Reforma Política

Desde la expedición de la Constitución de 1991, el sistema político ha sido objeto de distintas reformas: suplencias (1993), asambleas departamentales (1996), períodos de alcaldes, gobernadores y representantes territoriales (2002), reforma política (2003), perdida de derechos políticos (2004), reelección presidencial (2004), circunscripción internacional (2005), circunscripciones especiales (2005), moción de censura autoridades territoriales (2007), otra reforma política (2009), conflictos de interés congresistas (2011), representación de colombianos en el exterior (2013), y equilibrio de poderes (2015).

Ahora se propone una reforma política en el marco del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC. Lo primero, señalar la inconveniencia de reformar aspectos políticos a menos de un año de las elecciones de Congreso y de Presidente de la República; en otros términos, las reglas de juego no se cambian durante el partido. Lo segundo, la impertinencia del procedimiento especial (fast track), pues si algunos aspectos se mantienen por los próximos 8 años y otros se posponen para el 2019 y 2022, indicarían que estos carecen de urgencia y podrían ser tramitados por el procedimiento ordinario.

Las inhabilidades y limitaciones a derechos políticos, impuestos por la Procuraduría y la Contraloría, no tendrían efecto hasta su confirmación judicial, con lo cual se cumplirían convenios internacionales de derechos humanos, pero se desconocerían las facultades de control y sanción de estos órganos; y por ejemplo, resultarían inaplicables las inhabilidades impuestas a Gustavo Petro, por sanciones fiscales. No se trata de ir como un péndulo entre competencias estrictas a laxas, como tampoco de habilitar a un actor político como Petro, de carambola, por la vía de una reforma política especial.

Para el reconocimiento de personerías jurídicas a movimientos se establecen porcentajes mínimos de afiliación (0,2%) y a partidos umbrales electorales (3%). Para los movimientos y partidos existentes se otorga un periodo de transición de 8 años, en el que mantienen todos sus derechos. Los grupos significativos de ciudadanos no podrán postular candidatos después del 31 de octubre de 2019. La disposiciones de democracia interna solo se aplicarán a partir de ese mismo año. Es curioso, mientras más se trata de fortalecer los partidos mediante requisitos formales, más se desdibujan sus fronteras ideológicas. Y a las FARC se las exonera de democracia interna para estas elecciones de 2018.

Son los políticos reformando la política, así como las FARC dejando su impronta en sus devaneos constitucionales con el sistema político. Los perdedores son la Constitución, el Estado y los ciudadanos. La primera, porque no limita el poder, sino que es utilizada por gobernantes y políticos para moldear la coyuntura. El Estado, porque debe asumir todas las cargas institucionales y financieras, que son muchas. Y los ciudadanos, porque deben aportar mediante impuestos los recursos para financiar los improvisados modelos.

Lo cierto es que desde el punto de vista ideológico hay dos posiciones extremas, en cuanto al rol del Estado en la Economía: Una, la socialista, donde el Estado planifica la economía, presta directamente los servicios públicos y maneja las principales actividades industriales y comerciales, sin mencionar las limitaciones a la propiedad privada. Otra, la neoliberal, en la cual los particulares, dentro del respeto a la propiedad privada y a los contratos, con iniciativa e inventiva, compiten en una economía de mercado y prestan los servicios públicos bajo la regulación y control de Estado. Por supuesto, caben las posiciones intermedias y mixtas. En ese espectro ideológico se deberían diferenciar los partidos y movimientos políticos; no mediante empresas electorales personales que logran umbrales o porcentajes, pero que carecen de ideología y se acomodan al vaivén de las prebendas gubernamentales y los cupos indicativos del presupuesto, sin mencionar los escándalos de corrupción.

En fin, otra reforma política coyuntural y formalista, que crea una frondosa institucionalidad, que atribuye al Estado principalmente la financiación de los partidos, que favorece la habilidad de los políticos, y que muy probablemente será revisada dentro de los próximos 6 o 7 años, como las anteriores.