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Opinión

  • | 2016/05/17 15:39

    Panamá Papers: la oportunidad en medio de la tormenta

    Entre mejor se estructure la política, menos interés habrá en constituir compañías offshore.

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Gran revuelo ha causado en el mundo la investigación del International Consortium of Investigaitve Journalists (ICIJ), sobre el tema de los Panamá Papers. Más allá de los nombres y empresas que allí aparecen, considero necesario aclarar el tema de las sociedades offshore, su tratamiento, y cuál es la pertinencia de la discusión en Colombia.

En primer lugar, hay que ser cautelosos en que el hecho de tener sociedades en otros países o jurisdicciones es per se un tema ilegal o que supone un ánimo de defraudar u ocultar. De otra parte, lo que genera consecuencias legales es la no declaración de esas sociedades o de sus capitales, en el marco de las obligaciones tributarias nacionales.

El tener cuentas en el extranjero, así como el constituir compañías extranjeras, se ha convertido en una realidad económica, así como en una necesidad en un mundo globalizado, especialmente en materia de negocios, y de cara al comercio internacional, la protección de inversiones, la posibilidad de abrir mercados, disminuir costos de transacción, entre otras situaciones.

De acuerdo con el portal lasillavacia.com, en los Panamá Papers aparecen 1.245 beneficiarios colombianos en la base de datos elaborada por ICIJ, de allí hay que filtrar las sociedades activas, inactivas, y/o aquellas que hayan sido declaradas en Colombia, práctica que es lícita y que permite cobrar impuestos.

Al ser todas empresas de sectores muy diversos, ello da cuenta de que, presumiendo la buena fe, en gran medida fueron ejercicios comerciales que buscaron dinamizar negocios, aprovechar tratados o exenciones, y facilitar transacciones, por lo que es preciso reiterar que las sociedades y capitales declarados ante las autoridades colombianas son el rasero con el que se debe abordar la discusión.

El episodio de los Panamá Papers (junto con su antecedente de “Offshore Leaks”), nos debe servir para ambientar otra discusión actual en Colombia, la pertinencia de una reforma tributaria y fiscal. En los últimos diez años Colombia ha hecho reformas coyunturales y mediatas, lo que ha desatendido las recomendaciones de organizaciones como la OCDE, así como de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

Así las cosas, el mencionado “Acuerdo de Información Tributaria y Aduanera” suscrito entre Panamá y Colombia (que entrará en vigor en el 2018), y la encrucijada fiscal en la que se encuentra el país, permite una valiosa oportunidad para que los nacionales con sociedades y capitales offshore sinceren sus finanzas, paguen los impuestos que deban, y se les ofrezca un marco jurídico que invite a ese recaudo y regularice su situación.

En igual sentido, el gobierno nacional tendrá una valiosa oportunidad de entender estas figuras como un mecanismo que deberá ser regularizado y no satanizado como un vehículo de evasión, sino como una realidad en el contexto económico del Siglo XXI por las eventuales ventajas que estos ejercicios permiten a sus inversionistas.

Colombia debe aprovechar las nuevas tecnologías y herramientas informáticas para centralizar la información en materia económica y tributaria, ofrecer facilidades a los contribuyentes, y suscribir nuevos acuerdos de cooperación internacional en materia de información tributaria. También se debe trabajar por una reforma tributaria estructural que simplifique tributos, otorgue seguridad jurdíca, e incentive la constitución y registro de empresas, haciendo la política tributaria mas equitativa y progresiva, y menos proclive a la fuga de capitales por miedo a la alta tasa efectiva de tributación, y el bajo porcentaje de recaudo de los grandes capitales.

Llegó la hora de aprender de los Panamá Papers y generar una estructura tributaria adecuada, proponer una amnistía para regularizar y recaudar la mayor cantidad posible de recursos, los cuales son necesarios para una redistribución y solidaridad como lo prevé la Constitución.

Entre mejor se estructure nuestra política tributaria y mejor se maneje nuestro panorama fiscal, menos interés habrá en constituir compañías offshore, o de caer en el riesgo de no declarar sociedades o capitales. En la era de las tecnologías de la información filtraciones como las de los Panamá Papers, o situaciones como las de Mossack Fonseca seguirán ocurriendo, así como en el pasado sucedió el episodio de los WikiLeaks. Por esta razón, la oportunidad de un mundo más trasparente y con mayor accountability es un tema que requiere de la colaboración del sector público y privado, lo que no da más espera.

* Rector de la Universidad Autónoma del Caribe

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