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Opinión

  • | 2016/08/09 12:36

    Transparencia, otra herramienta para el posconflicto

    Uno de los principales temas de interés en el ámbito público y privado es el de la transparencia.

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La transparencia es un pilar fundamental de la confianza, la gobernabilidad, la gestión pública y privada, y es a la vez un derecho y un deber en el mundo de los negocios y en las políticas públicas.

El falseo de los indicadores de un Estado, así como la información distorsionada en una empresa privada, causan daño y llevan a la toma errada de decisiones, lo que, tanto en lo público como en lo privado, acarrea graves consecuencias.

En un mundo globalizado e interconectado, y en pleno Siglo XXI, la consecución de información está a la distancia de un ‘click‘. Los metadatos (Big Data), los ‘whistleblowers‘, y los colectivos de periodistas, investigadores y otros actores hacen uso de información y de su contraste para develar escándalos y prácticas non sanctas en diferentes sectores.

Estos temas han llevado a episodios de trascendencia global como los Wikileaks, la revelación del uso de correos personales para la transmisión de datos confidenciales, reservados o sensibles, y más recientemente escándalos como los de los Panamá Papers, a los que ya hemos tenido ocasión de referirnos desde esta columna.

Pero el término transparencia en pleno Siglo XXI deja de ser un concepto etéreo, y se convierte en uno de los pilares del buen gobierno y de la adecuada gobernabilidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala la transparencia como un eje fundamental en la conducción de los Estados y sus políticas. La transparencia engloba la adecuada consecución y reporte de información fiscal, económica y social; así como de índices de cobertura y acceso a bienes y servicios.

Ejemplo de ello es que el ocultamiento de información financiera tiene hoy en jaque al gobierno panameño. Tanto la OCDE a través de su Secretario General, así como el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, han manifestado su preocupación acerca de la falta de transparencia y compromiso de ese Estado en relación con la información fiscal.

El pasado 6 de agosto el Nobel Joseph Stiglitz renunció al panel de asesoría del gobierno de Panamá, que fue establecido para investigar el escándalo de los Panamá Papers.

En igual sentido el experto suizo en anticorrupción, Mark Pieth, también dimitió del panel de asesoría por considerar que la interferencia gubernamental en su trabajo equivalía a "censura". En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ese Estado expresó que entendía las renuncias por diferencias internas, aunque añadió que mantenía su "compromiso real de transparencia y cooperación internacional".

Aunque el Gobierno Panameño se comprometió a publicar el Informe Final del Panel, tanto Stiglitz como Pieth temen que ello no sea así, o que este sea parcializado, lo que equivale a una “censura indirecta” por parte del Estado centroamericano.

Si Colombia quiere trascender en la ruta de adhesión hacía la OCDE debe observar con cuidado episodios como los de Panamá Papers, así como otros antecedentes regionales de problemas en materia de transparencia.

Venezuela, por ejemplo, ha dejado de reportar cifras oficiales al Sistema de las Naciones Unidas, por su parte Argentina (en la era Kirchner) y Bolivia optaron por cambiar sus indicadores y la manera en la que recopilaban información económica y social, lo que a largo plazo no solo afecta la confianza internacional en los indicadores y cifras, sino que conlleva a la toma errada de decisiones en materia de políticas públicas, lo que afecta a la población, por lo general, la más necesitada de programas sociales o intervenciones.

El buen gobierno es sinónimo de trasparencia, y la transparencia comprende la adecuada articulación de actores públicos y privados en la construcción de indicadores que logren un adecuado diseño e implementación de políticas públicas, especialmente en el ámbito fiscal, económico y social.

Estados como Colombia deben contar con indicadores adecuados que correspondan a su realidad y que, ante una situación económica difícil, envíen el mensaje adecuado a la pluralidad de actores interesados, los que no son solo las organizaciones internacionales, sino que abarcan actores privados, mixtos e independientes como las calificadoras de riesgo, las transnacionales, los inversionistas y los ‘whistleblowers‘.

Ad portas de una reforma tributaria (que la OCDE ha insistido debe ser estructural) y ante un eventual posconflicto, Colombia debe gravitar en la órbita del buen gobierno basado en la transparencia, con miras a obtener los resultados esperados y mitigar las eventuales externalidades en un mundo en el que asoma la desaceleración y la continua caída de los commodities y los bienes tradicionales.

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