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Opinión

  • | 2017/05/12 08:28

    Sobredosis de democracia

    Hay que ponerle un alto al frenesí de plebiscitos, referendos, consultas populares y revocatorias.

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En la Constitución de 1991 irrumpió en Colombia el concepto de la democracia participativa. Fue descrita por los constituyentes como un avance para el establecimiento de una verdadera democracia. Para ellos, la representativa no era suficiente. Que había que entregarle al pueblo mecanismos más directos para poder ejercer su soberanía, las cuales quedaron enumerados en el artículo 103, entre ellos el referendo, la consulta popular, el plebiscito, y la revocatoria del mandato.

Como toda teoría, suena maravillosa en el papel. ¿Qué puede ser más democrático que preguntarle al pueblo- el constituyente primario- su opinión sobre políticas de gobierno? Se consideraba que el resultado de esas votaciones tendría una legitimidad superior a decisiones adoptadas por el sistema tradicional de los tres poderes donde el gobierno presenta un proyecto, el Congreso lo revisa, debate y aprueba o rechaza y esta ley es eventualmente revisada por la Corte Constitucional.

El interrogante siempre ha sido determinar cuál tema es de tanta relevancia que amerita saltarse los procedimientos normales y acudir a la sabiduría del pueblo. El presidente Álvaro Uribe intentó reformar varios artículos de la Constitución en su referendo de 2003, argumentando que eran fundamentales para la transformación del país. Apenas uno de los puntos logró el umbral. Era tan confuso el articulado que tuvo poca acogida con el electorado. Y, evidentemente, no se requería.

La senadora Gilma Jiménez (q.e.p.d) promovió un referendo para imponerles prisión perpetua a los violadores, secuestradores y asesinos de niños. Si bien nunca se ha llevado a las urnas, para nadie es un secreto que una inmensa mayoría apoyaría ese castigo. Queda la duda, sin embargo, si es necesario adelantar todo un proceso participativo para llegar a un resultado predeterminado y donde ya hay consenso. Algo parecido ocurre con la consulta popular anti-corrupción que promueve la precandidata presidencial y senadora Claudia López, donde propone medidas populistas, como bajarles el sueldo a los congresistas. No afecta para nada a los corruptos, más si aplausos de la galería. No me sorprende que la iniciativa ya haya recogido miles y miles de firmas.

La popularidad de una posición no garantiza, sin embargo, que sea la correcta. Las decisiones de un Estado no pueden depender de los vaivenes de la opinión pública. La senadora Viviane Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio presentaron al Congreso una iniciativa popular, respaldada por las rúbricas de dos millones trescientos mil colombianos. Allí se propone limitar la adopción de menores a parejas heterosexuales. El miércoles pasado la comisión primera de la Cámara de Representantes hundió el proyecto. Los congresistas consideraron que era violatorio del derecho de las minorías. Morales, en cambio, alega que las firmas hay que respetarlas, que reflejan el sentir del pueblo.

Muchos de quienes apoyan el derecho de los colombianos de pronunciarse sobre las iniciativas anti-corrupción y contra los violadores de menores se oponen a que sus compatriotas tengan la misma oportunidad frente a la adopción. Temen que se cumplan las encuestas que indican que la propuesta sería aprobada abrumadoramente en las urnas.

Esa contradicción ilustra la debilidad estructural de mecanismos como los referendos y plebiscito: sólo sirven para ratificar temas donde hay consenso entre el país político y el nacional. Para asuntos polémicos, polarizan y no resuelven nada como se demostró con el plebiscito de la paz de 2 de octubre.

Las revocatorias son otro esperpento. Dicen que más de 600.000 personas han firmado una petición, exigiendo se convoque a los bogotanos a determinar si queremos que Enrique Peñalosa siga de alcalde. Alegan que se debe respetar ese sentir de los ciudadanos. ¿Y dónde queda el derecho de los votantes que en octubre de 2015 eligieron a Peñalosa para que gobernar a Bogotá por cuatro años? Cuando las personas escogen a un gobernante, esperan que dedique todo su tiempo a mejorar sus condiciones de vida. Una campaña de revocatoria cercena esa voluntad popular.

Tal vez la frase más citada de Winston Churchill es la cual donde afirma que “se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las otras formas”. Churchill era un gran defensor de la democracia representativa, mas no tanto de la participativa. Él entendía que el mundo no es de blanco y negro. Y que hay asuntos demasiados importantes que no se pueden dejar a los ires y venires de la opinión pública. Quizás sea el momento que los colombianos apliquemos esas sabias palabras.

En Twitter Fonzi65

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