A reescribir la historia, opinión de Rafael Guarín

El gobierno, en principio, se negó. Al final, terminó pactando la Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas. Las FARC nuevamente ganaron el pulso.

Este punto es tal vez el asunto más importante de todos los discutidos en la mesa. Uno de los ámbitos de toda organización que emplea la violencia en el marco de una guerra irregular es el de la narrativa y es en éste donde se ubica la mencionada comisión. Que la historia quede escrita a su conveniencia es para las FARC mucho más importante que si se cumple pena de cárcel o si la cúpula terrorista puede o no participar en política.

¿Por qué?

¡Muy sencillo! De cómo se describa el pasado depende cómo se interpreta el presente y cómo se proyecta el futuro. Por ejemplo, esto tiene que ver con varias preguntas: ¿Por qué se originó la violencia? Si la respuesta es por la codicia de una clase terrateniente explotadora, apoyada en una fuerza pública cuya política fue la sistemática violación de los derechos humanos, luego, lo que se debe pactar para “terminar el conflicto” tiene que ser acabar con los terratenientes y reformar, depurar y cambiar la doctrina de las Fuerzas Militares y de Policía. ¡Cuidado!

No es lo mismo que se reconozca que la violencia expresa una decisión del Partido Comunista Colombiano de combinar todas las formas de lucha para hacer la revolución, que decir que los señores de Marquetalia eran 40 humildes campesinos agredidos sin misericordia y con armas químicas, por 16.000 miembros del Ejército Nacional, según la mitología fundacional fariana, absolutamente falsa.

Con esa comisión, pactada entre el gobierno y las FARC, lo que está en juego ya no son únicamente temas de justicia, políticas públicas, asuntos territoriales o de participación política. Lo que se negocia es la historia, esto es, el relato sobre la razón de la violencia, de la existencia de la guerrilla, el paramilitarismo y las múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH perpetradas por agentes estatales. Mejor dicho, se trata de acomodar la historia al proceso de paz, no de acomodar el proceso de paz a la historia.

Para todo grupo armado es indispensable legitimar su existencia y el ejercicio de la violencia. Aun más si se trata de crear las condiciones para dejar las armas y saltar a la política democrática. No es lo mismo un Mándela terrorista a un Mándela símbolo de la lucha contra la discriminación racial. Aquí es igual. No es lo mismo una organización de victimarios a una que la historia la exalte como la expresión de reclamos legítimos de campesinos que fueron reprimidos por un Estado violento y opresor.

Santos y Timochenko ya tienen una lectura compartida sobre todos estos temas. La elaboración de la agenda, el refuerzo que su gobierno ha dado a la tesis de que la tierra es la razón de la existencia de las FARC y de la violencia, negando que se trata de una estrategia de un partido político para tomarse el poder, al igual que la presencia de víctimas de las AUC en La Habana que avala implícitamente la idea de que el conflicto es entre dos partes: las FARC y el Estado compuesto por agentes estatales y paramilitares, demuestra que esa lectura existe.

Seamos sinceros. Entiendo que un Acuerdo debe tener en el punto de partida una visión mínima compartida de lo que ha ocurrido en Colombia, pero eso es una cosa, otra, muy diferente, es que ahora pretendan reescribir la historia en nombre de la paz, para socializar la responsabilidad de tanta atrocidad y compartirla con toda la sociedad, con el fin de evadir la propia. Los victimarios también tienen su historia personal y como organización, lo que no puede ser que el derecho a conocer que tenemos los ciudadanos pretenda ser condicionado por una visión negociada de verdad.

Santos señaló que la Comisión Histórica y la Comisión de la Verdad son diferentes. ¡Obvio! No son lo mismo. Lo que no dice es que según el comunicado de la Mesa de Conversaciones del pasado 5 de agosto, gobierno y FARC acordaron que el informe que produzca la Comisión Histórica busca contribuir a “esclarecer la verdad”. Y que será insumo para la Comisión de la Verdad. ¿Por qué será que Santos nunca se cansa de mentir?

Y el grupo armado afirma que el informe “constituye un marco de referencia ineludible” de la Comisión de la Verdad y que “sus alcances deben ser vinculantes”. ¿Más claro?

¿Si fueran simples insumos de trabajo para la Mesa en Cuba, por qué uno de los puntos más importantes pactados es que el informe debe ser “publicado y difundido ampliamente”? Es decir, objeto de una campaña de divulgación de la nueva narrativa. Ya se imaginarán los lectores que la “Cátedra de la Paz” que aprobó el Congreso tendrá en su currículo la “historia del conflicto” y en las lecturas obligatorias la que a manera de verdad negociada nos quieren imponer en La Habana.

Afortunadamente, entre los nombres que aparecen en la Comisión, que no fueron impuestos por las FARC, hay algunos que permiten pensar que la narrativa comunista no pasará sin salvamentos. Pero eso solo ratifica el carácter de negociación que se le está dando a la “verdad”.

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RAFAEL GUARÍN

A reescribir la historia

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