Reforma a la justicia: entre necesidad y coyuntura

Efectivamente el país requiere una profunda reforma a la justicia que exige, como punto de partida, un diagnóstico serio acerca de los problemas estructurales que afectan el funcionamiento de la rama judicial. Solo a partir de la identificación de las falencias sería posible elaborar propuestas de solución. 

Sin embargo, el último anuncio de reforma a la justicia pareciera ser una respuesta coyuntural a los cuestionamientos de corrupción que aquejan a la justicia, especialmente por el caso del magistrado Villarraga, el cartel de los jueces de Paloquemao y el carrusel de las pensiones. Situaciones como la anterior nublan el debate de fondo permitiendo que se utilice para promover los intereses de altos funcionarios del poder ejecutivo que pretenden afectar el poder judicial. Una reforma a la justicia tiene que volver la mirada a los funcionarios judiciales de a pie, a las verdaderas necesidades y falencias que estos advierten en el ejercicio de su labor.  

Por la forma en la que se ha presentado el debate, como respuesta a un fenómeno coyuntural, se podría pensar que detrás de este se esconde algo más que el interés por solucionar los problemas estructurales de la administración de justicia en Colombia. En este escenario, es pertinente cuestionarse sobre la posibilidad de que se revivan por este medio, algunas propuestas claramente viciadas y que contravienen el objetivo mismo de la administración de justicia, tales como el establecimiento y ampliación de fueros, la extensión de los periodos de los magistrados, y la cooptación de las cortes, entre otros.   

Es importante resaltar que el momento que atraviesa el país hace indispensable contar con un aparato judicial fortalecido y autónomo, que sea un mecanismo que efectivamente resuelva los conflictos que se dan al interior de una sociedad y no se estimule la venganza o las vías de hecho ante la ausencia de justicia. Uno de los retos que se debe enfrentar es precisamente la implementación del marco jurídico para la paz, en el cual se ponen en juego los intereses políticos, económicos y sociales de los colombianos.  

En todo caso, una reforma a la justicia debe comprender como mínimo disposiciones orientadas a reforzar la independencia de los jueces, considerando especialmente medidas para fortalecer la carrera administrativa y eliminar la politización de algunas cortes como el Consejo Superior de la Judicatura. En ese mismo sentido, debería ser suprimida la comisión de acusaciones, no sólo porque usurpa funciones de la administración de justicia, sino también porque en su ejercicio ha demostrado su ineficacia. Finalmente, es de vital importancia que el país tenga una política criminal clara, en donde se priorice la persecución de los principales delitos y crímenes, los cuales se hallan en la impunidad, y no frente a los delitos de bagatela y sus responsables que son quienes, hoy por hoy, colman las cárceles del país. 

Sería cuestionable y poco responsable que se radicara una reforma a la justicia en este momento, entre otras razones, por el desgaste del gobierno actual luego de tres años de mandato, sumado al hecho de que estamos próximos a un periodo electoral y los intereses, tanto del ejecutivo como de los miembros del congreso, están orientados a la obtención de representatividad electoral. Adicionalmente, estamos a pocos días de terminar la primera parte de la legislatura vigente con lo que el legislativo cuenta con poco tiempo para realizar el análisis y el trámite de la reforma. 

Nota: Quienes con justificadas razones nos hemos opuesto al fuero penal militar esperamos que la reforma a la justicia no reviva esta iniciativa, por ser manifiestamente inconstitucional y atentatoria de las normas internacionales de los derechos humanos.