Martes, 6 de diciembre de 2016

| 1999/06/14 00:00

RECONOCER LA REALIDAD

RECONOCER LA REALIDAD

La agenda común acordada en La Machaca por los delegados del gobierno y los
representantes de las Farc no es tan exhaustiva como parece a primera vista. Toca toda clase de
temas, desde la democratización de los créditos de la Caja Agraria hasta el método de nombramiento de
los jueces de la Corte Constitucional. Todo está ahí, de pe a pa. Salvo lo esencial: lo concreto. No se
menciona, por ejemplo, el tema del secuestro. Un tema peliagudo, de acuerdo. Pero precisamente por ser
peliagudo es fundamental. El secuestro es fundamental para todas las partes implicadas en el conflicto.
Para las Farc, que viven de él (y de las 'chichiguas' del narcotráfico, como las llama el 'Mono Jojoy'). Para el
Estado, al que la existencia masiva del secuestro deslegitima porque constituye la más clamorosa
demostración de su inutilidad: ¿para qué sirve un Estado que no es capaz de garantizar ni la vida, ni los
bienes, ni la libertad de sus ciudadanos? Y para la sociedad colombiana en su conjunto, a la cual afecta en
mayor y más grave medida que cualquier otra manifestación de la guerra interna. Porque el secuestro no es
un simple "daño colateral", como llaman los estrategas de la Otan a las víctimas indiscriminadas de sus
bombardeos en Yugoslavia. El secuestro es un instrumento irrenunciable para las guerrillas colombianas
(todas), tanto en cuanto método de financiación, sin el cual no sobrevivirían, como en cuanto herramienta de
intimidación política de la población civil; y no sólo en las zonas de conflicto sino en todo el país: en los
campos, en las ciudades, en las carreteras y hasta en los vuelos aéreos. Son mucho más numerosas las
víctimas del secuestro que las de los choques armados entre el Ejército y los grupos guerrilleros, incluyendo
a los asesinados por los paramilitares. Sólo los secuestrados muertos en cautiverio o por resistirse a la
captura deben de superar en número a los militares y subversivos muertos en combate. Si la sociedad civil
colombiana siente que hay una guerra, por fuera de las regiones selváticas de enfrentamiento armado y
de las zonas marginales de poblaciones desplazadas, es a causa del secuestro. Las víctimas del
secuestro (en su carne y en sus bienes) no son sólo, digo, 'daños colaterales', como pueden haberlo sido
los tres norteamericanos indigenistas asesinados por las Farc simplemente porque pasaban por ahí, y a
los que se ha dado tan desmesurada importancia. Eran gringos, sí: pero también eran gringos, y más de
tres, los misioneros protestantes que hace años secuestraron y probablemente después mataron las
Farc. Eran gringos, pero eran sólo tres. Las víctimas de los secuestros guerrilleros en los últimos 20 años,
contando entre ellas a gringos, alemanes, españoles, etc., son decenas de millares. El secuestro está en
el corazón del conflicto. Y también en el corazón de su posible resolución, porque afecta un aspecto central de
toda negociación imaginable: el de la buena fe de las partes. Porque los jefes de las Farc, de 'Tirofijo' para
abajo, se empeñan en mantener la mentira de que sólo secuestran "a financiadores de la guerra". Una
mentira de la cual todos sabemos, y ellos mejor que nadie, que es una mentira: secuestran al que se les
ponga a tiro. A quien sea, con la posible y única excepción de, precisamente, los "financiadores de la
guerra", a los cuales matan cuando los encuentran. Cuando una de las partes de una negociación empieza
su discurso con una mentira de tales dimensiones, las esperanzas de que la negociación progrese no
son muchas. La otra parte, el Estado, también miente, de acuerdo. En particular, por ejemplo, en el tema
también peliagudo_ de su colaboración con los paramiliatres. Pero el Estado, al menos, manifiesta su
intención de desmantelar esos grupos, y la demuestra con hechos como la detención de algunos de sus
miembros y la destitución de algunos oficiales del Ejército vinculados con ellos. En el tema del secuestro,
en cambio, las Farc (al margen de negarlo) han hecho saber en todos los tonos que piensan seguir
practicándolo. Y con razón: dejar de secuestrar les cortaría en seco sus recursos financieros. Equivaldría a
autodisolverse. Hay una sola salida a este problema (excluida, por supuesto, la de que el Estado
consiga eliminar el secuestro mediante el uso de la fuerza). Consiste en financiar a las Farc con
dineros del Estado a cambio de que renuncien al secuestro. Suena absurdo, claro está. ¿Cómo va a
financiar el Estado a sus enemigos que quieren destruirlo? Y choca de frente con el juridismo de los
colombianos: no se puede permitir oficialmente el delito de extorsión como método para evitar el delito
de secuestro. Pero no permitirlo es, en la práctica, alentar a que se cometan ambos: la extorsión
agravada por el secuestro (con la consecuencia de aumentar tremendamente los padecimientos de las
víctimas que la juridicidad ha sido incapaz de defender). Y no es más absurdo, ni tampoco jurídicamente
más escandaloso, que negociar la subversión, la cual también es un delito. Y sin embargo es precisamente
eso lo que está haciendo el Estado, porque reconoce (por fin) que fue incapaz de evitarla, y sigue siendo
incapaz de derrotarla y de castigarla. Sería un paso en el buen camino: el camino de reconocer la realidad,
a la que tan reacios hemos sido los colombianos.

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