Raúl Hasbún no merece beneficios jurídicos

Ante los indignantes silencios y los pocos aportes que ha hecho para esclarecer la verdad de lo ocurrido en el Urabá antoqueño cuando fue comandante del bloque Alex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el empresario paramilitar Raúl Hasbún Mendoza debería perder los beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz y ser llevado ante la justicia penal ordinaria para que responda por sus macabras acciones militares y económicas, lo que lo enfrentaría a condenas superiores a los 40 años.

Es que este jefe paramilitar, definido por su jefe máximo Carlos Castaño como “un joven profesional antioqueño integrante de una familia de empresarios a quien se le debe en gran parte la normalidad social en el Urabá antioqueño y cordobés”, ha decidido dilatar su versión sobre cómo logró “normalizar” esas regiones. En las 10 sesiones de versión libre iniciadas el 23 de julio de 2008 ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz no ha dicho nada sustancial al respecto.

Si bien al empresario paramilitar Hasbún Mendoza se le conoce como el estratega de la financiación de las Auc en Urabá a través de los aportes económicos y logísticos de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes, a quienes involucró en una carrera contrainsurgente y antisindical que anegó de sangre las plantaciones bananeras en la década del noventa, ha pasado desapercibida su responsabilidad en la muerte de decenas de sindicalistas de la región y su ambición para expropiarle las tierras a cientos de campesinos de manera ilegal.

Habitantes de Apartadó me contaron que durante varios años hubo un fax instalado en una oficina usada por los paramilitares de esa ciudad (que estaban bajo el mando de Hasbún) ubicada del edificio Apartacentro al que eran enviadas listas con nombres de activistas sindicales y de supuestos guerrilleros y auxiliadores de la guerrilla para que fueran asesinados. También me dijeron que aquellos campesinos que no le vendían sus tierras por los precios por él impuestos eran desterrados o asesinados a manos de sus lugartenientes.

Su poder sobre los paramilitares para contrarrestar la guerrilla llegó a tales proporciones que a finales del año 2002, cuando tomó fuerza el proceso de desarme y reinserción concertado entre el Gobierno nacional y lo altos mandos de as Auc, Hasbún Mendoza citó en Chigorodó a varios ganaderos de la región para ver cómo se iban a organizar y evitar que la guerrilla regresara a la región. Un asistente con quien tuve la oportunidad de hablar al respecto, mucho tiempo después de esa reunión, recuerda que el empresario paramilitar fue enfático al advertirles que “a toda persona rara que apareciera por ahí, a todo sospechoso, había que darle de baja”.

Por eso es indignante el silencio que anunció en su última presentación ante la Fiscalía, ocurrida el pasado 14 de enero en Medellín, sustentado en supuestas amenazas en su contra y de su familia para evitar que cuente la verdad y, sobre todo, la petición de ser incluido en el programa de protección de víctimas. Su postura de mártir se contradice con sus mismas palabras, pues en algún momento de su versión libre reconoció que “jugué a la guerra y al poder con la platica de todo el mundo”, una sentencia que lo hace responsable no sólo de la financiación de las Auc, sino de todas las muertes que hombres bajo su mando provocaron en su zona de influencia, centrada en los municipios antioqueños de Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa y el corregimiento Saiza, de Tierra Alta , departamento de Córdoba.

Así las cosas, Lo que viene demostrando la actitud de Raúl Hasbún Mendoza en la Ley de Justicia y Paz es que el derecho a la verdad, tal como la concibe la Ley 975 y las normas internacionales, está siendo violentado y con ello irrespetando no sólo a las víctimas directas de su proceder delictivo sino a buena parte de la sociedad colombiana que se ha apartado de aceptar y promover la solución paramilitar para enfrentar a las guerrillas.

La actitud a la defensiva que ha decidido adoptar Hasbún refleja lo dicho por Jean Hatzfeld en su libro Una temporada de machetes (Anagrama, 2004), un estremecedor relato basado en sendas conversaciones con los victimarios del genocidio de Ruanda, ocurrido en 1994: “Dentro de la comunidad de los asesinos, todos y cada uno, inocentes cuanto culpables, interpretan papeles de mudo o de amnésico”.

Es importante entonces que los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz comiencen a considerar la posibilidad de dar por concluidas las versiones libres en casos como el de Raúl Hasbún y de otros que se sabe han asumido la misma actitud, y tomen la decisión de trasladar sus procesos a la justicia ordinaria para que sus acciones paramilitares sean castigadas drásticamente, al igual que su silencio o aparente amnesia.