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Opinión

  • | 2016/03/31 11:04

    El portazo a Naciones Unidas

    El rechazo de Colombia a la Corte Internacional de Justicia puede tener consecuencias en el proceso de paz.

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Por razones sin duda inspiradas en un elevado patriotismo, justo en el momento en que la Corte Internacional de Justicia adopta determinaciones preliminares en un litigio con Nicaragua que juzgamos equivocadas, Colombia se retira de la sala de audiencias de La Haya dando un sonoro portazo. Como ese proceso judicial de todos modos continuará su curso, con cabeza fría tendremos que pensar qué nos conviene más. Quizás lo mejor sea regresar discretamente para defender, desde dentro, nuestros intereses. Por fortuna, como esos trámites son prolongados, tiempo habrá para reflexionar.

Sucede, en efecto, que la CIJ es el órgano judicial del Sistema de Naciones Unidas. Para que sus decisiones tengan efectivo cumplimiento, la Carta de San Francisco ordena que los países miembros se comprometen a cumplir sus disposiciones en aquellos litigios de los que sean parte. Y si alguna de ellas se niega a hacerlo y declara en rebeldía, “la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”. Cualquier tipo de medidas...

Claro es, como lo anotó la canciller Holguín, que algunos países han desafiado impunemente a la Corte. Los ejemplos más relevantes que dio son los de Rusia y Estados Unidos. No son buenos desde la óptica del respeto al derecho internacional, pero, además, son “los matones del barrio”, categoría a la que no pertenecemos ni siquiera en aguas del Caribe.

Aunque lo que aquí interesa son los impactos posibles de las decisiones de nuestro Gobierno sobre el proceso de paz, pues tal es la temática que en estas columnas se analiza, haré un breve comentario sobre el clima de inversión.

Sucede que Colombia es miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio y ha suscrito un buen número de tratados de comercio e inversión con nuestros principales socios comerciales. Todos esos instrumentos contemplan mecanismos obligatorios de solución de las controversias que no se puedan zanjar directamente.

Es legítimo que los gobiernos y empresarios de esos países se pregunten si el reciente episodio constituye un precedente. Imaginemos una disputa sobre la importación de algún producto agrícola, cuestión que es de ordinario sensible. ¿Estaríamos dispuestos a decir en ese caso hipotético que no cumplimos un fallo adverso por cuanto, como lo estipula el acuerdo con las Farc, la seguridad alimentaria nacional es uno de los ejes de la paz y la introducción de alimentos foráneos la amenaza? Sin duda, el efecto en el clima de inversión extranjera, que sigue siendo vital para cerrar la brecha generada por la insuficiencia del ahorro nacional, podría ser muy dañino.

La puesta en marcha de los difíciles acuerdos pendientes en la mesa habanera en materia de concentración de fuerzas, dejación de armas y desmovilización, requieren una instancia que goce de la confianza de ambas partes, tenga la capacidad logística y cuente con la experiencia requerida. Haber logrado que esa tarea corresponda a una misión que funcionará bajo la égida del Secretario General de Naciones Unidas, ha sido uno de los éxitos más notables alcanzados por el Gobierno.

Cabe conjeturar que el abrupto rechazo a la CIJ puede tener un efecto negativo en la relaciones con los otros estamentos de Naciones Unidas que tanto nos interesan: el Consejo de Seguridad y la Secretaría General. Cervantes bien pudo haber dicho que distintas son las puertas pero que el castillo es el mismo.

Este episodio de repudio a la justicia internacional, no es, lamento señalarlo, el único en meses recientes. En el acuerdo en donde se crea la Jurisdicción Especial de Paz, se excluye la extradición de los miembros de las Farc y sus familiares, en contradicción con las obligaciones asumidas en el Tratado de Roma mediante el cual fue establecida la Corte Penal Internacional ¿Será que si esta requiere la extradición de unos eventuales sindicados, para negarla afirmamos, como lo hizo un magistrado de la Corte Suprema, que “la paz está por encima del derecho”?

Quizás estos riesgos sean remotos; como decía un ingeniero guasón con quien trabajé hace años “las cosas tienden a no caerse”. Sin embargo, su mera factibilidad nos obliga a revisar la coherencia de la postura internacional de Colombia y, en particular, frente al Sistema de Naciones Unidas. No parece viable que seamos paladines de la autonomía de Colombia frente al Derecho Internacional en unas materias, mientras que en otras hacemos gala de nuestra voluntad de acatar sus reglas.

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