Reforma tributaria con algunas inequidades

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, bajo la influencia de economistas como Keynes, tanto el gasto público como la política tributaria se concebía como un instrumento anticíclico. Si el viento histórico del momento requería de una mayor demanda agregada los impuestos debían ser menores y el gasto publico mayor. Después se ha sabido que menores impuestos no significan siempre menor recaudo.

El crecimiento económico y la generación de empleo es el objetivo último de toda política económica, siempre sobre la base de no comprometer la estabilidad de precios, es decir, sin abrirle las puertas a la inflación, ladrona que nos saca la plata del bolsillo sin darnos cuenta sobre todo a quienes tienen rentas de trabajo. Por eso la política de “moneda sana” es una defensa de los grupos de población más desfavorecidos por la fortuna y una condición del desarrollo sostenible de los pueblos.

La constitución establece que la tributación debe ser progresiva. No basta con que se tribute más por los que tienen más, sino que las tarifas deben ser superiores para ingresos superiores.

De otro lado, nuestra economía debe ser competitiva. Y claro, si incorpora tecnología de punta en tiempo real, es decir a medida que ésta sale al mercado, de un lado, e incrementa su productividad, por ésta y por otras razones, haremos que nuestros servicios y productos sean más competitivos en el exterior y en el interior. Esta preocupación por la competitividad era una de las obsesiones de la Ministra Cecilia Álvarez. ¿Su obstinación a este respecto tuvo algo que ver con su desvinculación del gabinete?

En este orden de ideas también ayuda para ser competitivos el bajarle los impuestos a las empresas. Es lo que hemos estado haciendo con las últimas reformas tributarias. Es el caso por ejemplo de los parafiscales, lo que fue un acierto desde el punto de vista de generación de empleo. Sin embargo, se les gravó con el CREE, lo que terminó en que lo que se ahorraban por un lado lo tributaban por el otro.

Ahora se aspira a tener una tasa nominal de tributación general para ellas del 32% comparable a otras de América Latina.

La reforma tributaria globalmente considerada consulta los intereses generales del país. El esfuerzo por controlar la evasión fiscal hasta el punto de tipificar como delito la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes puede ser una medida efectiva aunque “El tipo (penal) no se configura a menos que los activos omitidos o los pasivos inexistentes que causaron el perjuicio tributario, tengan un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 millones de pesos)”, y a que “ la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración correspondiente y realice el pago de los recursos”.

De otro lado, puede señalarse como positiva el esfuerzo por cumplir la regla fiscal. Dice al respecto la Exposición de Motivos: “En desarrollo del criterio constitucional de sostenibilidad fiscal introducido por el Acto Legislativo 3 de 2011 y plasmado en los artículos 334, 339 y 346 superiores, la Ley 1473 de 2011 estableció una Regla Fiscal que opera como estabilizador automático de la política fiscal y macroeconómica, permitiendo que se mantenga un nivel de gasto público coherente con los ingresos de largo plazo. Esto permite promover el ahorro durante las bonanzas y mantener el impulso fiscal en las desaceleraciones, promoviendo la estabilidad de la economía y un tránsito suave a través del ciclo económico”. No parece, sin embargo, haber sido éste el criterio que presidió la bonanza petrolera.

Se proponen medidas difíciles de entender:

1) Una persona que tiene un ingreso líquido anual entre $17.851.800 y $29.753.000 tributa con una tarifa impositiva marginal del 10%. Y una empresa de Zona Franca, tiene también sobre su renta líquida gravable anual una tarifa del 10%. Y la tarifa máxima para gravar los dividendos también es del 10%. No parece muy equitativo, señor Ministro.

2) Tampoco parece muy equitativo que una mínima progresividad en las empresas no exista. Tiene la misma tarifa del 34%, 33% o 32% una empresa con una renta líquida gravable de $10.000.000 al año que otra de 10 mil millones. Lo lógico sería que hubiera por lo menos dos o tres tarifas: Una para las empresas pequeñas con utilidades al año inferior, por ejemplo, a 1.000 UVT, y otra para las que tengan utilidades superiores a esa cantidad. El eventual fraude podría controlarse a través de que la DIAN verifique el objeto social de las empresas, lo que le queda fácil porque en el RUT aparece la actividad económica a que se dedican.

3) Los periódicos y las revistas viven una crisis extraordinaria, desconocida hasta ahora en la historia de la humanidad. Diarios como, por ejemplo, entre nosotros, El Tiempo y El Espectador arrojan pérdidas anualmente. Sin embargo, a pesar de esas pérdidas tendrían que pagar renta presuntiva con base en el patrimonio líquido a una tarifa del 3% hoy y probablemente del 4% mañana. No parece muy equitativo y hasta podría considerarse, en razón de la coyuntura actual, un golpe a la libertad de expresión, señor Ministro.

4) Acabar con el margen de utilidad de las empresas constructoras de vivienda de interés social y de interés prioritario, tampoco es una medida de equidad porque afecta negativamente los intereses de las capas menos favorecidas por la fortuna.

Hubo también una época en que los gobiernos gastaban según sus ingresos. Ahora sus ingresos dependen de sus gastos. Es que el gasto público, no de este gobierno sino de los últimos, se desboca. Y por malas razones: la guerra nos ha generado muchos impuestos entre ellos el que se cobra sobre el patrimonio o la riqueza, herencia de la administración Uribe Vélez, y que con esta reforma afortunadamente se elimina.

Decíamos que el gasto se ha disparado por malas causas: aquí juega un papel central el clientelismo, que alimenta por igual el gasto público que la corrupción. Los gastos de funcionamiento y de publicidad están sobredimensionados, no de ahora sino desde los tiempos del Frente Nacional en que la gobernabilidad, gracias al “Régimen” clientelista que nos gobierna, depende de distribuir por sectores la Administración pública entre “los barones electorales”. Más puestos, más contratos, más “cupos indicativos”, resurrección parcial de los auxilios parlamentarios que juegan en el despilfarro, en los resultados electorales y la corrupción el mismo papel de aquellos, que prohibidos por el a.355 de la C.P. han revivido en un típico fraude a la Constitución.

Necesitamos frenar el gasto público clientelista para destinar más recursos al gasto público social.

*Constituyente 1.991