Inadecuada reforma aduanera

De conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, modificar los aranceles, las tarifas y las demás disposiciones concernientes al comercio exterior y al régimen de aduanas.

Asimismo, y de acuerdo a lo previsto en la innecesaria y mal llamada Ley Marco del Comercio Exterior, es función del Ejecutivo crear, modificar o suprimir las normas que rigen el régimen de aduanas, siempre y cuando no exceda los términos establecidos en la mencionada ley, entrando a regular aspectos o materias que correspondan privativamente al Congreso, ni éste hacer desarrollos normativos que son propios del Ejecutivo.

Lo anterior explica, que como excepción, es al Ejecutivo y no el Congreso a quien le corresponde crear, modificar y derogar las normas aduaneras y las contribuciones fiscales que de ellas dimanan.

El actual gobierno, célebre por sus fallidas reformas, desde hace más de un año está empeñado en expedir un nuevo estatuto aduanero, cuyo borrador ha publicado, no siendo claro, si para escuchar comentarios y sugerencias, o simplemente para luego decir que lo hizo, y al final, imponerlo a su amaño. De hecho el gobierno, en su invencible sordera, sigue sin escuchar las críticas razonadas que desde hace varios meses venimos formulado al proyecto.    

En esencia, el proyecto antes que contribuir a la industrialización del país, estimular el comercio exterior y promocionar los negocios internacionales, los obstruye, dificulta y encarece.

Desconoce la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y el principio de igualdad; y, como en su momento lo advertimos, podría llegar a convertirse en otra reforma contributiva, esta vez mimetizada bajo el ropaje aduanero, convirtiéndose en la tercera reforma de este tipo lo que va corrido del actual gobierno.

En el proyecto se eliminan casi que de tajo y sin consideración alguna, los regímenes de fomento al comercio exterior, concedidos a ALTEX (Usuarios Altamente Exportadores) y UAP (Usuarios Aduaneros Permanentes), sin evaluar los daños y perjuicios que de hecho se causarían, ni los efectos adversos que tal abolición llegaría a ocasionar, entre otros, la reducción del volumen de exportación de la canasta de productos no tradicionales.

Desde la perspectiva de la forma, el proyecto es un esperpento plagado de errores, yerros e inconsistencias; carente de técnica jurídica, no por su enrevesada redacción, sino por su falta de coherencia semántica y progresividad conceptual, condiciones básicas que debe tener toda codificación legal para facilitar la comprensión y para ayudar a construir una nemotecnia que sea noble con el administrado, el lector o el intérprete. Para no dejar espacio a la duda, basta leer el artículo 3 del proyecto referido a las definiciones, para advertir la ausencia total de técnica jurídica.

Si bien Colombia debe acoger el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), denominado, Convenio de Kyoto de 1999, así como las normas andinas referidas a la materia, esta adopción, no necesariamente requiere la expedición de un nuevo estatuto aduanero.

Ahora bien, si de todas formas el Gobierno desea actualizar, modernizar, simplificar y minimizar el régimen vigente, lo debería hacer, haciendo que su compendio, antes que obstruir y entorpecer las operaciones de comercio exterior, las facilite y las haga más eficientes y seguras. Pero a juzgar por el contenido del proyecto, pareciera que lo que busca el gobierno es lo primero.

El gobierno debería desistir del obstinado empeño de imponer una reforma carente de estatura legal, que denota improvisación y que haría que la nación retrocediera en materia de comercio exterior.

Por el bien de la nación, el actual gobierno debería distraerse en su reelección, en cambio de seguir atropellando la aprobación de reformas que solo le causarán daños y perjuicios al país.