en la tasa de cambio, las eventuales crisis de gobernabilidad por el ambiente político, y la cautela o suspensión de inversión extranjera a la expectativa de la consolidación de la situación interna.

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